EL VOCERO / Archivo

Mientras la jueza presidenta Liana Fiol Matta, y su jueza administradora, Isabel Llompart, afinan las cuerdas vocales para sus cánticos navideños, ensayan el cierre de un círculo vicioso. Intercambiar las togas de coro por las judiciales, parece que ha surtido efecto; sobre todo encarnando las voces del Pueblo. Afinan los decibeles de cuerdas corruptas que el pentagrama judicial desafinó a son de batutas torcidas de directores previos. Con hidalguía intentan dar fin al teatro de sombras del despilfarro de fondos públicos en templos jurídicos. Lejos de ser un techado de virtudes, era el fiel retrato de quienes ostentaban lujo con escapulario ajeno. El dúo de voces enfocaron la luz perseguidora brillante realzando la verdad que a duras penas se podía esconder entre las tinieblas del poder.

Cierra el año con una nueva sede del Tribunal Apelativo (TA) y la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) para cortar los gastos en la Rama Judicial. Doce años desde nuestra denuncia documentada, cuatro jueces presidentes, cuatro gobernantes, informe de la Oficina de la Contralora, y pleitos a nivel local y federal, tardó actuar sobre un contrato leonino que a todas luces era evidente: la construcción de la sede previa del TA y OAT en el seno de Hato Rey, olía a azufre.

El trámite nebuloso ante ARPE avalando la construcción en terrenos inundables; un pleito judicial que repentinamente desvaneció en que inicialmente el Municipio de San Juan se oponía a la construcción de facilidades comerciales; la compra-venta de tierras entre Cleofé Rubí González (Mora Development) y Cesar Cortés García (Cecort Properties & Services Corp.) y los términos de la contratación, eran banderas rojas ante ojos que se hacían de la vista larga. El canon de arrendamiento de cerca de $1,000,000 mensual con la expectativa de una duración de 30 años, renovándose cada 10 años para evitar cumplir con los rigores de una pública subasta, le generaría a Cecort más de $360 millones. El corte de cinta en el 2003 y la fiesta extravagante entre la elite judicial que se vanagloriaba, mientras se le cantaba feliz cumpleaños al entonces juez presidente José Andreu García era un poema de los excesos de la oligarquía política esquilmando las arcas públicas. El puntillazo certero del juez federal Fusté en que sentenció que el contrato era nulo (Cecort Realty Development, Inc. vs Isabel Llompart Zeno, Civil No. 3:15-cv-01335, Opinion and Order, 24 abril 2015, p. 29, 36) por haberse incumplido con los rigores de una subasta pública, aceleró finiquitar el nefasto capítulo. Al descubierto quedó el despilfarro de fondos públicos, por parte de los jueces presidentes que encabezaron dicho esquema: José Andreu García que lo puso en marcha, Miriam Naveira Merly cuya presidencia breve sirvió de puente al juez presidente Federico Hernández Denton, quien tomó la batuta junto a su administradora Sonia Ivette Vélez Colón para completar el maratón contractual de una década.

El duo Fiol Matta y Llompart Zeno dejó en estocada a Cecort, mientras aceleró la mudanza a su nueva sede en el edificio del antiguo Westernbank (World Plaza). Al margen de las razones tras la compra de dicho edificio bajo el gobierno de Luis Fortuño, por la Administración para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) por $27 millones, originalmente para albergar al Departamento de Justicia (Informe de Transición, 5 diciembre de 2012, p. 2), ahora supone ahorros a la Rama Judicial. Veamos.

Según datos de la Oficina de Prensa de OAT, la Rama Judicial desembolsaba cerca de $13.8 millones anuales por los dos edificios de Cecort con sus correspondientes estacionamientos y gastos de servicios adicionales. En contraste, en su nueva sede en World Plaza, se pagarán $4.1 millones anuales a un edificio propiedad del gobierno; representando un ahorro de cerca de $10 millones anuales. Ello equivale a cerca de $200 millones en ahorros, del contrato original con Cecort por 20 años adicionales. A pesar del estimado de $14.2 millones del arquitecto Antonio Suárez para Cecort cuando declaró ante el tribunal federal (Cecort vs Llompart, 17 de abril 2015), se logró su remodelación a un costo de $9.6 millones que aportó OAT y $3 millones que aportó AFI, para un total de $12.9 millones. De los $9.6 millones aportados por OAT, se alega recobrarán $2.5 millones en ajuste por canon de alquiler; así reduciéndose la inversión en la remodelación a $7.1 millones; o sea 50% menos de lo que hubiese costado la remodelación con su antiguo casero Cecort. Aunque el cerco de Cecort se rompió, ¿y qué de sus viejos cómplices? ¡La corrupción no prescribe!