La decisión emitida por el Tribunal de Apelaciones en el caso de Pablo Casellas Toro podría producir una avalancha de solicitudes para revocar sentencias de casos criminales que no hayan sido decididos por un jurado unánime. Pone sobre el tapete además un tema que no tiene nada que ver con el caso penal: la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos.
De acuerdo a los abogados expertos en casos criminales y constitucionales, habrá otros desenlaces con esta decisión.
Para los abogados entrevistados por este rotativo, la decisión del Apelativo es “descabellada” y las consecuencias son “nefastas”.
En una decisión emitida el martes en la noche, un panel de jueces del Tribunal Apelativo dejó sin efecto la sentencia de 109 años contra Casellas Toro por el asesinato de su esposa. Según el Apelativo, la decisión del jurado no se sostiene porque no fue unánime. El argumento de los abogados de Casellas Toro fue que los casos penales en Puerto Rico deben decidirse por un jurado unánime, como sucede a nivel federal. El caso que utilizaron de referencia es una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en la que se determinó que el acusado no debía enfrentar un juicio por cargos similares a los que ya había enfrentado a nivel federal.
Este caso, Pueblo v. Sánchez Valle, está ahora pendiente ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
El licenciado Carlos del Valle Cruz, quien fue catedrático de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en Ponce y fue director de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, dijo que la decisión en el caso de Casellas Toro “es una consecuencia descabellada del caso Sánchez Valle, donde el Tribunal Supremo anuló el Estado Libre Asociado (ELA) para propósitos jurídicos y redujo a Puerto Rico a un apéndice federal”.
“En el caso de Casellas, se utilizó esta justificación para argumentar que, como apéndice federal, no aplica la ley de Puerto Rico que requiere que un jurado tenga al menos 9 a 3 y que solo aplica la ley federal que requiere unanimidad”, dijo. “La consecuencia de esta sentencia es funesta porque por un lado vamos a ver que de repente habrá una serie de radicaciones impugnando aquellas convicciones previas donde los veredictos no han sido unánimes y solicitando la absolución de decenas de acusados ya previamente convictos por dichos jurados”.
Del Valle Cruz explicó que los estados tienen la potestad de decidir cómo se decidirán los casos judiciales en sus jurisdicciones. La ley federal, explicó, se impone en lugares que se consideran “bastiones” de Estados Unidos, particularmente bases militares. Para decidir el caso de Casellas Toro, dijo, el Tribunal Apelativo utilizó como fundamento una decisión del Tribunal Supremo que coloca a Puerto Rico a nivel de uno de estos bastiones, sin poder para tener un sistema judicial con reglas que difieran de las federales.
“El Tribunal Supremo se rehúsa a reconocer que Puerto Rico tiene un estatus equivalente a un estado. Ellos entienden que para propósitos federales, penales, nosotros somos el equivalente de un bastión o una base federal”, dijo Del Valle Cruz. “Según esa decisión, no tenemos los derechos que aplicarían a entidades soberanas”.
En la espera por una resolución final de ambos casos, dijo, el sistema de justicia criminal podría quedar en un limbo “hasta tanto no se sepa el derrotero final de Sánchez Valle. No se sabe si los convictos van a tener derecho a un juicio bajo parámetros de unanimidad o bajo parámetros de la ley de Puerto Rico”.
“En términos prácticos, se puede prever una parálisis del sistema judicial criminal”, dijo Del Valle Cruz al añadir que el caso de Sánchez Valle podría estar ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos después de Navidad.
Arturo Negrón García, uno de los abogados de Casellas Toro, reconoció que la determinación del Apelativo abre la puerta a solicitudes de nuevos juicios.
“Lo que pasa es que el propio Tribunal de Apelaciones aceptó la doctrina de que los casos que no se hayan resuelto final y firme, cuando se establece un derecho constitucional de esta magnitud, se hace retroactivo y eso va a obligar a una serie de nuevos juicios”, dijo. “Será más costoso que lo que planteamos desde el primer día, desde que presentamos una alegación de no culpable que solicitamos la unanimidad del jurado”.
El abogado y analista Ignacio Rivera indicó que si el caso llega al Tribunal Supremo, con probabilidad la decisión aplique solo a los casos futuros y no a los casos que ya han sido resueltos.
“El Tribunal Supremo, cuando decide algo controversial que puede jamaquear el estado de derecho, lo que hace es que lo decide de manera prospectiva, o sea de ahora en adelante. Así es que los miles de casos que están en los tribunales o están cumpliendo penas, se quedarían como están”, dijo Rivera en entrevista radial (Radio Isla). “En los casos nuevos tal vez habría que tener una duda. Todo está por verse. Estas cosas complejas no son fáciles de determinar qué va a decidir el Supremo y hay que ver cómo se afecta el pueblo de Puerto Rico”.
La procuradora de las mujeres, Wanda Vázquez, opinó que esta determinación del Tribunal Apelativo no debe intimidar a ninguna mujer que quiera llevar un caso contra su agresor.
“Yo entiendo que es una decisión muy desacertada, que es errónea y contraria a todo el sistema procesal penal. Es una decisión que, sorprendentemente, la jueza no midió las consecuencias de su determinación cuando enmendó la Constitución. Creo que ha sido una decisión nefasta”, dijo Vázquez. “Gracias a Dios, en esta etapa solo tiene que ver con el caso de Casellas y no es un precedente”.
Reconoció que, en lo que llega una decisión del Supremo, muchos acusados buscarán radicar recursos de nuevos juicios. Cuestionó que otros acusados han hecho planteamientos similares al que hizo Casellas Toro ante el Apelativo, pero no han tenido el mismo resultado.
“Es importante destacar que este caso de ninguna manera cuestiona la culpabilidad de Casellas porque no habla de que no sea culpable. Lo que dice es que el veredicto debió ser por unanimidad. El mensaje que me gustaría llevar a las víctimas que hayan escuchado esta terrible determinación, es que sepan que de ninguna manera se vulnera el derecho que tienen”, dijo Vázquez. “Este caso no cuestiona su culpabilidad. Los hechos de maltrato se vieron en sus méritos y él salió culpable”.
Maricarmen Rivera Sánchez, EL VOCERO
Más de 15 años de experiencia. Asignada a cubrir temas legislativos.
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