El comisionado residente Pedro Pierluisi criticó enérgicamente al gobernador Alejandro García Padilla, al asegurar que son sus consultores quienes dirigen el país.
“Nos damos cuenta que hay unos consultores detrás del Plan (de Ajuste Fiscal). Esos consultores contratados por el gobierno han costado cientos de millones de dólares y tienen una estrategia de causar una crisis parecida a la de Argentina”, afirmó el aspirante a candidato a la gobernación por la Palma.
“Quienes se benefician de la crisis como este plan son los consultores; quienes están mandando el país son los consultores”, agregó al sentenciar que los comentarios de la prensa internacional son que la Isla no necesita de una Junta de Control Fiscal, como la que se va a conformar, sino de un gobernante.
Pierluisi contrastó el uso de consultores externos como los que se utilizaron para la elaboración e implementación de la Ley 7 durante el pasado cuatrienio, con los que se utilizaron para la elaboración del Plan de Ajuste Fiscal. Según el comisionado, éstos nunca hablaron en nombre del gobierno. “Quien tiene que hablar por el Gobierno es el gobernador, o en un asunto técnico el secretario del Banco Gubernamental de Fomento o Hacienda”, recalacó, flanqueado de legisladores novoprogresistas.
Además opinó que el documento de 78 páginas que contienen el plan, debía haber sido hecho tanto en inglés como en español.
De otro lado, Pierluisi criticó que se reclame la igualdad de condiciones, en momentos en que se proyecta un “estado en potencia de quiebra”, lo que a su juicio imposibilita y afecta la causa de quienes buscan la igualdad.
Asimismo, dijo que no vio un esfuerzo genuino a la hora de hacer recortes, pues “había grasa que cortar de sobra y no lo hicieron”.
Las declaraciones de Pierluisi se realizaron tras la celebración de la conferencia legislativa del Partido Nuevo Progresista (PNP), realizada en la sede de la colectividad en Hato Rey, donde anunció la presentación de legislación para aprobar medidas para restituir el Crédito por Trabajo y apoyar los esfuerzos para formar parte del programa Moving to Work. También se solicitará al Congreso que se enmienden los reglamentos para ayudar a familias en situación de necesidad y que son beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN).
El Crédito por Trabajo, que era de carácter reembolsable, fue diseñado de forma progresiva para otorgar un incentivo por trabajar. El mismo significaba el pago de la escuela, la luz, el agua, la casa y hasta dos semanas de trabajo para personas que devengaban el salario mínimo. Bajo el Código de Rentas Internas de 1994, el crédito por trabajo era de un 3% del ingreso ganado hasta un máximo de $300. Bajo la Ley 1-2011, se aumentaba la cantidad máxima del crédito por $50 (.5%) cada año hasta alcanzar un 6% del ingreso ganado en el Año Contributivo 2016 y un crédito máximo de $600 que beneficiaría a 547,000 contribuyentes.
“En el Plan para el Crecimiento Fiscal y Económico de Puerto Rico, preparado por el Grupo de Trabajo para la Recuperación Fiscal y Económica de Puerto Rico, creado en virtud de la Orden Ejecutiva 2015-022, se reconocen las bondades del Crédito por Trabajo. Este crédito es un mecanismo que estimula el empleo y la participación en la fuerza trabajadora, el cual tendría un impacto mínimo en las arcas del Estado tomando en cuenta su costo efectividad en nuestra economía”, expresó Pierluisi durante la rueda de prensa.
La segunda medida presentada es para expresar al Congreso de los Estados Unidos y al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, en inglés), el apoyo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a todo esfuerzo y gestión para que la Administración de Vivienda Pública de Puerto Rico sea incluida como una de las agencias participantes para formar parte del programa Moving to Work, programa organizado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos para ofrecer a las distintas agencias y autoridades de vivienda pública la oportunidad de diseñar y poner a prueba de estrategias innovadoras, diseñadas localmente para el uso más eficiente de los fondos federales. De igual manera, el programa persigue ayudar a los residentes a encontrar empleo, ser autosuficientes y aumentar opciones de vivienda para familias de bajos ingresos.
Una tercera medida ordena al Departamento de la Familia y sus dependencias adscritas a diseñar un plan de trabajo a los fines de establecer un proceso de transición gradual para los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional y de otros programas de beneficios a familia.
“Los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional así como otros programas de asistencia a familias de bajos recursos, muchas veces se enfrentan al reto de que tan pronto la persona se incorpora al mundo del trabajo, aun con un ingreso modesto, los beneficios se reducen tan abruptamente que acaba siendo una pérdida neta para la familia y por tanto, un desincentivo para el trabajo”, explica la medida.
De otro lado, las propuestas catalogadas como inaceptables por la delegación, fueron eximir a los jóvenes de 25 años o menos del salario mínimo federal; establecer el pago de un bono de Navidad discrecional a empleados menores de 25 años; revivir las 936; reducir aportaciones a municipios; la reforma al Sistema de Retiro de Maestros; la transición al Impuesto de Valor Agregado; la implementación de la videolotería; la extensión a la Ley 66 y centralizar el proceso de compras del gobierno.
Además, consideraron como inconstitucionales la felxibilidad de la jornada laboral en exceso de ocho horas diarias, la creación de una Junta Fiscal y el impago de las obligaciones generales.
You must be logged in to post a comment Login