El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) y comisionado residente de Puerto Rico en Washington, Pedro Pierluisi, opinó hoy que es preferible que el Gobierno negocie la deuda con los acreedores antes de tomar medidas que los convierta en adversarios.
Dijo que, a través con las negociaciones, el Gobierno podrá “cumplir con sus obligaciones como deudor bajo la Constitución y evitar la imposición por parte del gobierno federal de soluciones que no contribuyan al bienestar del pueblo”.
Las expresiones de Pierluisi surgen como reacción a la portada de El Nuevo Día en la que se establece que grupos de acreedores de Puerto Rico elaboran un plan que complementen el llamado “superbono” que ha articulado la administración de Alejandro García Padilla para lidiar con la deuda pública. Pero, a pesar de la disponibilidad de los bonistas, el Gobierno insistirá en la extensión del capítulo 9 de la Ley de Quiebras a la Isla, reconoció la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, Melba Acosta.
“Como siempre he dicho, Puerto Rico es una jurisdicción de ley y orden, donde se tiene que respetar la Constitución por sobre todas las cosas. Informes en la prensa indican que existe la voluntad entre los principales acreedores de nuestro gobierno de buscar soluciones que no violen nuestra Constitución y que al mismo tiempo protejan los mejores intereses de nuestro pueblo, asegurando que Puerto Rico pueda moverse adelante con la comunidad inversora como socios de nuestro desarrollo futuro y no como adversarios”, señaló Pierluisi.
“Un dialogo creíble requiere que todos los involucrados estén en la disposición de sentarse a negociar y ceder en sus posiciones. Lo que hemos visto en los últimos días ofrece una esperanza de que esto sea posible, lo cual pudiera eliminar la necesidad de que el Congreso tenga que intervenir con soluciones adversas como la tan comentada Junta de Control Fiscal federal, que sólo exacerbaría la naturaleza colonial de la relación que hemos tenido que sufrir por más de un siglo, en lugar de moverse en la dirección opuesta, tal cual fue la voluntad mayoritariamente expresada por nuestro pueblo en las urnas. El énfasis de la posible acción federal no debe ser el de imponernos un gobierno paralelo, sino el de armonizar el tratamiento que le da a Puerto Rico bajo programas federales como Medicaid y Medicare, al tiempo que continuamos trabajando para lograr la igualdad total bajo la estadidad”, añadió el comisionado.
Asimismo, Pierluisi opinó que es una mejor opción negociar con los acreedores que permitir que el gobierno federal imponga una Junta de Control Fiscal.
“Defender el sistema democrático que tenemos en Puerto Rico bajo nuestra Constitución es obligación de todos, empezando por el gobernador, quien juró ante el pueblo defenderla ante todas las cosas. Cualquier persona en posición de liderazgo que promueva o apoye la creación de una Junta de Control Fiscal federal, acepta su fracaso como líder y se inhabilita para llevar las riendas de nuestro gobierno”, sentenció.
Críticas y elogios al superbono
Nydia Velázquez teme que las negociaciones ahuyenten acción del Congreso, pero Pierluisi las respalda
WASHINGTON – Los esfuerzos del Gobierno de Puerto Rico por modificar gran parte de la deuda pública a través de un “superbono” puede tener el efecto de frenar el movimiento que se hace en el Congreso para que el gobierno federal legisle alguna iniciativa que suavice la crisis fiscal, según la congresista demócrata Nydia Velázquez.
Pero, al comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, le parece una oportunidad – si el proceso de negociación avanzara entre los accionistas y el gobierno de la Isla -, para dedicar la presión hacia el gobierno federal en obtener un mejor acceso a fondos de Medicaid y Medicare, promover la estadidad y enterrar la idea de una junta federal de control fiscal.
“Le han regalado en bandeja de plata a los republicanos (del Congreso) el argumento de que no tienen por qué molestarse para proveer la protección de la bancarrota federal”, indicó ayer Velázquez, puertorriqueña que representa un distrito de Nueva York, en declaraciones a El Nuevo Día.
Velázquez ha estado al frente de los esfuerzos en el Congreso a favor de las propuestas presentadas por el gobierno del presidente Barack Obama para permitir a la Isla reestructurar toda su deuda a través del procedimiento de quiebras federal, crear una junta federal de supervisión fiscal, encaminar la paridad en el programa de Medicaid y extender a la Isla los créditos federales por ingresos devengados (Eitc) Y niños dependientes (Ctc).
Un grupo compuesto por más de una docena de fondos tenedores de obligaciones generales expresó el domingo a El Nuevo Día su disposición a negociar una modificación de los términos de dos tercios de la deuda pública de Puerto Rico, por medio de la adquisición de un superbono, con fuentes de repago precisas y condiciones menos onerosas para la Isla.
La idea es suavizar los pagos de cerca de $46,000 millones – del total de $72,000 millones que alcanza la deuda pública -, incluyendo obligaciones generales que están protegidas por la Constitución de Puerto Rico.
Para Velázquez, las conversaciones que se dan en este momento entre el gobierno de la Isla y sus bonistas permiten a «fondos buitres» decirle al Congreso que ya está en marcha un proceso de negociación con los representantes de la administración de Alejandro García Padilla que hace innecesaria legislación federal.
“Es un golpe bajo a todo el esfuerzo de la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos. Si se quieren engañar ellos mismos eso es problema de ellos, pero deben entender con quien están negociando”, indicó Velázquez.
La legisladora federal sostuvo que los “fondos de cobertura de riesgo -llamados fondos buitres-, no quieren la protección del capítulo 9 porque saben que la bancarrota va a eliminar el margen de ganancia de ellos”.
«El superbono significa patear la lata hacia delante”, subrayó Velázquez, quien en una reunión reciente del caucus demócratacon la secretaria de Salud de Estados Unidos, Silvia Mathews Burwell, insistió en que si el gobierno federal no actúa, puede «ocurrir una crisis humanitaria en la Isla.
Reacciona el comisionado
Pierluisi, sin embargo, ve la apertura de los bonistas a negociar el superbono, como la posibilidad de que se logre una solución a la crisis de deuda “sin quebrantar nuestra Constitución», al dejar de pagar obligaciones generales.
“Un diálogo creíble necesita que ambos lados de la ecuación estén en la disposición de sentarse a negociar y ceder en sus posiciones. Lo que se ha visto en los últimos días da esperanza de que esto sea posible, eliminando la necesidad de que el Congreso tome decisiones adversas como la tan comentada junta de control federal, que solo alargarían el tratamiento colonial del que hemos sido víctimas por más de un siglo”, indicó Pierluisi.
Para el comisionado residente y presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), el rechazo a una junta federal de control fiscal, supone un reconocimiento de que, aún bajo el actual sistema colonial, es «nuestro pueblo el que cada cuatro años tiene la oportunidad de elegir a los principales funcionarios de nuestro gobierno» local.
«Una cosa es que en el Congreso y en la Casa Blanca quieran asistirnos para que salir de la crisis fiscal y económica que enfrentamos y que en ese contexto establezcan mecanismos de supervisión para asegurarse de que tomamos todas las medidas necesarias para que nuestro gobierno sea más efectivo en el manejo de los fondos públicos federales y estatales.», dijo el aspirante a la candidatura a la gobernación por el PNP.
Pero, Pierluisi afirmó que «otra cosa es que quieran culparnos por todos nuestros problemas, ignoren su propia responsabilidad por el trato injusto que recibimos en múltiples programas federales y pretendan gobernarnos cuando no han sido elegidos por nuestro pueblo”.
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