“Juro solemnemente que mantendré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución y las Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico contra todo enemigo interior y exterior; que prestaré fidelidad y adhesión a las mismas; y que asumo esta obligación libremente y sin reserva mental, ni propósito de evadirla” (Art. 186, Capítulo II, Código Político 1902). Así reza el juramento que tomó Alejandro García Padilla para ocupar el cargo de gobernador. Sus consecuencias: “La violación de este juramento será causa suficiente para la destitución del funcionario”. (Ibid).
En Puerto Rico hay que dar un paso al frente para llamar las cosas por su nombre. Lejos de aplaudir el anuncio de una posible violación constitucional por parte de nuestro Ejecutivo, debemos repudiarlo. Actualmente se camina la cuerda floja para aparentar no violentar, ni la Constitución del ELA (1952), ni el Código Político (1902), ni el Security Exchange Act (1934). Con la cuchilla afilada del miedo, y el terrorismo financiero de un posible impago de obligaciones generales, el anuncio descarado de parte del gobernador Alejandro García Padilla pretende convertir lo que a todas luces es un acto de coerción, en uno de aparente voluntad. Lograr llevar a bonistas a la mesa de negociación “voluntariamente” para reestructurar la deuda, es una ilusión óptica con pretensiones de convertirla en su posible llave de salvación. Sin embargo, no tenemos que esperar que se materialice el incumplimiento con la Constitución, para advertirle que también camina la cuerda floja hacia su posible residenciamiento.
Nos corresponde al Pueblo darle vida a los salvaguardas democráticos. Con raras excepciones, el país duerme anestesiado por el estupor de las necedades de políticos que han evidenciado su poco calibre y respeto intelectual. Que el gobernante anuncie ante las cámaras de televisión que va a violentar la disposición constitucional que establece el orden de “desembolsos cuando los recursos no basten” (Sec. 8, Art. VI, Constitución del ELA, 1952) es un atentado contra nuestra democracia. Cuando el gobierno electo deja sin efecto la Carta Magna, se allana el camino hacia una dictadura. En este caso, sin el debido proceso de ley, se cuaja la “apropiación” (“taking”) de un dinero que no fue donado, sino prestado bajo un acuerdo. Como piedra angular del contrato es la garantía constitucional que “cuando los recursos disponibles para un año económico no basten para cubrir las asignaciones aprobadas para ese año, se procederá en primer término, al pago de intereses y amortización de la deuda pública, y luego se harán los demás desembolsos de acuerdo con la norma de prioridades que se establezca por ley.” (Ibid).
La falta de transparencia en el uso de fondos públicos, de la mano de la falta de voluntad para el procesamiento criminal por incumplimiento con el deber administrativo de velar celosamente por el uso de los fondos, el uso mediático a su antojo con mensajes grabados, deja el campo abierto para las nanas de cuna que pretenden adormecer la conciencia crítica colectiva. Quienes estuvieron dispuestos a contribuir con su capital al desarrollo de Puerto Rico, a cambio, que su inversión crearía un cojín para su seguridad económica en su vejez; sin tener que convertirse en una carga para el Estado, lo hicieron bajo el convencimiento que se honraría al pie de la letra la Constitución del ELA.
Los villanos no son los bonistas, sino los administradores de gobierno que despilfarraron el dinero que se les prestó, sin rendir cuentas. Al día de hoy, no se ha provisto la evidencia auditada de la deuda pública, ni presupuestos certificados, cerrando los salideros para la corrupción, el despilfarro y la apropiación ilegal de fondos públicos. El propio “Puerto Rico Fiscal and Economic Growth Plan” (9 de septiembre 2015) contiene un relevo de responsabilidad sobre los datos e información provista por el gobierno (Disclaimer, p.1); tal como lo hizo el Informe Krueger (“Puerto Rico- A Way Forward”, 15 junio 2015) sobre el cual se fundamenta. Con una zapata defectuosa de esta magnitud, en que no existe precisión, ni certeza de los datos presupuestarios, ni de la deuda actual, ¿se manipula el mercado de valores? A sabiendas que el mero anuncio de un posible impago, degradará los bonos en vías de reestructurar la deuda, evitando que se materialice el impago y por ende, no se viole la Constitución, ¿es un acto inmoral e ilegal? Convertir a bonistas en donantes forzosos, habiéndose el gobierno apropiado de su dinero, sin el debido proceso de ley, ¿a caso no es un acto ilegal? ¡Despierta Puerto Rico!
You must be logged in to post a comment Login