El comisionado residente, Pedro Pierluisi, dijo que en los próximos días, las opciones viables de que el Congreso atienda la crisis fiscal de Puerto Rico son que se incluya en el proyecto de presupuesto un mecanismo para reestructurar una parte de la deuda de la Isla y crear una junta de supervisión federal.
“Esto es lo que está sobre el tapete. Lo que queda por verse es si surge el acuerdo necesario de los líderes de ambos partidos en Estados Unidos para que se incluyan en la legislación presupuestaria ambas propuestas”, dijo Pierluisi. “Por otro lado, se mantiene el reclamo de que mejore el trato que recibimos en Puerto Rico con programas como el Medicaid y se nos incluya en programas de créditos contributivos. Sabemos que los líderes republicanos han propuesto que la clase trabajadora en Puerto Rico, por un periodo de, si mal no recuerdo, tres años, tengan que aportar la mitad de lo que normalmente aportan al Seguro Social”.
Según Pierluisi, de estas propuestas que están sobre la mesa, lo que tiene mayor probabilidad de ser aprobado es un mecanismo de reestructuración y la junta de supervisión federal.
LMM ante el Congreso USA al estar analizando la Ley 600 y al preguntársele si estaba consciente de que Puerto Rico se mantendría bajo la Clausula Territorial, contestó algo así como que aceptaba los poderes del Congreso por si Puerto Rico alguna vez se volviera loco, el Congreso podría intervenir y arreglarlo.
“Veo que líderes republicanos están proponiendo el pago reducido al Seguro Social y no creo que haya objeción. Ese otro incentivo también se ve como que pudiera ocurrir”, apuntó.
El Congreso retrasó para esta semana la aprobación de un proyecto denominado Ómnibus que incluye las asignaciones presupuestarias del Gobierno federal. Es en este proyecto que residen las expectativas del Gobierno para que se atienda desde Washington la crisis fiscal del país. El Gobierno ha estado cabildeando para que se incluya un mecanismo que permita a Puerto Rico reestructurar su deuda, incluyendo la opción de poder acogerse al Capítulo 9 de la Ley federal de Quiebras. Pero ya el Congreso ha dejado saber que si llega este mecanismo, no será sin una junta federal que supervise el presupuesto del país.
Los republicanos en Cámara y Senado radicaron sendos proyectos para crear una junta con amplios poderes sobre las decisiones fiscales del país. Según Pierluisi, estos no son los proyectos que están en la mira, sino la aprobación del Ómnibus con detalles que atiendan la situación de Puerto Rico.
El comisionado residente y precandidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) dijo que ya para hoy se debe conocer la determinación de la mayoría republicana sobre el presupuesto que aprobarán esta semana.
“Yo lo que espero es que se respete la deuda constitucional, que se respete toda la deuda que ha sido emitida por el ELA o avalada o garantizada por el ELA, pues ahí está empeñada la palabra de nuestro pueblo y nuestra Constitución”, dijo Pierluisi. “El mecanismo de reestructuración debe reconocer que ese tipo de deuda no se debe reestructurar a menos que sea como resultado de un proceso de una negociación”.
Sobre los proyectos radicados por congresistas republicanos, Pierluisi indicó que se trata de “propuestas”.
“Esos proyectos lo que hacen es levantar propuestas, pero lo que estamos ahora tratando de lograr es que algunas de las propuestas incluidas en esos proyectos sean parte de la legislación presupuestaria que se tiene que convertir en ley a más tardar este miércoles a media noche”, destacó Pierluisi. “Esos proyectos generan discusión y consideración, pero lo que está sobre el tapete es la legislación presupuestaria. En las áreas que veo más posibilidad es un mecanismo de reestructuración acompañado de una junta de supervisión fiscal o concilio de supervisión fiscal. Eso lo veo bien aspectado. De igual manera veo como posible el pago reducido al Seguro Social para la clase trabajadora”.
En cuanto a la posibilidad de que la administración de Barack Obama tome cartas en el asunto a través de actuaciones del Tesoro, Pierluisi dijo que “no estamos considerando o hablando de un plan B”.
“Mi reclamo al Tesoro siempre ha sido que deben considerar primero garantizar financiamiento a corto plazo para que no colapse la gestión pública y pueda cumplir con obligaciones tan básicas como el pago a suplidores y el pago del bono de Navidad. Yo pienso que un Gobierno que tiene serios problemas de liquidez, no tiene acceso a la banca, pues el Tesoro debe garantizar financiamiento a corto plazo que estabilice las finanzas del Gobierno”, concluyó Pierluisi.
Maricarmen Rivera Sánchez, EL VOCERO
Más de 15 años de experiencia. Asignada a cubrir temas legislativos.
El costo de la incertidumbre
La incertidumbre en torno a las aspiraciones políticas del gobernador Alejandro García Padilla ha costado caro.
Más allá del impacto político sobre su partido, la indecisión del gobernador en los pasados meses sobre si postularse o no a la reelección ha puesto el freno al proceso de renegociación de la deuda que, irónicamente, su administración ha tratado de impulsar con ahínco. Y esa demora nos puede costar cientos de millones de dólares.
Representantes de los acreedores, frecuentemente de visita en San Juan para entrevistarse con fuentes conocedoras, lógicamente buscan saber si la administración que, desde su punto de vista, los lleva por la calle de la amargura, si quiera va a buscar la reelección. Máxime cuando la mayoría de ellos percibe, a partir de las expresiones de los líderes de la oposición, que su suerte sería mejor si hubiera un cambio de administración en 2017.
Así las cosas—y de manera similar al detente que la administración misma parece haber puesto al proceso de renegociación de la deuda para ver si el año que viene el Tribunal Supremo federal cambia las reglas de juego a su favor—los bonistas están recalibrando sus estrategias antes de comprometerse a una negociación con una administración que pudiera tener sus días contados si su jefe decide retirarse.
Resultado: el tiempo ha corrido, la renegociación de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica—que era la única que estaba algo avanzada y supuestamente iba a ser el modelo para la renegociación del resto de la deuda pública—está en el limbo, el riesgo del impago se hace cada vez más ominoso y más costoso…y aquí se siguen deshojando margaritas.
Presumiblemente, esa incertidumbre llegará a su final con el anuncio que se espera que el gobernador haga esta tarde, pero al cierre de esta edición nada se sabía con certeza. En primer lugar, aunque no tendrá la presión de una candidatura política, las circunstancias le van a requerir que empeñe todas sus habilidades de liderazgo y el remanente del capital político que pueda aún tener para asegurar que la administración no se le desmorona en un momento tan álgido como el que Puerto Rico enfrentará el año que viene, particularmente en materia fiscal.
En segundo lugar, el gobernador tiene una responsabilidad constitucional de terminar su gestión. Aquí queda mucho trabajo por delante por los próximos 12 meses. Puerto Rico no puede darse el lujo de que la administración caiga en neutro por el mero hecho de que su cabeza ha decidido retirarse políticamente al cabo del cuatrienio.
Tercero, el gobernador retiene la obligación moral de descargar sus funciones en beneficio y en el mejor interés del Pueblo de Puerto Rico, no de ningún partido político. La historia lo juzgará severamente si en este último año de su mandato el primer ejecutivo tomare decisiones guiado por consideraciones político-partidistas, bien fuere para beneficiar las posibilidades electorales de su partido en los comicios que se aproximan o para hacerle la vida imposible a una potencial administración del partido de oposición a partir de enero de 2017.
Sea cual fuere la decisión que el gobernador anuncie esta tarde, hubiera sido mejor que la hubiese anunciado antes.
You must be logged in to post a comment Login