Si la negociación con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) era el modelo para la renegociación del resto de la deuda de Puerto Rico…nos chavamos.

A principios de noviembre, el gobierno anunció con bombos y platillos que la AEE y el grupo ad hoc de sus principales acreedores habían llegado a un acuerdo que era “buenísimo” para Puerto Rico porque, entre otras cosas, los bonistas habían aceptado un recorte de un 15% de lo que se les hubiera tenido que pagar si no se hubiera renegociado la deuda.

Orondos, tanto la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta, como el propio gobernador García Padilla hicieron alarde del supuesto éxito de la tan cacareada renegociación con los bonistas de la AEE. De hecho, repitieron en innumerables ocasiones que la misma sería el modelo que Acosta y su grupo de asesores utilizarían para entablar la renegociación de toda la deuda del Gobierno de Puerto Rico y sus corporaciones públicas.

Para poder concretar tan fantástico acuerdo sólo haría falta—según explicaron Acosta y la Oficial de Reestructuración de la AEE, Lisa Donahue—afinar un par de detalles y que la Legislatura aprobara la legislación necesaria para viabilizar lo pactado. Enfatizaron que la aprobación de dicho proyecto de ley era parte del compromiso hecho por la AEE y el gobierno con los bonistas como parte del acuerdo alcanzado, por lo cual era imprescindible que se considerara y aprobara de inmediato. Es más, dijeron que si la Legislatura no actuaba de inmediato se pondría en riesgo el acuerdo y 15 meses de trabajo y más de $100 millones empleados en el esfuerzo pudieran irse por el chorro.

AGP ha sido y es la Personificación de las Mentiras, Falsedades y Engaños

Quedando pocos días en la sesión ordinaria de la Legislatura para poder atender el proyecto adecuada y responsablemente, se aseguró que se convocaría una extraordinaria.

Ahora resulta que la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de revisar la inconstitucionalidad de la Ley de Quiebra criolla aparentemente ha provocado picor en los ampulosos sesos de algunos de nuestros funcionarios. En un vergonzoso ejemplo de “jaibería” boricua, se les ha ocurrido la descabellada e irresponsable idea de detener el proceso legislativo que se había acordado con los bonistas, esperar la decisión del Tribunal Supremo (que pudiera tardar meses), ver si con esa decisión cambian las reglas de juego y, si fuera el caso, re-renegociar con los bonistas un nuevo acuerdo “más conveniente para el Pueblo”.

Lógicamente, los representantes de los bonistas han quedado con la boca abierta en asombro ante el desparpajo con el que funcionarios del gobierno de Puerto Rico, tanto electos como de administración, reniegan de su palabra empeñada.

¿Hasta cuándo señores? ¿Hasta cuándo van a insistir en destruir la credibilidad del Pueblo de Puerto Rico? ¿No acaban ustedes de entender que el reto principal que tenemos en esta crisis fiscal es la falta de credibilidad que ustedes mismos han provocado? ¿No se dan cuenta de que, precisamente, acciones como estas—que ustedes quieren justificar con la demagógica pretensión de que estarían buscando “un acuerdo más conveniente para el Pueblo”—lo que logran es reiterar una, y otra, y otra vez que los puertorriqueños no somos de fiar, no cumplimos nuestros acuerdos y compromisos y renegamos de lo que prometemos?

¿Con qué cara se va a presentar el gobernador en Washington hoy para tratar de cabildear ayuda del gobierno federal para paliar la crisis fiscal que atravesamos? ¿No se dan cuenta de que todos los funcionarios federales con los que se reúna habrán recibido ya los “bullets” explicando que el gobierno de Puerto Rico se está echando para atrás en el acuerdo que había alcanzado con los bonistas de la AEE?

No señores, ustedes habrán sido electos en las pasadas elecciones, pero eso no les da derecho para seguir mancillando la palabra de nuestro Pueblo.

Y al que pretenda presentarse de candidato para las próximas, más le vale reflexionar si con sus acciones ha ayudado a fortalecer o destruir la credibilidad de Puerto Rico ante el mundo.

Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.