¿Cuánto más debe Puerto Rico continuar sufriendo las consecuencias del colonialismo? ¿Cuánto más debe esperarse para poner fin a esta tortura colonial estadolibrista de desigualdad, discrimen y humillación? ¿Cuánto más debe este pueblo presenciar vistas congresionales que nada resuelven, enfocadas en parchos, remiendos y hasta disparates de algunos congresistas? ¿Cuánto más le tomará a este pueblo darse a respetar exigiendo la igualdad de responsabilidades derechos y beneficios como ciudadanos americanos?
Independientemente de todo lo que se haya dicho en vistas congresionales como la del pasado martes en el Comité de lo Jurídico del Senado federal, lo más importante casi no se menciona. Puerto Rico es el resultado de las condiciones políticas, sociales y económicas del colonialismo impuesto unilateralmente durante 117 años por el gobierno de los Estados Unidos de América; principalmente por su Congreso bajo el más discriminatorio ejercicio de poderes absolutos bajo la Cláusula Territorial de la Constitución federal y con la complicidad de presidentes y jueces federales. Todos, por supuesto, con la cooperación de sus mayordomos coloniales en la Isla. Ningún puertorriqueño debe mirar a estas personas como seres superiores, mucho menos como juzgadores de esta crisis colonial, sino como iguales y, en el más amplio contexto de la realidad, como los principales responsables de la situación de Puerto Rico.
Hasta el Plebiscito de 2012, todos en la capital federal tenían la excusa de que Puerto Rico era una colonia discriminada porque esa, supuestamente, había sido la voluntad mayoritaria de los electores de Puerto Rico. Pero a partir de ese plebiscito, ese cuento se les acabó. Puerto Rico votó democrática y ampliamente: NO a la Colonia y Sí a la Estadidad.
Ningún congresista, por lo tanto, tiene fuerza moral para juzgar a Puerto Rico. A pesar de que la actual administración colonial de Puerto Rico es la más incompetente de la historia, los “señores” y las “señoras” en Washington DC no deben olvidar que, con sus defectos y virtudes, esta colonia es su criatura. Lo que deberían hacer es respetar el mandato plebiscitario democrático de ciudadanos americanos y pasarle por encima a la inacción del desgobierno colonialista con ese mandato. Buscar parchos y más remiendos como la Ley de Quiebras, las Juntas que quieran inventarse y una que otra asignación adicional de fondos federales, nada resolverán.
¿Por qué no se concentran en la raíz del problema… en la terminación de la colonia? Están tratando de curar un cáncer con aspirinas. Por eso los vemos frotarse las frentes y admitir que no saben qué rayos hacer con los problemas de Puerto Rico.
Orrin Hatch, senador de Utah, y Charles “Chuck” Grassley de Iowa, son dos excelentes legisladores, personas con trayectoria de prestigio, ambos tuvieron que trabajar en líneas de fábricas para costear sus carreras universitarias. Sus credenciales de vida, trabajo y servicio, son incuestionables.
Parece, sin embargo, que los mármoles del National Mall y el Capitol Hill los han transformado en dos semidioses juzgadores que tampoco parecen saber qué harán con sus juicios o prejuicios; por lo menos eso proyectan cuando tratan los asuntos de Puerto Rico. Están atascados en los pantanos del colonialismo.
Se olvidan que los problemas de Puerto Rico bajo la bandera americana comenzaron desde el 1898. Durante los últimos quince años, esos problemas acumulados centenariamente son más evidentes. La desigualdad y el discrimen colonial han sido las mechas de estas implosiones coloniales. Tanto Hatch como Grassley han estado en el Senado federal hace mucho más de quince años; el primero desde 1977 y el segundo desde 1981. Grassley también había sido miembro de la Cámara federal entre 1975 y 1981. Ambos han aprobado legislación discriminatoria para Puerto Rico. Discrímenes legislativos que ellos no hubieran aceptado jamás para los ciudadanos americanos de sus estados. Ambos, también ocupaban sus puestos congresionales cuando en 1980 el Tribunal Supremo federal resolvió el caso de Harris v. Rosario. Esa decisión judicial, basada en otros Casos Insulares que datan desde 1901, confirmó que el Congreso puede discriminar contra Puerto Rico al asignar fondos federales si existe una base racional. Y sepa usted que la base racional es que Puerto Rico es una colonia. Este caso tuvo su génesis en el hecho de que el Congreso había asignado menos fondos para los niños dependientes de familias pobres bajo el programa Aid to Families with Dependent Children (AFDC). Los demandantes alegaron que esa asignación discriminatoria violaba el derecho a la igual protección de las leyes que emana de la Quinta Enmienda de la Constitución federal.
La Constitución federal dispone que el gobierno federal “puede” tener territorios coloniales y, si los tiene, entonces serán administrados a discreción del Congreso. Pero esa Constitución “no obliga” al gobierno federal a tener colonias y tampoco lo obliga a discriminarlas. Por su parte, el caso de Harris estableció que a la hora de asignar fondos federales, el Congreso “puede” discriminar asignando menos a Puerto Rico que a un estado con igual población y necesidad. Pero ese caso de Harris “tampoco obliga” al Congreso a ese discrimen. Si tienen a Puerto Rico como colonia y si también la han discriminado, es porque así lo han preferido y no porque sea una obligación legal y mucho menos constitucional. Ese discrimen, tiene consecuencias. Y esas consecuencias acumuladas, las de sus propios actos, son las que tienen frente a ellos.
Claro está, en el otro lado está el argumento de que no se debe tratar igual a una colonia que no comparte iguales responsabilidades que las impuestas a los ciudadanos americanos y las corporaciones de un estado de la Unión. ¿Suena bien? Creo que sí y que ese argumento es extremadamente válido, sobre todo, justo desde el punto de vista de cualquier congresista. El problema que tienen los senadores Hatch, Grassley y todos sus pares es que el pueblo de Puerto Rico, ciudadanos americanos como ellos, ya votaron y adjudicaron esa controversia. Este pueblo reclamó la igualdad de responsabilidades, derechos y poderes con la estadidad. Ese mandato está sobre la mesa, pesa más que cualquier otra propuesta de parcho o remiendo que estén considerando para alargar la agonía de esta colonia. Frente a todo eso, hay una solución: Puerto Rico necesita un nuevo gobierno que haga valer su mandato.
Thomas Rivera Schatz, Ex presidente del Senado
Semana crucial
Esta semana será crucial para Puerto Rico. Y de vida o muerte para la administración García Padilla.
Este viernes es el último día en que el Congreso pudiera considerar añadir enmiendas a la legislación Omnibus bajo su consideración para incorporar alguna de las medidas que ha propuesto la administración Obama para ayudar a paliar la crisis fiscal que enfrenta Puerto Rico.
Las vistas en las comisiones de Energía y Recursos Naturales, Finanzas y de lo Jurídico en el Senado federal, dejaron la impresión de que sería difícil convencer a la mayoría Republicana en ese cuerpo de que le de su aval a las propuestas del Tesoro. Pero aún hay tiempo en el reloj.
Uno de los elementos que pudiera encontrar apoyo de último momento pudiese ser la idea de reestablecer la aplicabilidad a Puerto Rico del Capítulo 9 del Código de Quiebras federal. Como se sabe, ese capítulo aplicó a Puerto Rico en igualdad con los demás estados hasta 1984 y a estas alturas de la discusión nadie—ni siquiera la Comisión de lo Jurídico del Senado federal con jurisdicción sobre el asunto—ha podido aclarar por qué se cambió la ley para que dejara de aplicar a Puerto Rico.
Sabido es que la reticencia entre senadores de mayoría responde al fuerte cabildeo de fondos tenedores de bonos de Puerto Rico que argumentan que si se reestablece la aplicabilidad del Capítulo 9 a Puerto Rico, como mínimo, no debería aplicarse retroactivamente a la deuda que ellos tienen en cartera. Más allá de los por menores técnicos legales, ellos apuestan a que tendrían una mejor oportunidad de salvaguardar sus intereses en una negociación directa con el gobierno de Puerto Rico que en un procedimiento en el tribunal de quiebras federal.
Pero he aquí que el viernes pasado, en una movida sorpresiva, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos anunció que le daría paso a la revisión de la decisión del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, que afirmó la decisión del Tribunal de Distrito en San Juan invalidando como inconstitucional la Ley de Quiebra criolla que la Legislatura de Puerto Rico había aprobado el año pasado. Aunque el Tribunal Supremo seguramente se tomará unos meses en considerar, estudiar y decidir el caso, ahora, de repente, los fondos de inversión tendrán que decidir si mantener su oposición al Capítulo 9 y jugarse la posibilidad de tener que defender sus intereses en los tribunales de Puerto Rico si el Tribunal Supremo llegara a afirmar la constitucionalidad de la Ley de Quiebra Criolla. Negocio arriesgado.
La semana también será crítica para la administración García Padilla, toda vez que el gobernador anunció el fin de semana que había finalmente decidido si postularse o no a la reelección y que haría saber su decisión la semana que viene. Aunque el gobernador ha insistido en que nada concerniente al devastador operativo federal Botín de Guerra—que resultó en arrestos y acusaciones por corrupción tanto de funcionarios de su administración como de influyentes allegados a él—habría de influenciar su decisión al respecto, es difícil creerle.
Finalmente, esta semana también está en juego el futuro inmediato de estas Navidades, no solo en su aspecto comercial, sino también en términos de la alegría y esperanza con las que nuestro Pueblo normalmente las celebra. La administración queda emplazada para hacer un esfuerzo extraordinario y pagar el Bono de Navidad a los empleados públicos. Más allá del argumento que se pueda hacer al respecto de que esa bonificación debería ser revisada prospectivamente para que sea una bonificación basada en productividad o mérito, lo cierto es que hasta el presente esos empleados públicos han contado con el bono como parte de su compensación y dependen de él para poder celebrar la Navidad. Por demagógico y populista que suene, si se pudieron encontrar $350 millones para pagar la deuda del BGF el 1ro de diciembre, ¿no se pudieran encontrar $120 millones para pagar el bono?
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