¿Por qué el gobernador no quiere pagar las obligaciones del Gobierno? ¿Cuál es su empeño en hacernos ver cómo irresponsables ante la opinión mundial? ¿Se lo dicen sus asesores? ¿Responden sus acciones a una estrategia ideológica? O, ¿a su incapacidad para gobernar? Alejandro García Padilla tercamente ha decidido no pagarles a los bonistas, incluyendo a los fondos de cobertura; los que sus amigos le llaman fondos buitres, que son los bonistas que el actual gobierno invitó a invertir en Puerto Rico porque nadie más en el mercado de bonos le quiere prestar.
García Padilla ha sido derrotado también por sus propios pares. Los soberanistas le derrotaron el proyecto de reforma contributiva y llevaron al gobernador a una posición política de indefensión completa; cometiendo desaciertos y creando un estado de confusión en el ambiente financiero y el pueblo mismo. Esto degenera en un estado de inseguridad jurídica que los soberanistas ven como una victoria ideológica porque su fin es crear un caos político para que los Estados Unidos salgan de nosotros. O sea, sacarnos los ojos con tal de arañar al contrario.
La Constitución de Puerto Rico, la que Alejandro García Padilla juró defender, establece en su Artículo VI, Sección 8: “Cuando los recursos disponibles para un año económico no basten para cubrir las asignaciones aprobadas para ese año, se procederá en primer término, al pago de intereses y amortización de la deuda pública, y luego se harán los demás desembolsos de acuerdo con la norma de prioridades que se establezca por ley”. Los padres fundacionales de la Constitución sabían lo que hacían, por eso el lenguaje de esta cláusula.
A través de los años los gobiernos han obligado a muchas entidades puertorriqueñas, incluyendo a las cooperativas, a comprar bonos de Puerto Rico para poder cualificar para exención contributiva. Sin embargo, el gobierno de Alejandro García Padilla ha creado un clima antagónico con todos los sectores económicos. Invertir ahora en Puerto Rico es una odisea. Somos de los lugares más onerosos en el planeta para poder desarrollar un negocio o para invertir dinero. El inversor, sea extranjero o puertorriqueño y gracias a la actual política pública, se ha convertido en un enemigo, no en un socio.
El gobierno no puede distribuir lo que no tiene ni produce, pero quiere distribuir el dinero de los bonistas, incluyendo los bonistas puertorriqueños, sin pagar las deudas en las que incurrió. La política pública del actual gobierno es responsable de la devaluación de las propiedades inmuebles en Puerto Rico. La gente no puede comprar porque no tiene dinero, y los que pueden, esperan que el valor de la propiedad siga bajando y en esa espera la propiedad no se vende.
En Puerto Rico los grandes proyectos lo han hecho los inversionistas, puertorriqueños o extranjeros, con capital privado; AEE, AAA, carreteras, infraestructura, educación y salud, entre muchos. El gobierno solo sirve de facilitador. En las décadas del cincuenta y sesenta el capital se veía como aliado del gobierno en la creación de empleos y de desarrollo económico (Véase James Dietz, Historia Económica de Puerto Rico). Hoy se ve como un sector al que hay que atacar. De un partido que se distinguió por el desarrollo y el progreso hoy el Partido Popular es una rémora histórica. Lo que Muñoz nunca pensó y Rodón no pudo pintar, García Padilla lo plasmó en solo dos años.
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