Una estrategia estrictamente legal o incongruencia entre los números y las declaraciones gubernamentales son algunas de las razones que se barajean como posibles explicaciones para que el Gobierno de Puerto Rico no haya podido entregar sus estados financieros auditados, cruciales para obtener alguna asistencia del Congreso de Estados Unidos en plena crisis fiscal.
Los economistas del país no parecen ponerse de acuerdo en torno a las posibles causas. Lo que sí es una realidad, es que el Gobierno de Puerto Rico no ha radicado sus estados financieros auditados desde el 2013, el último data del año fiscal 2012-2013.
El economista Alfredo González entiende, que la práctica de no entregar a tiempo estos informes representa un mal riesgo. Sin embargo, adjudica la acción a que todo el sistema de información del Gobierno se abandonó por diversidad de razones. La pasada administración para esconder lo que estaba pasando y dejarlo para que fueran otros los que se encontraran con la realidad, y la actual por lo difícil de organizar toda la data existente en unos estados financieros. “Por la razón que sea, no se ha capturado totalmente la data completa entre las cientos de agencias y corporaciones públicas que posee el país. Los datos están, el cómo capturarlos y analizarlos correctamente en un estado financiero es el problema”.
En ese sentido coincide el economista Santos Negrón, para quien la acción responde a un problema técnico de recibir la información correcta en el tiempo preciso. “Esta situación es imperdonable. El Gobierno está usando un proceso de dilatación que a todas luces es altamente perjudicial. Es un misterio. Solamente los que están allí dentro saben lo que verdaderamente está sucediendo, porque al día de hoy nadie ha podido dar una explicación lógica de la cauda real de la demora. Entiendo, que el mismo Congreso sospecha tratarse de un problema técnico que no han podido resolver”.
No obstante, para otros economistas como Carlos Colon de Armas se trata de un problema de credibilidad, donde los números no parecen coincidir con las declaraciones continuas del Gobierno, y ante la incongruencia, se imposibilita la firma del auditor. “Esto se trata de la preocupación del auditor, quien ante el disloque de la información divulgada versus los números encontrados, no puede expresar su opinión ni estampar su firma en los estados financieros. El Gobierno está buscando demasiada consultoría, lo que denota una seria preocupación en la opinión a emitirse en esos estados financieros en base a la deuda y su posibilidad de impago y la viabilidad operacional de la entidad gubernamental”.
En tanto, el economista Elías Gutiérrez, entiende que la acción del Gobierno confunde, aunque sigue el patrón de conducta de la administración y el entre juego con los asesores. Para el también profesor universitario, se trata de una estrategia legal a ser utilizada en momentos donde tuviesen que acudir a los tribunales para probar la necesidad de protección gubernamental. “Sin estados financieros auditados no se puede demostrar insolvencia económica, lo que dificulta el logro de algún tipo de protección por el estatuto de la quiebra. El no producirlos es una estrategia legal a ser utilizada de ser necesario. Los auditores no certifican lo que el Gobierno quiere, sino lo que los números evidencian y para ello se necesita información correcta y fidedigna”.
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El consenso entre los economistas del país, es que no importa el causal real para dicha dilatación, la acción cada día aleja la posibilidad de auxilio para Puerto Rico, al igual que sigue afectando la maltrecha credibilidad del País. Coinciden en que en estos momentos, donde se acercan los vencimientos pendientes de deudas e intereses, se necesita más que nunca la radicación de estos estados financieros, que se supone reflejen la precaria situación económica de la Isla.
Por su parte, el contador público autorizado, Jerry De Córdova, quien fuese auditor del Municipio de San Juan por varios años, aclaró que la contabilidad del Gobierno es una muy especializada, que requiere de unos principios de contabilidad exclusivos para entes gubernamentales. “Es muy distinto auditar estados financieros para una empresa privada que para el Gobierno. Entiendo que el no haber radicado dichos estados financieros responde a que la empresa auditora KPMG ha estado evaluando algunos aspectos significativos de los estados y no han podido concluir contablemente, por lo que han tenido que contratar profesionales de diversos campos que les permitan aclarar ‘issues’ que son extremadamente técnicos. Son innumerables las áreas que son altamente técnicas y sofisticadas que requieren de ayuda adicional, además de situaciones que pudiesen surgir sobre la marcha”.
En un sentido muy similar se expresó el economista José J. Villamil, para quien la acción gubernamental responde a que los auditores no están seguros en certificar los estados financieros del Gobierno por no sentirse cómodos con la información recopilada.
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