El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) diligenció ayer un allanamiento en las oficinas centrales de la Administración de Servicios Generales (ASG) y El Nuevo Día supo que el operativo es parte de la segunda fase de la pesquisa sobre el caso criminal que pesa contra el recaudador del Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi Javier Hernández Pérez.

A través de tres compañías en las que figuró como socio silente,  Hernández Pérez, acusado por las autoridades federales de corrupción pública, logró obtener $2.3 millones en contratos con la administración del gobernador Alejandro García Padilla en solo dos años y medio.

Hernández Pérez se las ingenió para conseguir distintos acuerdos con el gobierno sin aparecer en ninguno de los contratos ni entre los dueños de las compañías que los suscribieron, según se desprende de la acusación federal en su contra por conspiración, soborno, extorsión, destrucción de evidencia, declaraciones falsas, obstrucción a la justicia y lavado de dinero, entre otros cargos.

Esta cifra de $2,356,474 se suma a los $3.6 millones que Hernández Pérez consiguió en contratos con esta administración a través de sus dos compañías en las que sí figura como dueño, 3Comm Global y Links Group.  Hernández Pérez se benefició con un total de $6,058,282 en contratos en este cuatrienio.

Según el pliego acusatorio federal, Hernández Pérez logró que las compañías EKO Technologies LLC, JM Professional & Trainning Group y Waffler Avenue, LLC obtuvieran contratos y trato preferencial por sus contactos con esta administración del PPD.

El 8 de julio de 2013, EKO Technologies fue registrada por el agente residente y vicepresidente José Rodríguez, según se desprende del registro de corporaciones del Departamento de Estado. Esta empresa se dedicaría a la “consultoría, ventas e implementación de soluciones tecnológicas”.

El certificado de organización precisa que la persona autorizada en esta corporación es el licenciado Julio J. Pagán Pérez y el primer contrato de EKO Technologies se materializó el 10 de julio de 2014, precisamente con la ASG, donde se llevó a cabo ayer el allanamiento,  por un monto de $380,000 para ofrecer servicios técnicos.

Luego EKO Technologies consiguió un contrato con la Administración de Seguros de Salud (ASES) por un total de $52,500 para brindar servicio de consultoría relacionado con sistemas de información.

Después llegó el tercer contrato, que según el registro de la Oficina del Contralor, fue con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) el 13 de abril de 2015 para un programa piloto, pero no se desprende cuál es la  cuantía de este acuerdo.

Mientras, JM Professional & Trainning Group, otra de las corporaciones de las que Hernández Pérez era socio silente, aparece registrada en el Departamento de Estado el 8 de abril de 2010 por Carlos F. Luna Cruz, también acusado por el Gran Jurado federal por corrupción pública junto con el recaudador del PPD.

JM Professional & Trainning Group logró contratos este cuatrienio con la Administración de Desarrollo Laboral (ADL), dirigida por Sally López Martínez, otra de las acusadas por los federales por presuntamente favorecer al recaudador del PPD y amigo del gobernador a cambio de carteras, cenas de lujo y de taquillas para conciertos.

Según el registro de contratos de la Oficina del Contralor, el 17 de septiembre de 2013 JM Professional & Trainning Group suscribió un acuerdo con ADL por concepto de servicios profesionales para organizar y ofrecer ferias de empleo alrededor de la Isla por $200,000.

Este contrato fue enmendado por López Martínez el  3 de junio de 2014 para aumentarlo a $800,000.

Un mes exacto desde el primer contrato de JM Professional & Trainning Group con ADL, esta corporación logró otro acuerdo con esta agencia dirigida por López Martínez el 17 de octubre de 2013 por $300,000 para también organizar y ofrecer ferias de empleo alrededor de la Isla. Después de cinco enmiendas al acuerdo,  la última en septiembre de 2014, ascendió a $944,500.

En tanto, esta firma logró un contrato con el Municipio de San Sebastián el 28 de abril de 2015 para ofrecer servicios profesionales por $13,500. Este acuerdo fue concedido por la administración del alcalde del Partido Nuevo Progresista (PNP) Javier Jiménez Pérez el 28 de abril de 2015 por un monto total de $13,500.

Con Waffler Avenue, incorporada el 9 de julio de 2012 por Rey Emmanuel Ramón, siendo socio silente Hernández Pérez, logró un contrato con ADL el 8 de enero de 2014 por un total de $165,974.

Este acuerdo suscrito otorgó fondos a la corporación para entrenar a 42 nuevos empleados. Esta empresa también tuvo contratos con la Corporación para el Desarrollo Hotelero.