El “Omnibus Bill” presupuestario del Congreso, o como diríamos en buen boricua el “Proyecto Guagua”, es una pieza legislativa en la que se integran todas las asignaciones de fondos federales para cada año fiscal. En la presente sesión congresional, la fecha límite para la aprobación de este proyecto es mañana viernes, 11 de diciembre. El Congreso, sin embargo, podría aplazar esa aprobación durante unos días o para el próximo año, luego de su receso navideño.
La importancia de esta legislación federal cada año es de incalculable valor para el gobierno federal, sus agencias, programas, los estados de la Unión y los territorios coloniales como Puerto Rico. Este año, sin embargo, el “Omnibus Bill” tiene una importancia política adicional para Puerto Rico, más allá del rutinario aspecto gubernamental. Aparentemente, la “decisión final” de Alejandro García Padilla de si aspira o no a la reelección está atada a que se apruebe esa legislación federal esta misma semana y a que el Congreso incluya algunas de las propuestas planteadas por el Presidente Obama y el Tesoro federal para lidiar con la crisis de esta colonia.
Esas propuestas para darle un poco de oxígeno a la colonia, plantean la inclusión de Puerto Rico en el Capítulo 9 de la “Ley de Quiebras” federal o la creación de un “Súper Capítulo 9 de Quiebras” para los territorios coloniales que permitiría reestructurar toda la deuda pública. Otras de las propuestas son crear una junta de supervisión o control fiscal federal que supervise las actividades presupuestarias y financieras del ELA; comenzar el acceso del ELA a más fondos federales de Medicaid; los créditos federales por ingresos devengados (EITC) y los programas para niños (CTC).
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Todo parece indicar que García Padilla cree que la aprobación del “Ómnibus” con “algo” adicional para Puerto Rico, le permitiría cantar victoria y hasta la exageración de la versión PPD de un “Nuevo Comienzo”. Pero García Padilla necesita más; necesita que la aprobación de este proyecto federal con “algo” adicional para Puerto Rico se produzca en o antes de la fecha límite para la radicación de aspiraciones primaristas en la CEE –el 30 de diciembre-. En su defecto, entonces su decisión política tendría que tomarse “a capela”, sin más instrumentos para intentar continuar gobernando que los que ya provee la colonia, si alguno. Si en ese escenario anunciara que desiste de ir al intento de reelección, entonces lo que Puerto Rico deberá entender es que un gobernador popular y estadolibrista “tiró la tolla” y confirma que la quebrada y desgastada colonia del ELA es más ingobernable de lo que algunos han dicho o piensan. Su retiro político confirmaría que con el ELA no hay nada que hacer ni buscar que continuar presenciando el derrumbe de Puerto Rico. Lo hemos dicho, hay que salir de este pantano colonial, haya o no algunas migajas adicionales.
De ordinario, en el Congreso las diferencias de opiniones no son simplemente entre demócratas y republicanos. Dentro de las delegaciones congresionales de cada partido nacional hay controversias y opiniones internas distintas. Cuando se trata de cómo rayos bregar con este engendro colonial que ellos mismos crearon y fomentaron, les surgen hasta cólicos. En esta ocasión, la situación se agudiza por varias razones.
Los republicanos controlan la Cámara y el Senado Federal. Los demócratas dominan el Ejecutivo, incluyendo al Tesoro Federal. Muchos republicanos consideran que el conjunto de propuestas presentadas por el Presidente Obama y el Tesoro son una “mala jugada” política o una lista de deseos con miras a procurarse el voto hispano en las elecciones presidenciales y congresionales de noviembre de 2016, principalmente el importante voto de los puertorriqueños en la Florida central. Es decir, crear el juego de apariencias de que los demócratas son buenos y generosos con los hispanos y los republicanos no. Muchos republicanos en el Congreso sostienen que no cederán a esa faena política de los demócratas. Plantean que tanto Obama como el Tesoro tienen facultades legales para otorgar a Puerto Rico muchas de las ayudas que ellos mismos proponen al Congreso, pero sin necesidad de la aprobación de legislación. Mientras tanto, el ELA y García Padilla se convierten en la bolita de ese ping-pong.
También hay que sumar las alegaciones de congresistas demócratas y republicanos en el sentido de que el actual desgobierno de Puerto Rico no tiene credibilidad, no presenta estados financieros auditados y ha administrado mal el presupuesto y los recursos locales. En fin, el ELA está en lo peor de lo peor; en la tormenta perfecta para un gran desastre.
A la luz de todo lo anterior, surgen varias preguntas. ¿Realmente, la aprobación de cualquiera de las propuestas de Obama y el Tesoro resolverán los problemas de esta colonia? No. Se trata de más parchos y remiendos coloniales. ¿Finalmente, el Congreso aprobará este proyecto con algunas de esas propuestas? ¿Será este un ómnibus sin parada en la colonia? Veremos, aunque de cualquier manera no representaría ninguna solución real para la recuperación de Puerto Rico ni para el logro de una economía fuerte y sostenible. No hay que rebuscar más. ¡Estadidad Ahora!
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