El Amo habló. A los(as) súbditos(as) coloniales se les desborona la capa fina de polvo opaco del “compacto” con que maquillan la realidad ineludible. “Lo mejor de los dos mundos” se desvanece ante la mirada atónita de quienes han quedado desenmascarados-as. “Lo peor de dos mundos” es lo que nos ha traído al hundimiento del embauque boricua. La oligarquía política que se pensaron dueños de la gran hacienda Puerto Rico, despilfarrando nuestros fondos públicos hasta convertirnos en Puerto Pobre, se les dificulta asumir la realidad. Puerto Rico es un territorio-colonial bajo los poderes plenarios del Congreso de EEUU. Haber recurrido para auxiliarnos a la casa del Amo, sirvió para zarandearles la verdad en la cara. La Rama Ejecutiva y Legislativa de los EEUU de Norte América han hablado claramente; ahora le toca su turno al Tribunal Supremo de los EEUU.
Usando de pretexto al pleito ante la consideración del Tribunal Supremo de los EEUU, sobre la posible doble exposición en un caso criminal, el Departamento de Justicia Federal claramente se expresó sobre la relación territorial-colonial. “Congress’s plenary authority over federal territories includes the authority to permit self-government, whereby local officials administer a territory’s internal affairs”… “But when Congress does so, local officials exercise ‘power’ conferred on them, not any inherent sovereign power of the territory”…. “the extent of the power thus granted is up to Congress, at all times subject to such alterations as Congress may see fit to adopt” (Commonwealth of PR vs Sanchez Valle, Case No. 15-108, December 2015, p. 17). Más claro no canta un gallo.
El poder del Congreso le ha permitido a Puerto Rico “administrarse” internamente, luego de aprobarnos una Constitución, a imagen y semejanza de su sistema de gobierno republicano; contra-balanceándose tres poderes. El Congreso de EEUU nos otorgó la ilusión óptica de “apoderamiento” al permitirnos ensayar la democracia de forma delimitada. El Congreso siempre mantuvo la tranquilla del ejercicio pleno de su poder soberano sobre su territorio. Claramente la relación territorial-colonial implica que estamos sujetos a lo que sobre nosotros decida dicho Congreso, sin poder alguno de participar en la mesa de negociación en equidad de condiciones con voz, y sobre todo, voto. A menos que los(as) súbdito(as) luchemos por resignificar el alcance de nuestros derechos inalienables, la ciudadanía “americana” otorgada, lejos de ser un pasaporte para el disfrute de los mismos, parece ser sólo un carimbo con que se marca su propiedad territorial.
La crisis fiscal de Puerto Rico por el mal manejo de fondos públicos, despilfarro y corrupción, ha exigido mirar al monstruo a los ojos. En momentos álgidos, la democracia abre los círculos cerrados en que la oligarquía política se malacostumbra a sellar sus “pactos” secretos para distorsionar la realidad, a tener que ventearse los desmanes en vistas del Congreso y procesos judiciales públicos. El cuento del lobo del posible impago a bonistas, abrió los portales a la prensa internacional, tildándonos la “Grecia del Caribe”. Ya no somos el mejor secreto guardado bajo el yugo de la nación de los EEUU de Norte América que como policía global pregona la libertad de los pueblos. Ante los ojos del mundo se vigila, qué hará los EEUU con su territorio-colonial.
La respuesta del Amo no se hizo esperar. El proyecto de ley radicado ante el Senado de los EEUU (S. 2381, 9 diciembre de 2015) establece una junta de control fiscal (Commonwealth Financial Responsibility and Management Assistance Authority, Ibid, p. 25) que velaría por cada centavo que gaste su territorio-colonial. En la praxis, revoca la facultad de “auto-gobierno” en su territorio-colonial, convirtiendo al gobernante electo en una marioneta para ejecutar lo que se le ordene. “The Governor shall develop and submit to the Authority”…“a financial plan and budget for the Commonwealth”, cumpliendo con los requerimientos específicos establecidos (Ibid, Sec. 324, p. 49). “If the Authority determines that the financial plan and Budget for a fiscal year submitted by the Governor”….“meets the applicable requirements,”… “the Authority shall approve”. (Ibid, (3)(A)(i), p. 52). A pesar de que este proyecto de ley no ha sido aprobado, es un asunto que podría matizarse por el Tribunal Supremo de EEUU. En otro caso ante su consideración, ¿se favorecerá la potestad que tiene el territorio-colonial para legislar su “propia quiebra criollo” o devolverá el asunto a los poderes plenarios del Congreso de EEUU donde ya se les quitó dicha posibilidad a nivel federal? Lejos de dejar que otros decidan por nosotros(as), ¿nuestra quiebra fiscal nos llevará a redefinir la relación política con los EEUU de Norteamérica?
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