Decepción papal – Y Otros Escritos de CARLOS A. COLÓN DE ARMAS

10/14/2015 | Filed under: Campaña | Posted by: Francisco

13OCT2015

Decepción papal

Cuentan que un día se encontraron dos cubanos, José y Jorge, y comenzaron a conversar. En ese diálogo, José, un exiliado radicado en Miami, le comenta a Jorge: “Óyeme, Estados Unidos es el país más grande del mundo y con las mayores libertades”. “Figúrate”, continúa José, “que yo puedo viajar a Washington, pararme frente a la Casa Blanca y allí, frente a todo el mundo, puedo gritar pestes de Barack Obama, y a mí no me pasaría nada”. De inmediato, Jorge, un cubano defensor de la revolución cubana, le riposta: “Oye viejo, eso no es nada”. “En Cuba”, le dice Jorge, “yo puedo ir a La Habana, pararme en medio de la Plaza de la Revolución y allí, frente a todo el mundo, puedo gritar pestes de Barack Obama, y a mí tampoco me pasaría nada”.

Este relato me vino a la mente al reflexionar sobre los recientes viajes del Papa Francisco a Cuba y a los Estados Unidos.

En Cuba, en sus apariciones públicas, el Papa no hizo expresiones que incomodaran a sus anfitriones. Se reunió con Fidel Castro, pero no con ningún disidente. No hizo declaraciones cuando arrestaron a disidentes para impedirles que asistieran a la misa en la Plaza de la Revolución y a otros eventos a los que fueron invitados por el propio Vaticano. No pronunció críticas públicas sobre derechos humanos. En esencia, se limitó a buscar, de forma muy diplomática, más espacio para que la iglesia pueda realizar actividades de evangelización, operar escuelas y realizar otras obras sociales.

En Estados Unidos, por el contrario, el Papa Francisco no tuvo reparos en entrar en controversias, algunas de índole política, y tomar posturas públicamente. Esto lo hizo, incluso, en su alocución en la Casa Blanca, frente al Presidente, y en su discurso ante el Congreso. Por ejemplo, el Papa defendió públicamente las iniciativas dirigidas a detener el cambio climático aun cuando esto es un asunto políticamente contencioso entre republicanos y demócratas. Apoyó a los inmigrantes, entrando así en otra controversia política. Criticó la forma en que la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre el matrimonio de un mismo sexo puede estar infringiendo la libertad de culto y se reunió con la funcionaria que fue encarcelada por retar la misma. Visitó a una orden de religiosas en respaldo a su lucha en contra de incluir el aborto como parte de la cubierta del plan de salud conocido como Obamacare. Expresó palabras fuertes en contra del capitalismo. Incluso ante los obispos católicos, públicamente les criticó por su tono áspero y por darles más énfasis a las reglas y no a la caridad y el amor.

Yo puedo entender la diplomacia. Además, estoy consciente de que a veces hay más de una forma de adelantar ciertos objetivos. Incluso tengo muy presente los pasajes bíblicos que sugieren “darle al césar lo que es del césar” y que establecen que “el Reino de Dios no es de este mundo”. No obstante, defender principios morales y derechos humanos fundamentales no vale de nada si en los momentos más importantes, cuando más cuenta, uno guarda silencio.

Igual que en Estados Unidos no tuvo reparos para utilizar su estatura moral a favor de ciertas posturas, aunque fueran controversiales, en Cuba el Papa Francisco debió haber defendido enérgicamente, con palabras y acciones, los derechos humanos. El hecho de que no lo hizo estuvo mal.

El Jorge del cuento provoca risa. El otro Jorge, el que se cambió el nombre a Francisco al convertirse en Papa, cuando visitó a Cuba, al igual que sus dos predecesores, dio ganas de llorar. ¡Qué decepción!

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Nota: Este escrito fue publicado en el periódico El Nuevo Día, 13 de octubre de 2015, página 47.

16SEP2015

“Yo no sé si soy yo o el mundo que está al revés”

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Mientras más leo y escucho lo que se comenta en Puerto Rico sobre nuestros problemas más me convenzo de que se está discutiendo lo irrelevante y proponiendo soluciones erróneas. Desde luego, quizás el equivocado soy yo. Lo cierto es que todo esto me recuerda el estribillo de una canción que popularizaron Gilberto Santa Rosa y Rubén Blades: “Yo no sé si soy yo o el mundo que está al revés”. Juzgue usted.

Crisis fiscal. De acuerdo a los estados financieros auditados del Gobierno de Puerto Rico, los excesos de gastos en el Fondo General comenzaron a partir del año fiscal 2001. Ese año fue uno recesionario y los ingresos se redujeron por -1% (-$79 millones) en comparación con el año anterior. No obstante, ese mismo año, los gastos excedieron los ingresos por $464 millones. Los años subsiguientes, mientras los ingresos aumentaban, el desbalance entre ingresos y gastos crecía desmedidamente. En el año 2002, los ingresos aumentaron por +7% (+$492 millones), pero el desbalance entre ingresos y gastos fue de -$1,674 millones. En el año 2003, los ingresos subieron por +2% (+$151 millones), pero el desbalance fue de -$438 millones. En el año 2004, los ingresos incrementaron por +7% (+$515 millones), pero el desbalance fue de -$803 millones. En el año 2005, los ingresos aumentaron por +11% (+$916 millones), pero el desbalance fue de -$681 millones. Luego vino la recesión y los ingresos descendieron, pero los gastos continuaron ascendiendo pues el daño en la estructura de gastos ya estaba hecho. En síntesis, los gastos comenzaron a aumentar desmedidamente mientras los ingresos estaban creciendo a un ritmo saludable. Esto sugiere que el problema fiscal del Gobierno fue causado por incrementar gastos y no por una economía que se debilitó. Entonces, ¿qué nos hace pensar que arreglando la economía y aumentando recaudos se resuelve el problema? “Yo no sé si soy yo …”

Salario mínimo federal. La economía de Puerto Rico comenzó a debilitarse a mediados de los años setenta. El salario mínimo federal comenzó a regir en Puerto Rico casi una década después, en el año 1983. Esto sugiere que el salario mínimo federal no fue lo que debilitó la economía. Por otro lado, el desbalance entre los ingresos y los gastos del gobierno comenzó en el año fiscal 2001, 18 años después de implantado el salario mínimo federal. Esto implica que una cosa no tuvo que ver con la otra. Entonces, ¿cómo es que alterando el salario mínimo federal podemos arreglar la economía y la crisis fiscal? “Yo no sé si soy yo …”

Servicios al pueblo. El Gobernador argumenta que pagar la deuda afectaría la capacidad del gobierno de brindarle servicios a la ciudadanía. De acuerdo al Banco Gubernamental de Fomento (BGF), sin embargo, del total de la deuda pública de $72,204 millones, solamente $23,804 millones (33%) son pagaderos del Fondo General que es la fuente de recursos para cubrir esos servicios. Esto significa que el pago de la deuda no debe afectar significativamente los servicios que brinda el gobierno. Entonces, ¿por qué no pagar la deuda? “Yo no sé si soy yo …”

Préstamos del BGF. Los contratos de bonos contienen cláusulas que evitan emitir bonos adicionales si esto causara problemas financieros. Cuando esas cláusulas impidieron que agencias del gobierno emitieran bonos adicionales, el BGF le concedió préstamos a esas mismas entidades sabiendo que no tenían fuente de repago. Entonces, ¿por qué le pedimos a los bonistas que sufran pérdidas para resolver un problema que no causaron ellos sino que causó la entidad del gobierno responsable de asegurarse de que esto nunca sucediera? “Yo no sé si soy yo …”

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Nota: Este escrito fue publicado en el periódico El Nuevo Día,

16 de septiembre de 2015, página 55.

16JUL2015

¿Quién entregó la Sección 936?

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La Sección 936 del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos fue derogada mediante la ley federal núm. 104-188 de 20 de agosto de 1996 (Small Business Job Protection Act of 1996), con efectividad en el año 2005.

Muchas personas piensan que esa derogación fue responsabilidad del Partido Nuevo Progresista y del Dr. Pedro Rosselló, gobernador de Puerto Rico en aquel momento. En el libro Contra viento y marea hacia el futuro: Historia de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, 1928-2013, de los historiadores Guillermo A. Baralt y José L. Bolívar Fresneda, publicado en el año 2014 por la propia Asociación de Industriales, se demuestra que esa percepción generalizada no es correcta.

Según relatan los historiadores (pp. 222-244), el doctor Rosselló siempre estuvo comprometido con defender la Sección 936, por lo menos hasta que no hubiese otra alternativa igual o mejor para promover el desarrollo económico de Puerto Rico. Esa defensa estuvo a cargo del entonces Secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Luis Fortuño y el Administrador de Fomento Industrial, Jaime Morgan Stubbe. No obstante, unos meses antes de tomar posesión la nueva administración, ya el senador David Pryor (D-Arkansas) había presentado un proyecto para eliminar esa Sección. Además, la administración del presidente Bill Clinton la incluyó como una de las medidas a eliminar para cuadrar el presupuesto federal. El final de la Sección 936 pareció sellarse en las elecciones congresionales de 1994, que le dieron al partido republicano el control de ambas cámaras del Congreso.

Mientras todo eso ocurría, y se iban generando diferentes piezas legislativas sobre la Sección 936, comenzaron a aflorar rumores de que las empresas que más se beneficiaban de esa Sección estaban negociando por su cuenta en el Congreso, al margen de los esfuerzos del gobierno. En medio de ese ambiente, Fortuño y Morgan Stubbe citaron una reunión con representantes de las empresas farmacéuticas para planificar “una última estrategia”. En esa reunión, uno de esos representantes anunció “súbitamente” que esas empresas habían llegado a un acuerdo con el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes federal para derogar la Sección 936 a cambio de otros beneficios que nada tenían que ver con sus operaciones en Puerto Rico, y con la condición de que esa derogación se extendiera por diez años. Según relatan los documentos históricos, eso “ocurrió a espaldas de la Asociación de Industriales, del gobierno de Puerto Rico, de la mayoría de las compañías radicadas en la isla y de nuestros trabajadores”.

De acuerdo con los historiadores, hubo diferencias con relación a varias estrategias que se utilizaron para defender la Sección 936 y desacuerdos sobre el curso de acción a seguir cuando algunos interpretaron que su suerte estaba echada. También es cierto que el entonces Comisionado Residente, Carlos Romero Barceló, favoreció su derogación. No obstante, el récord histórico demuestra que, en todo momento, las acciones de la administración Rosselló fueron para defenderla.

En resumen, la realidad histórica es que la Sección 936 fue derogada porque líderes de ambos partidos en Washington se convencieron de que los beneficios contributivos que recibían las empresas a través de esa Sección eran mucho más que los beneficios que recibía Puerto Rico, y porque un puñado de empresas farmacéuticas la entregaron. La percepción de que el PNP y la administración Rosselló entregaron la Sección 936 y, por consiguiente, son responsables de su derogación, aunque a muchos no les guste aceptarlo, no es cierta.

Aclarado el récord histórico, nada de lo anterior está relacionado con el debate sobre si la Sección 936 fue buena para Puerto Rico. En innumerables ocasiones hemos contestado esa disyuntiva en la negativa.

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Nota: Este escrito fue publicado en el periódico El Nuevo Día,

15 de julio de 2015, página 53.

13JUL2015

Puerto Rico’s Political Status is not An Issue of Self-Determination

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“As I would not be a slave, so I would not be a master. This expresses my idea of democracy. Whatever differs from this, to the extent of the difference, is no democracy.” – Abraham Lincoln

The United States of America is not only a democracy, it is a Constitutional democracy. That distinction means that, in our Country, fundamental aspects of citizen’s lives, unlike elective office, are not subject to majority vote. Accordingly, the problem of the political status of Puerto Rico should not be considered an issue of self-determination, as if it were any democratic process. Instead, it belongs in the realm of the more fundamental issues of civil rights that, in our Nation, are not subject to majority rule. Slavery is a metaphor that helps to illustrate that point.

To begin the abolition of slavery in the United States, on January 1st, 1863, Abraham Lincoln issued the Emancipation Proclamation. To undertake that action, Lincoln did not seek the slaves’ opinion. In 1865, when the 13th amendment was finally approved to effectively end slavery throughout the Nation, the slaves did not enjoy the right to vote. Therefore, they had no effective say in the decision.

Why didn’t Lincoln seek the slaves’ opinion before liberating them? Why was the 13^th amendment approved without giving the slaves a say in the process? In part, because a relationship in which one person controls another is so contrary to the most basic human rights that it is unacceptable even if it resulted out of consent. In other words, the termination of slavery was never an issue of self-determination. Slavery simply was terminated.

Colonialism, whereby one country controls the sovereignty of another territory, is the political equivalent of slavery. Yet, Puerto Rico is a colony of the United States. That colonial status was solidified as a result of some early twentieth century Supreme Court jurisprudence (“insular cases”) that invented the concept of “unincorporated territories” which, like the doctrine of “separate but equal” in the United States and “apartheid” in South Africa, emanated out of racism.

Contrary to the case of slavery, every president and congress person asked about the problem of the political status of Puerto Rico, with few exceptions, tends to answer that they are willing to support whatever Puerto Ricans decide, framing the issue as one of self-determination. That usually is meant to include the current status as a permissible option.

Holding a vote that includes the current colonial status as an option is practically the same as asking Puerto Ricans if we wished to remain a colony of the United States or if we preferred to change. Back in the time of Lincoln, this would have been the equivalent of offering the slaves the unthinkable choice between slavery or freedom, a choice never posed to the slaves.

To be true to the human rights traditions of our country, the solution to the problem of the political status of Puerto Rico must meet three conditions. First, it must emanate from the United States government. Waiting for Puerto Ricans to reach a consensus solution is not consistent with the historic responsibility of the United States in the matter. Second, it must be implemented immediately, since a violation of human rights cannot be sustained for a prolonged period of time. Third, although that solution should not be contingent on a vote by Puerto Ricans, it should not preclude it either. One way to solve the problem and meet these three conditions would be for Congress to approve legislation decreeing, in addition to the appropriate transition processes, the following:

Puerto Rico is hereby declared a free and independent country, and all ties between the government of Puerto Rico and the government of the United States of America are hereby severed, effective January 1, 2021, unless the people of Puerto Rico request admission as a State of the Union before such date, in which case Puerto Rico will be so admitted.”

That language provides a definitive solution for the problem of the political status of Puerto Rico, independence, without requiring further action and complying with the historic responsibility of the United States in the matter. Puerto Ricans can always talk to the United States government, like many independent countries, regarding the kind of mutual relationships or agreements they would like to entertain. At the same time, that language opens the door for Puerto Ricans to request admission as a state, making it clear that, if requested, that admission would be granted. This advanced admission, to take place only if requested, would recognize that Puerto Ricans, by their actions and contributions as United States citizens, have earned it.

Slavery demeans the slaves and their owners. As the slave owner in this case, the United States has the obligation to liberate Puerto Ricans. The United States cannot portray itself as a beacon of freedom and human rights as long as it keeps Puerto Rico as the “oldest colony in the world”. Once liberated, Puerto Ricans will be able to choose what form we want that freedom to take: independence or statehood.

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Nota: Este escrito fue publicado en el Congress Blog del periódico The Hill, 13 de julio de 2015.

15APR2015

COFINA y el IVA

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El Gobierno de Puerto Rico ha emitido más de $15,200 millones en bonos, respaldados por el Impuesto de Ventas y Usos (IVU), a través de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA).

En esas emisiones, el gobierno comprometió los primeros 3.5% del IVU para el pago de esos bonos. Si el ingreso producido por esa porción del IVU no fuera suficiente para cumplir con los bonistas de COFINA, el gobierno les ofreció ponerles a su disponibilidad, antes de utilizarlos para otros propósitos, los fondos recaudados por el resto del IVU. Además, el gobierno acordó no reducir el IVU durante el tiempo durante el cual los bonos de COFINA no se hayan pagado en su totalidad.

No obstante esos compromisos, en el contrato de los bonos se reconoció que el gobierno tiene el poder constitucional de imponer y cambiar impuestos. En caso de que fuese a ejercer ese poder y decidiera sustituir el IVU por un nuevo impuesto, el gobierno se obligó con los bonistas de COFINA a:

Confirmar, por escrito, que la sustitución del IVU por el nuevo impuesto no afectará las clasificaciones de los bonos de COFINA.
Obtener tres opiniones legales escritas, emitidas por (i) el Secretario de Justicia de Puerto Rico, (ii) un abogado de bonos, así reconocido a nivel nacional, y (iii) un abogado experto en las finanzas públicas de Puerto Rico, indicando que, si se llevara un caso ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, éste concluiría que el nuevo impuesto es legal, ha sido válidamente transferido a COFINA y no constituye “recursos disponibles” para el gobierno estatal en caso de éste necesitarlo para pagar sus deudas.

El 11 de febrero de 2015, el Gobierno de Puerto Rico propuso una reforma contributiva que incluiría, entre otras cosas, un impuesto sobre el valor añadido (IVA) de 16%, eliminaría el IVU, y reduciría la contribución sobre ingresos. Al día siguiente, el 12 de febrero de 2015, la agencia clasificadora Standard and Poor’s (S&P) degradó, entre otros, los bonos emitidos por COFINA. Como parte de las razones para esa degradación, S&P indicó que el IVA aumenta la incertidumbre con relación al ingreso que se vaya a generar mediante esa nueva fuente y con la habilidad del gobierno de mantener separados los fondos de COFINA de los ingresos del resto del gobierno. El 19 de febrero de 2015, la agencia clasificadora Moody’s Investors Service anunció una acción similar, esencialmente por las mismas razones.

Esas degradaciones, unido a la estructura de ingresos propuesta en la reforma contributiva, hace poco probable que se puedan cumplir las dos condiciones que le permitirían al gobierno reemplazar el IVU cumpliendo con los compromisos contraídos con los bonistas de COFINA. En primer lugar, va a ser bien difícil que el gobierno pueda certificar que el IVA no afectará la clasificación de los bonos de COFINA, si ya las afectó. En segundo lugar, si el IVA no solamente reemplazaría el IVU, sino también gran parte de las contribuciones sobre ingresos que nutren el Fondo General, es difícil visualizar que tres abogados firmen una opinión legal indicando que el IVA transferido a COFINA no constituye “recursos disponibles” del gobierno estatal.

Si el gobierno implantase la reforma contributiva sin cumplir con esas dos condiciones, se corre el riesgo de tener que pagar parte, o la totalidad, de los $15,200 millones en bonos de COFINA que están en circulación, lo cual representaría un duro golpe al erario. Por lo tanto, el gobierno no debe aprobar la reforma contributiva sin buscar la forma de evitar que eso ocurra.

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Nota: Este escrito fue publicado en el periódico El Nuevo Día, 15 de abril de 2015, página 59.

26MAR2015

El IVA no debe implantarse

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El Gobierno de Puerto Rico propuso una reforma contributiva que incluiría un impuesto sobre el valor añadido (IVA) de 16%, eliminaría el impuesto de ventas y uso (IVU), y reduciría la contribución sobre ingresos. Veamos algunas de las razones para concluir que esa reforma no debe implantarse.

No resuelve el problema. Busca aumentar recaudos cuando la causa de la crisis fiscal del Gobierno de Puerto Rico fue el exceso de gastos. Sería mejor concentrarse primero en reducir los gastos públicos y proponer una reforma contributiva cuando ese proceso esté completado.

La nómina y la deuda no son el problema. De acuerdo a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la nómina representa el 37% de los gastos del Fondo General y el 23% de los gastos del presupuesto consolidado del Gobierno de Puerto Rico. Por lo tanto, hay margen para reducir gastos en otros renglones. Por su parte, el servicio de la deuda representa el 13% de los desembolsos del Fondo General y el 16% del presupuesto consolidado. Ambas cifras están dentro de los márgenes manejables y demuestran que estamos muy lejos del impago, suponiendo que no se desperdician los recursos del gobierno en gastos innecesarios.

El IVA es más costoso y complicado. Un estudio realizado por la Government Accountability Office(GAO‑08‑566) señala que un IVA le genera mayores costos administrativos al gobierno y les complica los procesos de cumplimiento a las empresas. Esto es todo lo contrario a lo que el gobierno debería estar tratando de hacer para salir de la crisis fiscal y económica que se vive en Puerto Rico.

Trae inestabilidad en el peor momento. En tiempos de crisis, cuando los asuntos normales no están funcionando como es debido y existe mucha incertidumbre, no es momento para experimentar con un nuevo impuesto como el IVA. Esto añadiría inestabilidad a la economía cuando ésta se encuentra frágil.

La inflación sería el menor de los problemas. Casi toda la oposición al IVA ha girado en torno al efecto inflacionario que surgiría como consecuencia de que los negocios suban los precios para cubrir los costos adicionales que conlleva el IVA. Esto supone, sin embargo, que haya clientes con la capacidad económica para pagar esos precios más altos. Ante lo débil de nuestra economía, y la merma en nuestra población, es altamente probable que, de subirse los precios, no habría la misma demanda para los bienes y servicios. Esto forzaría a muchos negocios a tener que absorber esos costos adicionales. De ser así, habría muchos negocios que desaparecerían, lo cual sería una consecuencia mucho más adversa que la inflación.

Sería perjudicial a la economía. El propio estudio de KPMG estima que, de implantarse la reforma según propuesta, el Producto Interno Bruto (PIB) de Puerto Rico se reduciría por más de 0.50 puntos porcentuales. El Producto Nacional Bruto, que es una mejor medida del ingreso de los puertorriqueños, podría reducirse aún más.

Promueve la evasión y la economía subterránea. Los impuestos al consumo capturan mejor para el fisco las actividades de la economía subterránea mientras la tasa del impuesto se mantenga dentro de un nivel razonable. Una tasa muy alta aumentaría el potencial de ahorro de la evasión lo cual induciría ese comportamiento. Por lo tanto, un IVA con una tasa tan alta como la propuesta, en lugar de contribuir a una mejor captación, podría aumentar la evasión y producir un resultado opuesto al deseado.

La baja captación del IVU no provocó la crisis fiscal. No obstante que su alta tasa implica lo contrario, los defensores del IVA alegan que su estructura contribuye a una mejor fiscalización y que esto debe traducirse en una mayor captación de recaudos que el IVU. La baja captación del IVU, sin embargo, no causó la crisis fiscal del Gobierno de Puerto Rico. Después de todo, el Departamento de Hacienda realiza sus proyecciones de ingresos a base de la captación real de los impuestos y si el gobierno hubiera mantenido sus gastos dentro de los niveles estimados de ingresos nunca hubiese habido problema. Mejorar los recaudos mediante una mejor captación, mientras la estructura de gastos del estado permanece inalterada y los políticos continúan con su propensidad a gastar en exceso, no resolvería la crisis fiscal.

Reemplazar impuestos al ingreso por impuestos al consumo promueve la inversión y contribuye al crecimiento económico, siempre y cuando esto se haga de forma mesurada y reduciendo los impuestos al ingreso por una cantidad comparable. Esto no requeriría un nuevo impuesto pues existen alternativas más sencillas y con menos costos para la economía. Antes de hacer ese cambio, sin embargo, primero hay que reducir el gasto público y canalizar recursos hacia la inversión que es lo que necesita, desesperadamente, la economía de Puerto Rico.

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Nota: Una versión reducida de este escrito fue publicada en el periódico El Nuevo Día, 18 de marzo de 2015, página 66.