Puerto Rico lleva décadas de irresponsabilidad fiscal al extremo que el gobierno está en quiebra total. Hasta las corporaciones públicas que son monopolios, están en quiebra. La única opción inmediata para paliar la actual crisis es recibir un salvavidas económico de la metrópoli acompañado de la supervisión directa por parte del Congreso mediante una Junta de Control Fiscal Federal o su equivalente. Bochornosamente hemos puesto en evidencia que a pesar de lo que supuestamente ocurrió en el 1952 respecto al “logro” de una autonomía política y fiscal, seguimos siendo una burda colonia incapaz de cuadrar su presupuesto y peor aún de gobernarnos.
En un intento de generar alguna confianza y credibilidad frente a los acreedores para renegociar la deuda con algún grado de éxito, así como para tratar de evitar el bochorno de una Junta Fiscal congresional, luego de semanas de discusión el Senado local aprobó una Junta criolla reducida a mera entidad consultiva. El Presidente del Senado Eduardo A. Bhatia señaló “lo que se está aprobando hoy aquí no es una junta de control fiscal. Esta junta no controla nada. Esta junta no va a decidir nada, quien va a decidir es la Asamblea Legislativa”. Del Senado pasó a Comité de Conferencias y allí se quedó pendiente a una sesión extraordinaria de la legislatura.
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Ante el cuadro de quiebra, de incapacidad, de falta de liderato y de ingobernabilidad el influyente y poderoso Senador Charles Grassley – Presidente del Comité de lo Jurídico del Senado – señaló que el 1ro. de diciembre celebrará una vista adicional sobre Puerto Rico ya que “el ambiente político allí no promueve el crecimiento económico” . Mientras tanto el Senador Orrin Hatch -en una clara alusión de que no creen en la Junta Fiscal criolla aprobada por el Senado local- señaló que una Junta de Control Fiscal Federal para la isla es una alternativa. Por ahí es que viene la cosa.
En un claro ejemplo de la rampante incapacidad para gobernarnos el notorio Tito Kajack y una turba de facinerosos llamados ambientalistas se enfrentaron al Hotel Marriott de Isla Verde en contra una orden de desalojo del tribunal –luego de un pleito que duró 10 años- para que estos abandonen la comuna/arrabal que por la pasada década han establecido en los terrenos que por contrato de arrendamiento con el municipio de Carolina administra el Hotel Marriott Courtyard de Isla Verde.
Las turbas de invasores establecidas allí en violación impunemente de cuanta ley y reglamentos existen, se resisten a abandonar los terrenos y a pesar de la orden del tribunal, desafían y provocan a la administración del Hotel.
El más reciente incidente lo provocó el atorrante Tito Kayak al pintar consignas al lado del hotel de la barrera allí establecida. Al reclamársele que salieran del lugar se enfrentó a los funcionarios del hotel y le arrojó con toda alevosía un galón de pintura roja en la cara y cuerpo a uno de estos funcionarios.
El que estas turbas hayan establecido allí una mugrienta comuna con gobierno propio, violando toda ley y reglamento existente sin que el gobierno actuara, es una vergüenza que habla muy mal del estado de derecho en Puerto Rico y de la incapacidad de los gobernantes para hacerlo valer. Aparentemente a estos atorrantes el gobierno actual les ha otorgado patente de corso para que hagan y des hagan allí lo que les dé la gana con toda impunidad sin la voluntad ni la capacidad de desalojarlos del lugar.
El pasado jueves 19 de noviembre esa turba de 30 – 40 atorrantes bloqueó las entradas del hotel y agredieron el carro de la persona a quien le habían arrojado pintura en la cara. Este para protegerse y salir de allí aceleró su carro y atropelló a uno de estos atorrantes. Ahora se pretende que los provocadores se constituyan en víctimas. Turistas huéspedes del hotel que presenciaron el incidente, cancelaron reservaciones y se marcharon. Esta noticia corrió por la prensa de toda la nación.
Era de esperarse que ante la incapacidad y falta de voluntad de las autoridades locales en desalojar con premura a estos invasores para hacer valer el mandato del tribunal, los mismos revoltosos socialistas, comunistas que se hacen llamar ambientalistas- agrupados en las organizaciones de siempre, han salido en apoyo de las turbas. Hacemos un llamado a las autoridades federales para que ante este cuadro de ingobernabilidad y anarquía, intervengan prontamente pues una vez más el gobierno local no tiene capacidad ni la babilla para hacerlo.
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