El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) y comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, rechazó este viernes la propuesta de crear una Junta de Control Fiscal local por la forma en que se constituiría la misma y condicionó la designación de un organismo similar de origen federal a que sea parte de un paquete de ayudas o garantías fiscales para la Isla.

La medida para crear la Junta fue presentada anoche por el gobernador Alejandro García Padilla a la Asamblea Legislativa y Pierluisi, que reconoció que todavía no la ha leído, opinó que la misma no ofrecerá la credibilidad que se busca.

“No he revisado el proyecto como tal todavía porque eso acaba de ser radicado, pero mi posición es que una Junta nombrada por el gobernador, cuyos cinco miembros son nombrados por el gobernador, no va a tener la credibilidad necesaria para hacer una diferencia”, dijo en un aparte con periodistas tras participar de la Convención de la Asociación de Profesionales Financieros.

“Aquí lo que hace falta es un gobierno efectivo. Lo que hace falta es un gobernador y un equipo económico con credibilidad ante los mercados financieros, porque ya ni los TRAN’s (notas en anticipación de ingresos contributivos) nos dan. Esa credibilidad, esa Junta no la va a proveer”, agregó.

Según Pierluisi lo que podría proveer credibilidad a la gestión del Gobierno frente a sus acreedores es lo que llamó “medidas acertadas”.Añadió que “en vez de estar hablando de un impago, en vez de estar hablando de reestructurar toda la deuda de Puerto Rico, que eso es tóxico en los mercados, deberían estar culminando, acabando de terminar la negociación en la Autoridad de Energía Eléctrica y de ahí pasar a (la Autoridad de) Acueductos y Alcantarillados y después, de ser necesario el Banco Gubernamental de Fomento”.

Insistió en que “tienen que sentarse en esa mesa con mucha credibilidad, mucha efectividad, mucha capacidad para renegociar lo que tenemos que renegociar a corto y mediano plazo”.

Condiciona Junta Federal

El comisionado sostuvo que la única forma en que aceptaría una Junta de Control designada por el gobierno federal sería a cambio de ayudas reales para atender la crisis fiscal y económica del país.

“El caso de una junta federal lo que yo siempre he dicho es ¿a cuenta de qué? Si me dan una nueva asistencia financiera, si por ejemplo me ofrecen unas garantías para las emisiones de bonos de Puerto Rico sujetas a unas condiciones y si alguien plantea que una de las condiciones debe ser el establecimiento de una junta de control financiero federal, pues yo lo podría considerar y tendría que ver el detalle”, expresó.

Basó su objeción a tal propuesta en que “Puerto Rico tiene una Constitución, Puerto Rico tiene un gobernador elegido por el pueblo, y tiene una legislatura elegida por el pueblo. Qué están diciendo, ¿que aquí nuestra democracia según la establece nuestra Constitución, no vale? Hay que respetar al pueblo de Puerto Rico, hay que respetar a los ciudadanos americanos de Puerto Rico”, agregó.

Insistió, sin embargo, en sus condiciones para aceptarla.

“Si a mí, como parte de una negociación me dicen que te voy a dar este paquete de ayudas o te voy a dar esta garantía, pero quiero que se establezca esta entidad, sujeto a que esta entidad le dé un visto bueno a tus finanzas y entonces tienes estas garantías y esta ayuda particular, ahí yo pudiera considerarlo. Pero si no es así, está rechazado de plano porque eso es una falta de respeto a nuestro pueblo y a nuestro sistema de gobierno”.

En su mensaje ante la Asociación de Profesionales de las Finanzas presentó sus propuestas y soluciones a la situación fiscal y económica de Puerto Rico.

Insistió en que “la raíz de la crisis de Puerto Rico es nuestro estatus político actual, el cual es indigno y antidemocrático”.

Afirmó que “si la crisis nos ha enseñado algo es que para conseguir resultados diferentes, tenemos que hacer las cosas diferentes.  He reiterado en innumerables ocasiones que el principal problema de Puerto Rico es la falta de crecimiento económico, por lo que el gobierno local debe—primero que todo—desarrollar e implantar una estrategia abarcadora para promover el crecimiento económico”.

Pierluisi afirmó, por otra parte, que es necesario “restaurar la credibilidad de Puerto Rico ante los mercados financieros y la comunidad inversora, al insistir en que Puerto Rico tiene que demostrar que es una sociedad de ley y orden, en la que se cumplen las obligaciones” con lo que rechazó la posición del presente gobierno de intentar renegociar toda su deuda.

El comisionado residente favoreció que solo se trabaje en la renegociación de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y posiblemente también la del Banco Gubernamental de Fomento.

Insistió, por otra parte, en responsabilizar también al gobierno federal por su parte en la crisis e indicó que tanto el Congreso como el presidente tienen que ser parte integral de las soluciones a los problemas económicos y fiscales de Puerto Rico.

El gobernador Alejandro García Padilla envió esta noche a la Legislatura el proyecto de ley que crearía la Junta de Ajuste Fiscal y Desarrollo Económico.

La pieza era esperada por la Legislatura ya que hoy es el último día para radicar medidas si se busca que sean aprobadas en la presente sesión legislativa que finaliza el 12 de noviembre.

“La propuesta Ley de Responsabilidad Fiscal y Revitalización Económica de Puerto Rico busca que la junta sea una entidad independiente, no político partidista, encargada de aprobar el Plan de Crecimiento Económico y Fiscal y de velar porque los presupuestos futuros del Estado Libre Asociado y sus instrumentalidades cumplan con lo dispuesto en dicho plan”, se indicó en un escueto comunicado de prensa emitido por La Fortaleza y que acompaña la pieza legislativa.

Tal y como había anticipado a este diario el secretario de Justicia, César Miranda, la junta estará compuesta por cinco miembros a ser nombrados por el gobernador con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico.

Los miembros, indica la medida, deberán tener conocimiento, pericia y al menos, 10 años de experiencia en finanzas, administración, derecho, economía o la organización u operación de negocios o entidades gubernamentales. Igualmente, no pueden ser tenedores directos de obligaciones de cualquier entidad gubernamental, ni tenedores indirectos de dichas obligaciones a través de participaciones en compañías de inversión que tengan más del 10% de sus fondos invertidos en dichas obligaciones; y no ser al momento de su designación o haber sido durante los pasados cinco años oficial o empleado de ninguna entidad gubernamental.

La junta de control fiscal es pieza fundamental de una reforma fiscal a cinco años que busca reducir la deuda pública del país