Además de ofrecer un cuadro tétrico del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), el más reciente informe de la situación fiscal del país contiene una declaración en donde el Gobierno establece que no tiene ninguna razón para creer que alguna de la deuda se incurrió en violación a la Constitución de Puerto Rico.

El 22 de octubre, la Comisión de Energía y Recursos Naturales del Senado federal celebró una audiencia sobre la economía de Puerto Rico y las opciones para el Congreso. En la audiencia, el senador demócrata Bernie Sanders preguntó si era posible que alguna de la deuda del Estado Libre Asociado se incurrió en violación a la Constitución de Puerto Rico y, si ese fuera el caso, si dicha deuda tendría que ser reembolsada. Tanto el gobernador Alejandro García Padila como el comisionado residente Pedro Pierluisi testificaron ante la Comisión y respondieron que era una posibilidad que debe ser estudiada más a fondo.

La Ley de 97 del 2015, que modificó la Ley Orgánica del BGF, creó una Comisión de Auditoría de la Deuda Pública pero, aunque dicha ley establece que la Comisión iniciaría sus funciones antes del 1 de julio de 2015, no todos los miembros de la Comisión han sido nombrados.

“En este momento, y a menos que haya una opinión diferente en el caso de una auditoría realizada por la Comisión de Auditoría de la Deuda Pública o por un proceso de investigación similar, la Administración no tiene ninguna razón para creer que alguna de la deuda del Estado Libre Asociado  se incurrió en violación a la Constitución de Puerto Rico y entiende que el enfoque debe permanecer en trabajar hacia el logro de un ajuste fiscal y un plan de crecimiento económico que incluya una reestructuración consensuada de la deuda del ELA”, sostiene el informe acerca de la deuda de sobre $70 mil millones.

En cuanto a la situación fiscal actual, el informe emitido el viernes en la noche  establece que hay un sobregiro de más de $370 millones a septiembre y que existe un riesgo sumamente grande de que el BGF quede insolvente.

“La liquidez del ELA se afectó severamente en el año fiscal 2015 y está extremadamente limitada debido a la falta de acceso a fuentes externas de financiamiento… Como resultado, el ELA no ha podido cumplir con algunas de sus obligaciones”, sostiene el informe el cual predice un déficit de flujo de efectivo de sobre $770 millones para junio.

El sobregiro de $370 millones no incluye unos $306 millones en reintegros que se deben que incluyen unos $30 millones en créditos para personas de edad avanzada. A junio se debían unos $2 mil millones.

El gobierno, además de tomar un TRANs interno de sobre $400 millones de otras agencias para operar, ha suspendido pagos a un fondo separado para pagar deuda y ha retrasado el pago de reintegros para lidiar con su problema de liquidez. El nuevo impuesto de consumo de 4.5%  ha generado unos $170 millones.

La situación fiscal ha sido ocasionada en parte por una reducción en ingresos y un aumento en el servicio de la deuda. En mayo y junio no se cumplieron expectativas de ingresos y hubo una reducción de $211 millones. El informe también cita el hecho de que hubo algunas exclusiones al impuesto de ventas y uso (IVU), el cual fue aumentado y una reducción en ingresos recibidos por el impuesto al ron.

El gobierno tiene que hacer un pago pronto en sus obligaciones generales de $330 millones. Si hay una insuficiencia de recursos disponibles para atender el servicio de la deuda de obligación general, el gobierno podría utilizar determinados tributos y otros ingresos asignados previamente por ley a la Autoridad de Carreteras y Transportación, la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura y al Distrito de Convenciones para asegurar el pago de servicio de la deuda. No obstante, es muy posible que tenga que tomar otras medidas de reducción de gastos como reducir los servicios públicos y dilatar pagos de  deudas a terceros. “Algunos de los servicios prestados por el Estado, sin embargo, son esenciales para mantener la salud pública, la seguridad y el bienestar de sus residentes, lo que puede conducir al ELA a dar prioridad a la financiación de dichos servicios”, dice el informe.

Otras alternativas para cerrar la brecha presupuestaria y que generarían unos $185 millones incluyen $60 millones que se obtendrían con la renovación del contrato de la lotería electrónica;  $25 millones de una reducción temporera en el impuesto a los dividendos corporativos y $100 millones en ingresos por medidas administrativas que aumentan la fiscalización de los ingresos de los impuestos.

La Oficina de Gerencia y Presuesto espera obtener unos $150 millones adicionales por medio de ciertas reducciones en asignaciones de presupuesto y la reducción de presupuestos a agencias.

El Banco debe mantener un 20% de dinero en reserva pero en septiembre tenía una liquidez de unos $875 millones. La ley orgánica del BGF establece que el Banco está bajo la supervisión del Comisionado de Instituciones Financieras, el cual está revisando sus libros. Sin embargo, sería el Secretario de Hacienda el que tendría que notificar al Gobernador de una posible insolvencia y éste ordenarle que vaya al Tribunal para que se nombre un síndico que liquide las obligaciones del Banco.