El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), arrestó esta mañana al empresario y recaudador de fondos de campaña del Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi J. Hernández Pérez, y a otras nueve personas, por un esquema de inversionismo político en varias agencias del gobierno.

Además de Hernández Pérez fueron arrestados Sally López Martínez, funcionaria de La Fortaleza y quien también fue administradora de la Administración de Derecho Laboral en el Departamento del Trabajo; el administrador de la Cámara de Representantes, Xavier González, y la directora de la Oficina de Compras y Logística de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Sonia Barreto.

También están bajo custodia de los agentes federales Glenn Rivera Pizarro, ayudante operacional de la Cámara de Representantes, Víctor Rafael Burgos, exempleado del mismo cuerpo legislativo y empleado del Departamento de la Familia; Ivonne Falcón, exvicepresidenta de la AAA; su hermana Marieli Falcón, Javier Muñiz y Carlos Luna.

Según indicó la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez durante una conferencia de prensa efectuada hoy a las 11:00 a.m., un gran jurado emitió ayer, miércoles, un pliego acusatorio de 25 cargos contra Hernández Pérez y las otras nueve personas por cargos de soborno, obstrucción a la justicia, lavado de dinero, conspiración para fraude electrónico y extorsión por actos cometidos desde el 2012 hasta el momento, que les rindieron un beneficio de más de $2 millones. La fiscal agregó que estas personas crearon compañías después de las elecciones pasadas, muchas de las cuales no tenían el peritaje necesario para lo que fueron contratadas.

Las agencias afectadas por el esquema descrito por Rodríguez fueron la Administración de Desarrollo Laboral, la Cámara de Representantes y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Las penas aplicables en este caso, según señaló la funcionaria federal, son cinco años por conspiración para cometer fraude con programas federales y fraude electrónico, 10 años por fraude de servicios honestos, hasta 20 años por lavado de dinero y hasta 30 años por conspiración para cometer fraude para privar al pueblo de sus servicios honestos.

“Nos encontramos hoy nuevamente para destapar uno de los problemas que más nos han afectado a través de los años, la corrupción pública. El amiguismo político y el favoritismo en la otorgación de contratos en el gobierno, nos ha ido vaciando las arcas gubernamentales. Hoy el pueblo paga dolorosamente el precio de las negociaciones debajo de la mesa en los restaurantes y tiendas de lujo, tras bastidores, en cuartos oscuros que resultan en la contratación del que está mejor conectado y no del mejor postor. Hoy pagamos todos las consecuencias del uso de influencias indebidas por personas como el acusado, Anaudi Hernández Pérez y otros… Que quede bien claro, esta práctica no solo es inmoral, es ilegal, y hoy hemos visto nuevamente que la corrupción no tiene colores”, declaró Rodríguez al comenzar su alocución ante la prensa.

La fiscal añadió que Hernández Pérez tenía una influencia tal que celebró su cumpleaños en la suite privada del gobernador Alejandro García Padilla en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. Asimismo, declaró que en un momento el acusado presionó a un empleado de La Fortaleza para que contratara a Sally López Martínez porque era “importante para mí”. De la misma forma, Hernández Pérez solicitó que se despidieran a funcionarios.

“Esta investigación continúa. Esta es solo la primera fase”, puntualizó Rodríguez, quien no descartó que pueda “haber una segunda y una tercera parte”.

Al hablar sobre los esquemas, la fiscal federal señaló que el primero de ellos fue con López Martínez, mientras el segundo fue con Ivonne Falcón y Sonia Barreto en la AAA, donde lograron un contrato firmado por el presidente ejecutivo Alberto Lázaro. En este caso, Hernández Pérez y los co-conspiradores dieron regalos a Falcón y Barreto, pagándoles deudas y cenas en el restaurante Morton’s. Agregó que Hernández Pérez llevaba récord de todos los regalos que les hizo, como boletos para conciertos.

El tercer esquema fue con la Cámara de Representantes. Aquí, expuso Rodríguez, hubo un proceso de subasta “corrupto” en el que 3CommGlobal obtuvo un contrato para montar un cuadro telefónico. Esta compañía se incorporó a días de las elecciones de 2012.

Rodríguez acotó que Hernández Pérez envió seis propuestas enmendadas de costo para poder “ganar” el contrato.

Por su parte, el saliente director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Carlos Cases, exhortó al gobernador García Padilla a evaluar las personas que lo rodean.

“La corrupción tiene nombre y apellido: se llama la política partidista o partidocracia, y su hermano gemelo, el inversionismo político. De eso se trata este caso denominado Operación Botín de Guerra”, dijo Cases.

“Exhorto al gobernador y a los demás líderes políticos de Puerto Rico a que lean el pliego acusatorio con detenimiento y mediten sobre estas acusaciones serias y sin precedentes, y los reto a que limpien su cuarto de los parásitos y garrapatas políticas que tienen a Puerto Rico desangrado y en cuidado intensivo”, agregó.

“Este caso es una vergüenza más para el pueblo de Puerto Rico y no es momento para los adversarios políticos ponerse a celebrar y a regocijarse, por si no lo sabían. El acusado Javier Muñiz Álvarez, es aspirante a alcalde de Moca por el Partido Nuevo Progresista, pero como la memoria es corta, si quieren, les puedo repasar los casos de corrupción política de los últimos 20 años. Por el contrario, se deben unir todos y dejar la política partidista a un lado y ponerse a trabajar juntos”, puntualizó el director del FBI, quien cerró su alocución citando al gobernador.

“La verdad es la verdad, y la verdad es invencible”, dijo.

En la conferencia de prensa también estuvieron la directora ejecutiva de Oficina de Ética Gubernamental, Zulma Rosario, el fiscal de distrito José Capó y la contralora Yasmín Valdivieso.

Antes de conocerse el nombre de los arrestados, se indicó que entre los detenidos no estaban personas que habían acudido ante un Gran Jurado federal en relación a este caso como son Luis Gerardo García Padilla, hermano del gobernador Alejandro García Padilla; a Erick Reyes, amigo del primer ejecutivo, ni a Eder Ortiz, excomisionado electoral del PPD.

Nueve de los detenidos por el FBI serán llevados ante la magistrada federal Silvia Carreño Coll para la vista inicial en la tarde, mientras que Hernández Pérez comparecerá ante el magistrado Marcos López.

Hernández Pérez es eje de una pesquisa federal por corrupción gubernamental que involucra a varios funcionarios y empresarios ligados a la administración de Alejandro García Padilla, relacionada con contratos públicos y favores políticos a cambio de donativos.

Como parte del proceso, un Gran Jurado federal ha citado a varios funcionarios electos bajo la insignia del PPD, incluidos el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló Borrás, quien contaba con el empresario arrestado entre los miembros de su comité de finanzas de campaña.

Supo este medio que durante su comparecencia, Perelló tuvo que contestar preguntas sobre un contrato para la instalación de un cuadro telefónico que otorgó el cuerpo legislativo que lidera a la compañía de Hernández Pérez y sobre un evento de recaudación de fondos que este le organizó.

También han sido citados la exsecretaria de la gobernación de esta administración, Ingrid Vila Biaggi, y la senadora Maritere González.

Los tres funcionarios indicaron que no eran objeto de la pesquisa.

Antes, prestaron testimonio, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jesús Manuel Ortiz, y el presidente ejecutivo de la AAA, Alberto Lázaro, quienes informaron haber recibido múltiples llamadas del excomisionado del PPD, Eder Ortiz, y de Hernández Pérez solicitando el nombramiento de Sonia Barreto Colón como directora de la División de Compras y Logística de la corporación pública.

Fiscalía Federal realizará una conferencia de prensa a las 11:00 a.m. relacionada con estos arrestos.

El abogado de Hernández Pérez, Osvaldo Carlo, dijo en entrevista con Noticentro al Amanecer (Wapa TV), que su cliente esperaba que el arresto se produjera en estos días. Explicó que la detención se condujo de una fomra “normal”, pues los agentes llegaron al lugar donde se encontraba en el área metropolitana, le tocaron la puerta, le informaron de la gestión que realizaban y él se fue con ellos.

“Estábamos esperando en cualquier momento el arresto, por los recursos que se han empleado en esta investigación, que lleva más de un año en curso, donde los federales han levantado cada piedra en el camino para investigar”, dijo el abogado para el programa televisivo.

Aun así, estipuló que, según le ha contado su representado, entiende que no existe base suficiente para que este sea acusado criminalmente.

“Él siempre se ha sostenido en que no ha hecho nada ilegal, que no le ha pagado a ningún funcionario público”, sostuvo.

Carlo consideró que por tratarse la acusación sobre un crimen de cuello blanco y que su cliente no representa peligro para la sociedad, la magistrada Carreño Coll le podría conceder la posibilidad de pagar una fianza y este podría estar en su casa esta misma noche.

En diciembre del año pasado, el secretario general del Partido Nuevo Progresista, José Aponte, exigió su renuncia.