La determinación del gobierno de  Alejandro García Padilla de activar el mecanismo constitucional que retiene los ingresos de varias corporaciones públicas para cumplir con el pago de las obligaciones generales, conocido como  “clawback”, amenaza con convertirse en la nueva norma de esta administración de pagar una tarjeta de crédito con otro préstamo, según analizaron ayer varios economistas.

“Nadie sabe el alcance que tenga el invocar el mecanismo del ‘clawback’  al momento de pignorar otras fuentes de repago de los emisores de otras entidades gubernamentales. El precedente de esta orden ejecutiva significa que si en la eventualidad las fuentes de repago de las obligaciones generales son insuficientes se amplíe el alcance de esta orden. Esto es pagar con los ingresos pignorados, como por ejemplo en la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) que provienen del ‘jet fuel’, del arbitrio del diesel y la crudita. Este mecanismo se puede seguir ampliando”, analizó Antonio Fernós, economista y financiero.

Ayer, García Padilla anunció al Congreso que determinó aplicar el “clawback” para poder continuar brindando los servicios esenciales al País mientras el designado secretario de Estado  Víctor Suárez detalló luego de que la orden ejecutiva permite retener los ingresos asignados para el pago de las deudas de la ACT, la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA),  la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) y la Autoridad del Distrito de Convenciones.

Esta orden ejecutiva surge luego que el gobierno cumpliera con el pago de $354.7 millones del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), deuda que en su mayoría estaba garantizada por el ELA.

“El gobernador decidió con esta orden ejecutiva su política pública de darle prioridad al pago de la deuda constitucional. El reto que tiene la administración es cómo garantizará el orden de pago a los acreedores de estas corporaciones. A estos acreedores se les están pignorando sus fuentes de repago y ahora lo que sucederá es lo que se conoce en la banca como ‘pari passu’ que significa que las cosas se tienen que dar en igualdad de condiciones. Habrá que ver quién demanda primero solicitando prioridad en su pago”, añadió Fernós.

¿Cree que el Ejecutivo amplíe el “clawback” a la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina)?, preguntó El Nuevo Día.

“Espero que para cumplir con el pago de las obligaciones generales y de aquellas emisiones de corporaciones públicas en las que el Fondo General es codeudor no se tenga que llegar a aplicar a Cofina esta orden ejecutiva. Aquí no hay precedente con el ‘clawback’ y es un poco difícil saber qué pasará. El gobierno está entrando en aguas nunca antes navegadas”, respondió Fernós.

Por su parte, el economista Carlos Colón de Armas, quien depuso ayer ante el Congreso en la vista del Senado sobre la crisis fiscal de Puerto Rico, catalogó como positivo el que el gobierno cumpliera con el pago de las obligaciones del BGF, pero criticó la activación del mecanismo del “clawback”.

“Era importante pagar y desde esa perspectiva es positivo, pero estas artimañas de usar dinero de otras agencias para pagar las obligaciones del gobierno son innecesarias. El problema de liquidez es autoinfligido por este gobierno y la forma que ha tratado de manejar la crisis fiscal que se ha cerrado a sí mismo el acceso a los mercados financieros. No debe de haber litigio con lo del ‘clawback’ excepto si se aplica en Cofina. Fuera de eso no hay base para demandar. El gobierno tiene que cambiar la estrategia y no ser tan testarudo”, reaccionó Colón de Armas.

En tanto, el economista  Joaquín Villamil destacó que el gobierno tenía que actuar y lo hizo ayer al cumplir con el pago de la deuda del BGF.

“Las consecuencias del ‘clawback’ son menos que un impago. La situación de liquidez sigue siendo crítica y  a corto plazo este tema requiere de acciones duras y difíciles como volver a poner el impuesto a las ventas brutas, derogar algunas de las legislaciones que proveen incentivos y considerar una sobre tasa a las residencias de cierto valor. Cosas que te aumenten los recaudos, pero no afecten a la economía. La reducción de jornada es algo que se debió haber planteado hace tiempo”, señaló Villamil.

Un grupo de abogados informó que se preparan para demandar al gobierno si falla en pagar el bono de Navidad a los empleados públicos.

La posibilidad de someter un recurso de mandamus fue anunciada por el licenciado Hiram Torres Montalvo, aspirante a representante por el Partido Nuevo Progresista y quien ha participado en demandas recientes contra el Departamento de Transportación y Obras Públicas.

En comunicado de prensa, el portavoz del grupo de abogados, Hiram Torres Montalvo, indicó que radicarían un recurso de mandamus para obligar el pago del bono.

“Según la Ley 168, del tradicional bono de Navidad, así como el Reglamento del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico, el gobierno tiene hasta el 15 de diciembre para enviar el bono de Navidad a todos los servidores públicos, no hay de otra forma, la ley es clara en eso», sostuvo Torres Montalvo en declaraciones escritas.

«Si la administración no hace este desembolso, como legal y moralmente está obligado, estaría violando la ley y eso no lo vamos a permitir”, agregó.

El gobierno ya anunció que no pagará el bono este viernes, pero el gobernador Alejandro García Padilla ha manifestado que el desembolso sí se hará antes de la fecha límite.

“Ya estamos preparados para dar esta batalla hasta las últimas consecuencias. De lo que estamos hablando es que el gobierno está jugando con miles de padres de familia y de niños, que de continuar negándose a pagar este bono, se quedarían sin regalo estas navidades y eso no lo vamos a permitir”, sostuvo Javier Pares, otro de los que está trabajando en el recurso.

Por su parte, Carlos Flores, un empleado público, se unió al reclamo de los letrados, catalogando al gobierno como irresponsable en la forma como ha manejado el asunto.

“El gobernador Alejandro García Padilla y el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, debieron haber sido más responsables en la manera que han manejado este asunto. Si ellos hubiesen entendido que no había dinero suficiente para el bono, lo menos que debieron hacer era notificarnos con tiempo de antemano, no con rumores de pasillo a días para que se celebre la Navidad. Este jueguito le está costando la tranquilidad y paz mental a miles de empleados públicos y eso no se hace”, comentó Flores, quien sería uno de los demandantes en el caso.

Los abogados explicaron que un mandamus es un recurso legal extraordinario utilizado para obligar al gobierno a cumplir un deber ministerial tal y como le correspondería en derecho.

Según agregó Torres Montalvo, el recurso se encuentra bien adelantado y estaría listo para ser presentado ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan dentro de unos días.

“Quiero dejar esto claro. Si no había dinero, el gobernador hubiese pedido una exoneración del pago del bono, tal y como han hecho cientos de comercios alrededor de todo Puerto Rico. Sin embargo, eso no fue lo que hizo. Está jugando con la salud mental de nuestros servidores públicos. No nos va a templar el pulso con esta acción. Este acto de irresponsabilidad se va a terminar”, añadió Torres Montalvo.