La falta de credibilidad no le ha permitido al Gobierno establecer la premura de ayuda federal para atender la crisis fiscal del Estado Libre Asociado (ELA) y no será hasta que estallen los eventos de impagos y las reclamaciones legales- a partir de enero- cuando podrán surgir posiblemente medidas reales para asistir a la Isla.

Economistas y analistas consultados por EL VOCERO señalaron que además de la aceptación de la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta Febo, de que en dos semanas incumplirán con la de deuda de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) y de que probablemente no pagarán la totalidad de intereses correspondientes a las Obligaciones Generales (GO´s), está claro que el dinero se agotó.

Con Acosta Febo en teleconferencia con la prensa local ayer tarde para advertir lo que se avecina, y el anticipo de “una crisis humanitaria bajo la bandera estadounidense” por parte del gobernador Alejandro García Padilla en Washington, la estrategia apunta directamente a un último llamado antes del colapso final de las finanzas del ELA.

“Yo entiendo que llegar al impago va a producir una estampida hacia los tribunales, lo que va a demostrar la necesidad de una estructura de manejo de quiebras. El mismo evento del impago va a mover los mecanismos que eventualmente traerán la ayuda para atender esa situación”, analizó el economista Vicente Feliciano, al tratar de descifrar la estrategia última del gobierno.

Sostuvo que aunque la posición de los bonistas es que no se necesita el Capítulo 9 de la ley de bancarrota de Estados Unidos, “si hay estampida hacia los tribunales va a ser evidente la necesidad de la quiebra”. Lo contrastó con la situación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que una vez se tomó conciencia de la falta de liquidez para la compra de combustible y se firmó la quiebra criolla, “esto propició una serie de decisiones que no se habrían dado… y eso mismo va a ocurrir en enero cuando no paguen otros emisores”.

Ayer tarde, a preguntas de EL VOCERO, en cuanto a la certeza de si no podrán pagar los $35.9 millones en bonos de AFI, Acosta Febo contestó: “te diría que sí se podría ser categórico”.

-¿En cuanto a los bonos de obligaciones generales (GO´s) no van a pagar completo los $331.6 millones en intereses?

“En el caso de los GO´s (garantizados por el Fondo General), en este momento no te puedo decir ni una cosa ni la otra”, señaló la presidenta del BGF.

El analista de la firma NewOak en Nueva York, Triet Nguyen, dijo a este diario que el modelo de crédito que han realizado “también muestra que no habrá suficientes fondos para los pagos de AFI en enero”. Sobre todo porque mediante la cláusula de “clawback” el dinero para cubrir sus vencimientos se dejó de enviar al fideicomisario y Acosta Febo admitió que estos no cuentan con reservas para responder.

“En general, creemos que el ELA ha perdido toda credibilidad, ya que se ha mantenido trayendo el dinero para pagar luego de decir que se han quedado sin liquidez. ¿Cuántas veces se puede seguir haciendo eso? También es una forma terrible de negociar con los acreedores que, por ahora, han estado bien suspicaz con los números que el ELA o el BGF les han dado”, comentó Nguyen.

Al cuestionamiento de si la llegada del impago y las demandas en tribunales harán actuar al Gobierno federal, Nguyen opinó que el Congreso parece que no será capaz de pasar ninguna medida antes de fin de año y “una vez que se ha producido un incumplimiento, incluso un incumplimiento parcial, el daño estará hecho y cualquier sentido de urgencia podría desaparecer”.

Para el economista y profesor con base en Washington, Arturo Porzecanski, en caso de que hubiese una estrategia para propiciar el impago de las deudas de más alta jerarquía para presionar al Congreso, “estoy convencido que ese tiro les saldría por la culata. Lo que quedó muy claro aquí en Washington esta semana es que si el Gobierno de Puerto Rico no acepta la instalación de una comisión federal de control financiero con súper poderes para resolver los problemas fiscales de fondo, entonces no hay ambiente como para que el Congreso haga nada -más allá de alguna cosa cosmética, como la que se hizo- para ayudar a la Isla”.

“Ahora que el gobernador ha decidido no presentarse para la reelección, lo que debería hacer es aprovechar el año que le queda para salvaguardar su ahora pésimo lugar en la historia de Puerto Rico, ya sea tomando las decisiones de fondo que no ha querido tomar, por más impopulares que sean con los funcionarios públicos, o dándole paso a una comisión federal para que lo haga en su lugar”, manifestó Porzecanski.

Al presente, la liquidez del BGF está cercana a los $700 millones, pero antes de terminar el año está el pago de su nómina por encima de los $200 millones, más otros gastos, lo cual le hará complicado cumplir con sus pagos a bonistas por $9.8 millones en enero.

En la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), a la que también se le quitó dinero de deuda mediante el “clawback”, está en duda el pago de $114.6 millones y que debe salir de los recaudos de la crudita. En este caso, Acosta Febo dijo que el fideicomisario tiene reservas que puede usar. El VOCERO preguntó si el fideicomisario podría levantar reclamos judiciales contra la ACT por no enviarles fondos para el pago de vencimientos, a lo que la funcionaria contestó en la afirmativa.

Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.

Carlos Antonio Otero, EL VOCERO

Periodista con 24 años de experiencia en la cobertura de temas económicos, política, tribunales y cultura en diferentes periódicos y revistas. Estudió periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón e historia y cultura puertorriqueña en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y El Caribe.