Pese a que el Congreso de Estados Unidos excluyó las medidas que proponían un rescate fiscal, el gobernador Alejandro García Padilla y el comisionado residente Pedro Pierluisi insistieron en que el gobierno federal todavía puede ayudar al País con la crisis fiscal.
García Padilla comentó que tomará la declaración pública del congresista de la mayoría Paúl Ryan, quien había señalado que el gobierno estadounidense proveerá solución antes de finales de marzo. Según el Primer Ejecutivo, lo propuesto por Ryan podría incluir la capacidad de reestructuración y un plan de crecimiento económico. Las expresiones surgen ante la aprobación hoy de la Ley Omnibus de Presupuesto del gobierno federal por parte de la Cámara de Representantes de Estados Unidos
“Después de semanas de presión agobiante por Wall Street, el Congreso nos negó justicia y debido procedimiento de ley –algo que no le iba a costar a los contribuyentes de Estados Unidos. De hecho, el Congreso incluso le negó a Puerto Rico una moratoria contra demandas y así permitirle al speaker Ryan producir un paquete legislativo que resuelva la crisis financiera de Puerto Rico como lo había prometido. Voy a tomar la declaración pública del speaker Ryan como un compromiso de que el Congreso nos proveerá una solución antes de finales de marzo, solución que debe incluir la capacidad de reestructuración amplia e integral y un plan de crecimiento económico”, afirmó.
Agregó que “una vez más, Wall Street demostró su control sobre el Congreso; Wall Street es quien manda en el Congreso. Ese poder se materializa claramente en el análisis financiero de fundamentos de inversión de los fondos de cobertura y los fondos buitres que controlan nuestra democracia. Wall Street ganó esta ronda, pero el sentido común, el debido procedimiento de ley y la justicia prevalecerá. Estoy seguro de que Puerto Rico va a prevalecer al final”, agregó.
García Padilla advirtió que esta crisis fiscal se convertirá en “una crisis humanitaria, bajo la bandera de Estados Unidos, y el Estado Libre Asociado será arrastrado a un litigio gigante y costoso, que impedirá la prestación, por parte del gobierno, de servicios esenciales a sus ciudadanos”.
A pesar de que el gobernador dijo sentirse preocupado por el futuro del País e indignado por la decisión, el comisionado residente Pedro Pierluisi se expresó “alegre” por la ley presupuestaria, ya que uno de sus proyectos incluye a los hospitales de Puerto Rico.
“Me alegra que la ley presupuestaria incluyera dos de mis proyectos de ley relacionados a la salud, uno que asegura que los hospitales de Puerto Rico reciban la misma tasa de pago base por el tratamiento a pacientes de Medicare que los hospitales de los estados, y la otra que le provee a los hospitales de Puerto Rico la misma elegibilidad que los de los estados para recibir bonificaciones de Medicare por el uso significativo de récords médicos electrónicos. Se estima que estos dos proyectos pudieran inyectarle casi $900 millones al sistema de salud de Puerto Rico durante la próxima década, lo que ayudará a mejorar el cuidado del paciente en la Isla”, dijo Pierluisi.
Pierluisi señaló que el informe que acompaña la Ley Omnibus expresa la preocupación del Congreso sobre la forma en que los Planes de Medicare Advantage son compensados por el gobierno federal, y le requiere al Departamento de Salud de Estados Unidos que someta un informe al Congreso a los 120 días de la aprobación del proyecto de ley presupuestario. “He luchado incansablemente por un trato justo para los 560,000 beneficiarios de Medicare Advantage en Puerto Rico, y esta directriz congresional es un paso en la dirección correcta”, afirmó.
Respecto al recate fiscal, señaló que “tampoco estoy satisfecho con que el proyecto no incluya alguna disposición para fomentar el crecimiento económico en el territorio de Puerto Rico, como un trato equitativo a los residentes de la Isla bajo el programa de crédito contributivo por ingreso devengado (EITC, por sus siglas en inglés) y bajo el programa de crédito contributivo por dependiente (CTC)”.
“Me satisface que el Presidente cameral, Paul Ryan, haya emitido una directriz a los comités de jurisdicción en la Cámara de Representantes federal instruyéndolos a confeccionar una solución legislativa en los primeros meses del año próximo. Me agrada que habrá nuevas vistas sobre el tema en cuanto el Congreso regrese del receso y comience la sesión en enero. La próxima será la sexta vista sobre Puerto Rico desde febrero del 2015, y espero que—contrario a las anteriores—resulten en acciones positivas”, puntualizó.
Según Pierluisi, la exclusión de alguna disposición en el proyecto presupuestario federal para ayudar a Puerto Rico amenazó con descarrilar la aprobación de la totalidad de la Ley Omnibus en el Senado federal.
“Finalmente, quiero decir lo siguiente. Trabajaré junto a todo el que ponga primero los mejores intereses de los 3.5 millones de ciudadanos americanos de Puerto Rico. Pero siempre tendré presente, y me aseguraré de recordarle a todos, el hecho más fundamental. La única razón por la que Puerto Rico puede ser—y es—tratado discriminatoriamente por el gobierno federal es por nuestro vergonzoso estatus político, el cual nos relega a una ciudadanía de segunda clase en la nación de la que somos parte. El que apoya este estatus, o pretende racionalizarlo, es cómplice de ese trato desigual’, puntualizó.
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