Aunque los proyectos presentados en el Congreso de Estados Unidos muestran interés hacia las necesidades de Puerto Rico, varios analistas y economistas opinaron que de aprobarse una entidad de control fiscal será como hacer retroceder los poderes de la Isla a inicios del siglo pasado.
Varios economistas entienden que la alternativa presentada solo refuerza el poder del gobierno federal en la Isla, y el efecto del status del colonialismo en las acciones congresionales.
Para el economista Elías Gutiérrez, con tales acciones “el país pierde total gobierno y opera un tipo de dictadura por un tiempo indefinido que la medida no establece. Esto genera una incertidumbre completa, detiene proyectos y asusta a los inversionistas. No hay manera de tomar decisiones. Esa Junta de Gobierno le quita las libertades al país. El mensaje del Congreso es uno claro de que por años la Isla a malbaratado los recursos y que somos unos irresponsables que no sabemos manejar nuestras finanzas”.
Abundó que las medidas son una especie de alivio, pero no resuelven el problema de flujo de efectivo. “De lo que se trata es de un paciente grave a quien el doctor opta por practicarle la eutanasia para resolver su problema de salud y eso nos están aplicando”.
En el caso del economista Santos Negrón, percibe que surgirán complicaciones constitucionales para Puerto Rico y los Estados Unidos. “Dicha junta deja fuera la posición de los cuerpos legislativos y la rama ejecutiva. Se pierde en su totalidad la autonomía fiscal, que es la joya de la corona de cualquier país. A su vez nos devuelve a la fase colonial primitiva. Si las medidas denotan que existe voluntad de ayudar y reconocen que Puerto Rico no puede salir de esta situación por su propia cuenta, lo controvertible aquí son los componentes para el logro de la aportación”, afirmó.
Negrón agregó que ante un momento tan decisivo, todas las opciones tienen que ser ev
aluadas, aunque sean difíciles. “El Congreso no va a prestar sin condiciones, y sin que medie un seguimiento del uso de esos dineros. Las alternativas son muy difíciles y definitivamente representan un retroceso para el país, pero hay que mirarlo todo”, sostuvo.
Para el economista Alfredo González, el hecho del Congreso plantear un proyecto para la Isla refleja que están conscientes de la gravedad de la crisis fiscal, pero no todo parece tan claro. “Estas medidas demuestran la prepotencia de los Estados Unidos ante el colonialismo en que vivimos. Con dicha Junta descartamos como derecho cierto grado de autonomía, la cual parece no respetarse. Se trata de poderes de control. Es un ultimátum del Congreso para el gobierno. Si no aceptas la junta no tiene los $3,000 millones. Es un abuso de poder”, sentenció.
González entiende que con el proyecto se pretende olvidar la legislación de autonomía de Puerto Rico, particularmente en el aspecto fiscal en el 1952, cuando se le concedió a la Isla dichos poderes. “Es una lucha de poder entre republicanos, demócratas y Obama, sin mayores reparos en lo que se va hacer, donde imperan las prioridades de los EE.UU. y no las de Puerto Rico”.
En el caso de la economista Heidi Calero entiende que los problemas de Puerto Rico los tiene que resolver Puerto Rico con decisiones muy difíciles, sin dejar nunca de honrar la Constitución, aunque eso conlleve dejar de pagar a los empleados públicos o los pensionados. “No creo que en el Congreso vaya a suceder nada. Es inaceptable que la Isla admita que son incapaces de dirigir su destino y que sean ellos quienes lo vengan a correr. Hay que tomar las riendas y honrar el repago del servicio de la deuda garantizado por COFINA y por la Constitución, aunque para ello se tengan que tomar medidas muy fuertes y desagradables”.
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Aclaró que en Nueva York como en Washington establecieron juntas de control fiscal que permanecieron por 11 años y 7 años, respectivamente. Enfatizó que la misma trajo consigo desempleo, recortes de beneficios para los retirados y alza en impuestos, entre otros. “Aceptarlo sería entregarnos como en los años 50. La Constitución de Puerto Rico se respeta, aunque ello implique sacrificios, reestructuraciones y dejar afuera agencias gubernamentales, entre otros”.
No obstante, no todos los economistas ven el proyecto de manera antipática. Hay quienes entienden es la salida más correcta para el país, así lo sostuvo el economista Gustavo Vélez, férreo defensor de una Junta de Control Fiscal Federal para la Isla, ante las escasas opciones que tiene el país para poder salir del serio problema económico en que se encuentra. “La medida nos otorga liquidez a corto plazo, antes que ocurra un colapso total como país y fiscaliza el buen uso de los recurso”, señaló.
Estas reacciones responden a las propuestas presentadas por los senadores Orrin Hatch (R-Utah), Chuck Grassley (R-Iowa) y Lisa Murkowski (R-Alaska), para proporcionar una solución fiscalmente responsable a la crisis creciente financiera, la deuda y los problemas económicos de 
Puerto Rico.
Ileanexis Vera Rosado, EL VOCERO
Graduada de Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez y egresada de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, con más de 20 años de experiencia como periodista en prensa escrita, radial y televisiva.
Lo indigno no es la junta
La vida no es perfecta. Los proyectos presentados ayer por miembros de la mayoría Republicana en ambas cámaras del tampoco lo son. De hecho, son sendos limones. Ojalá podamos hacer con ellos limonada.
Ambos tienen varios elementos positivos. De entrada, es alentador que provengan de la mayoría Republicana, cuyo liderato se había expresado reacio a si quiera considerar cualquier medida en auxilio de Puerto Rico, ni la legislación presentada por el Comisionado Residente Pierluisi, ni el conjunto de medidas recomendadas por la administración Obama. El que los proyectos sean de autoría Republicana aumenta la posibilidad de que al final del día, algo se apruebe. Que ello sea factible antes del receso navideño son otros veinte pesos.
En esencia, ambos proyectos impondrían una junta fiscal federal de amplios poderes de supervisión y control—por encima incluso de los poderes constitucionales locales—a cambio de los beneficios que le otorgarían a Puerto Rico.
El proyecto de la Cámara, presentado por el Rep. Sean Duffy, establecería un Consejo de Estabilidad Financiera a cambio de restaurar el acceso al Capítulo 9 del Código de Quiebras federal que Puerto Rico tuvo hasta 1984. Esto le daría a las corporaciones públicas, instrumentalidades y municipios de Puerto Rico—aunque no al gobierno central—la posibilidad de reestructurar sus deudas de una manera ordenada al amparo del Tribunal federal bajo el ordenamiento establecido en dicho código. El Consejo tendría cinco miembros nombrados por el Presidente con aval congresional.
El proyecto del Senado, presentado por los senadores Orrin Hatch, Charles Grassley y Lisa Murkowski, establecería una Autoridad para la Responsabilidad Financiera y Asistencia Gerencial de seis miembros—también nombrados por el Presidente con aval congresional—cuya junta designaría un “principal asesor financiero del gobernador” y controlaría una bolsa de $3,000 millones para “asistir en el problema de liquidez” de Puerto Rico.
Es difícil entrever qué legislación pudiera finalmente aprobarse, si alguna, a partir de estos dos proyectos. El beneficio para Puerto Rico que cada uno otorgaría es radicalmente diferente. El proyecto de la Cámara le devolvería a Puerto Rico—en igualdad con los demás estados—la posibilidad de reestructurar parte de sus deudas al amparo del tribunal federal, lo que representaría un importante alivio fiscal. El del Senado, asignaría $3,000 millones para “atender los problemas de liquidez”. Sabiendo de quien viene, no hay que ser genio para entender que el propósito de esa asignación es asegurar que Puerto Rico pueda pagar puntualmente lo que viene obligado a pagarle a los bonistas por los próximos dos años—o al menos una parte importante de las obligaciones generales—lo cual evidentemente también representaría un importante alivio fiscal.
A cambio, y aunque con distintos matices, ambos proyectos imponen la misma exigencia sobre Puerto Rico: una junta de control fiscal. El rechazo generalizado a esta exigencia por parte del liderato político local se entiende perfectamente. (Aunque en nuestra opinión, más importante que su nombre, o incluso su presunta misión, lo que será crucial para Puerto Rico será quiénes finalmente compongan dicha junta, si llegara a aprobarse.) Pero también se entiende perfectamente la exigencia congresional a la luz del vergonzoso desastre fiscal en el que nos han metido, tanto el gobierno de Puerto Rico con sus desacertadas acciones, como el gobierno federal con sus irresponsables omisiones.
A fin de cuentas, lo indigno no es la junta. Lo indigno es la precaria situación fiscal en la que estamos, cuyo génesis en efecto se remonta años, pero cuya responsabilidad inmediata recae sobre la administración que ha estado a cargo de la degradación a chatarra, del “me vale” y, finalmente, de la insolvencia.
Lo indigno no es la junta. Lo indigno es tener que pedir como limosneros sin siquiera presentar estados financieros auditados.
Lo indigno no es la junta. Al final del día, lo indigno es la condición territorial que permite que nos la imponga el mismo gobierno que nos trata con desigualdad pero en cuyas decisiones no participamos.
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