El problema no es que no sean ciudadanos estadounidenses. El problema parece residir en que los extranjeros domiciliados en la Isla puedan demostrar su apego  y lealtad a Puerto Rico, y si para ello es suficiente que hayan vivido aquí uno o dos años solamente.

El reconocido abogado constitucionalista Carlos Ramos expresó ayer que para analizar el proyecto que le extiende el voto a los extranjeros no ciudadanos americanos, domiciliados en la Isla,  hay que tomar en cuenta que el Tribunal Supremo boricua  ha “subvalorado” ya  el requisito de la ciudadanía en dos instancias distintas.

Eso se dio en el  caso de  Juan Mari Brás, quien había renunciado a la ciudadanía americana y se le permitió votar porque no había dudas de su nacionalidad puertorriqueña;   y el de la dominicana Minerva Paz Lisk, que tampoco era ciudadana de los Estados Unidos, pero llevaba mucho tiempo viviendo aquí y se le reconoció su derecho a trabajar  como maestra.

Boricuas entrevistados ayer -sin conocer para nada de esas decisiones del Supremo- manifestaban  reservas con la medida enviada a la Legislatura por el gobernador Alejandro    García Padilla  y lo hacían prácticamente con las mismos  argumentos relacionados a la lealtad al País que pudieran tener  muchos de los  extranjeros.

Otorgarles el derecho al voto,  como menciona el proyecto, después de un año o dos domiciliados en Puerto Rico, mucha gente lo considera un periodo muy corto.

“¿Estar dos años aquí es suficiente para alegar fidelidad a Puerto Rico y a su nacionalidad?… Eso es lo que va a estar sujeto a debate”, sostuvo el licenciado   Ramos,  quien mencionó que ser ciudadano americano no equivale aquí a  ser fiel a Puerto Rico.

Dio el ejemplo   de un   americano de Wichita, que llega al País y puede votar  al año,  sin que eso signifique que  se identifica con Puerto Rico.

El abogado  explicó, por otro lado,  que los estados son los que deciden los requisitos de quiénes tienen derecho a votar en su jurisdicción; que es cierto que en Estados Unidos se les ha reconocido el derecho a votar a extranjeros no ciudadanos, pero que ese fenómeno donde se da es en los condados.

La medida que presentó el martes el gobernador   tiene la intención de ser  incluyente; de  reconocerles el derecho a la igualdad a todos  los que viven en el País.

La pieza legislativa, el P. de la C. 2758, reconoce tres tipos de electores:

Los primeros dos son los ciudadanos de Estados Unidos y Puerto Rico domiciliados aquí;  y los  que no son ciudadanos americanos y tienen un permiso de residencia legal permanente emitido por el gobierno de Estados Unidos.

Los  últimos, para poder votar, tendrían que residir en la Isla durante el último año previo al evento electoral. Deben incluso manifestar su intención de permanecer en Puerto Rico.

El tercer tipo de elector es aquel que    aunque no es ciudadanos americano, tiene  su domicilio en la Isla y también manifiesta su intención de permanecer en Puerto Rico.

El líder del Comité Dominicano de Derechos Humanos, José Rodríguez, insistió en que   en esta última categoría  caben los extranjeros no regularizados. “Eso fue lo que pedimos al gobernador y está cumpliendo”, dijo.

En el proceso electoral  federal el voto de los  extranjeros no ciudadanos está vedado.

Si se aprueba el proyecto del primer ejecutivo,  los  extranjeros no ciudadanos no podrán votar, por tanto,  en la elección del comisionado residente en Washington.

Para estos votantes se estará diseñando una papeleta distinta, sin esos candidatos. Estos, además,  deben portar  una tarjeta electoral que indique que ellos no  pueden votar por el cargo del representante de la Isla en la capital federal.

El comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, Roberto Iván Toro, expresó  que el proyecto de García Padilla debe analizarse “cuidadosamente”.

“Siempre es sospechoso que el gobernador haya dejado esto para el final del cuatrienio”, dijo, al aludir que  el mandatario debe estar buscando votos para el Partido Popular.

El comisionado pipiolo recordó que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) apenas tiene dinero y que este  proyecto  conlleva una erogación de fondos adicional, porque hay que confeccionar  más papeletas, hacer nuevas  tarjetas electorales,  amén de que se tendrán que habilitar colegios electorales adicionales.

Ahora mismo, la CEE está tan corta de fondos que el número de inscripciones ha bajado significativamente en comparación con las del pasado cuatrienio, dijo,

Rodríguez  manifestó  que los dominicanos “decidieron” en Puerto Rico las elecciones de 2012, particularmente la de San Juan,  porque esa comunidad se sentía “abusada” por el gobierno del    entonces alcalde Jorge Santini.

“Cuando se aprobó  el voto para la mujer, hubo resistencia; cuando se le dio el voto a los negros, hubo resistencia; y cuando se abolió la esclavitud, hubo resistencia”, dijo el activista de los derechos humanos.

“Los caribeños no pueden discriminar contra los caribeños”, recalcó, para señalar que para las elecciones de 2016 “no hay compromiso con nadie”.

A ustedes les van a sacar el tema del discrimen a los haitianos.

“Nuestro comité acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a pedir que le dieran sus documentos a los hijos de los haitianos. A los puertorriqueños también les deben dar el voto si se van para la República Dominicana”, dijo Rodríguez.