WASHINGTON, DC.- El Tribunal Supremo de Estados Unidos celebró ayer una vista oral en la que discutió si Puerto Rico tiene soberanía propia o si, a pesar de que la Isla tiene su propia Constitución, el poder último radica en el Congreso de Estados Unidos.
Aunque el Gobierno de las Islas Vírgenes cuestionó, como amigo de la corte, la jurisdicción del Tribunal Supremo en el caso, este tema no se discutió en la audiencia y en vez se debatió de lleno sobre de dónde surge el poder de Puerto Rico para aprobar sus leyes, si de su soberanía o del Congreso estadounidense.
La vista surge en el marco de un caso que cuestiona la doble exposición a un mismo delito planteado en el pleito Puerto Rico v. Sánchez Valle.
Luis Sánchez Valle y James Gómez Vázquez fueron acusados en el tribunal de Puerto Rico de vender armas sin licencia bajo la ley de Puerto Rico. Ambos hicieron alegación de culpabilidad en la corte federal por el mismo delito y después solicitaron la desestimación de los cargos bajo la ley puertorriqueña para enfrentar menos tiempo de prisión. La Constitución de Estados Unidos prohíbe que se acuse dos veces por los mismos hechos a una persona, excepto que se trate de soberanos distintos como sucede con los estados y las tribus indio-americanas.
La determinación del alto foro estadounidense sobre este caso no se sabrá hasta verano de este año, aunque ha trascendido que pudiese surgir una expresión durante la primavera.
La vista oral del Tribunal Supremo contó con la participación activa de la jueza de origen puertorriqueño, Sonia Sotomayor, quien cuestionó qué quiere decir “Estado Libre Asociado” (ELA) al licenciado Christopher Landau, representante legal del Gobierno de Puerto Rico.
“¿Usted sabe por qué (el Congreso) no usó esa frase (ELA) en el pacto con Estados Unidos?”, cuestionó Sotomayor, provocando risas entre los presentes en la sala.
“Creo que pensaron que ‘Commonwealth’ era una palabra más natural en inglés. No estoy seguro, su señoría”, se limitó a decir Landau.
“Yo creo, porque he visto la Ley, que no lo hicieron porque ‘Estados’ tiene un significado diferente en Estados Unidos”, contestó Sotomayor.
Otro juez activo en la discusión fue Stephen Breyer, quien cuestionó a la asistente del procurador general de Estados Unidos, Nicole Saharsky, la postura asumida por el Ejecutivo estadounidense que señala que Puerto Rico es un territorio sin soberanía propia.
Saharsky reiteró que pese a que Puerto Rico tiene una Constitución, el Congreso puede revisar los acuerdos que hizo con la Isla.La abogada dijo que su argumento descansa en la cláusula territorial.
Además, reiteró que la posición del Ejecutivo de los Estados Unidos es que es fundamentalmente inconsistente con el diseño constitucional sobre los territorios que se le permita al Congreso conceder soberanía para efectos de doble exposición a un territorio mientras este sigue sujeto al poder plenario del Artículo IV de la Constitución federal.
El juez Breyer pareció en varias ocasiones respaldar que Puerto Rico tiene soberanía propia al apuntar que el Congreso delegó su poder en 1952 al crearse el ELA. Destacó que Estados Unidos fue a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y afirmó que Puerto Rico dejó de ser una colonia.
Agregó que cambiar las determinaciones de los casos insulares tendría una implicación legal y política “enorme”. Sotomayor se hizo eco de las implicaciones políticas de este caso.
La participación del juez presidente John Roberts fue limitada y giró en la dirección del proceso y a cuestionar de dónde proviene la autoridad del Gobierno de Puerto Rico para hacer sus leyes.
Los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas no hicieron preguntas. En el caso de Thomas parece ser lo común porque desde hace años no formula preguntas en las vistas orales.
Mientras, el juez Anthony Kennedy, reconocido por ser el voto cambiante, adelantó que es improbable que el Tribunal Supremo revoque cuatro precedentes que sostienen que el tema de soberanía y la última fuente de poder son las guías para decidir si aplica o no la protección constitucional contra la doble exposición.
La jueza Elena Kagan también tuvo una participación activa a través de toda la audiencia. Kagan hizo preguntas a los tres deponentes y sus cuestionamientos giraron principalmente sobre la autoridad del Congreso de delegar soberanía a un territorio y sobre si la intención del Congreso en 1952 fue conceder a Puerto Rico autoridad soberana sin convertirlo en un estado de la nación. La jueza Kagan increpó a Landau sobre si la postura del Gobierno de Puerto Rico no tiende a sugerir que es precisamente el Congreso de Estados Unidos quien está “en el asiento del conductor” y que por lo tanto es la última fuente de poder.
A la pregunta de la juez Kagan, Landau contestó que el Congreso tiene poder plenario sobre los territorios y que ese poder le da autoridad para conferir ese tipo de soberanía.
El juez Kennedy luego categorizó ese poder, según descrito por Landau, como una “soberanía interina” y solicitó al letrado ejemplos análogos en el derecho internacional al tiempo que dijo que desconoce de su existencia.
Ante preguntas de Breyer, Sotomayor y Kagan, el abogado Adam G. Unikowsky, representante de los acusados Sánchez Valle y Gómez Vázquez, enfatizó que existe una distinción constitucional entre una delegación de poderes y una concesión de soberanía.
Unikowsky argumentó que el récord legislativo es claro en establecer que entre 1950 y 1952 lo que ocurrió con Puerto Rico fue una delegación de poder y no una concesión de soberanía.
Durante el turno de Unikowsky se suscitó un intercambio que llamó la atención entre el juez Antonin Scalia, juez de mayor antigüedad en el foro colegiado, y el juez Breyer. Ambos protagonizaron un breve debate sobre las expresiones del Gobierno de los Estados Unidos ante la ONU que resultó en la remoción de Puerto Rico de su listado de colonias. Ante la discusión, el juez presidente Roberts, notificó a los togados que debían involucrar al abogado de las partes en el diálogo y así concluyó el debate entre los dos jueces.
Luego de que cada uno de los tres deponentes consumió su turno, el licenciado Landau finalizó discrepando de la abogada Saharsky sobre cuál es el análisis correcto para determinar controversias relacionadas a doble exposición.
Landau expresó que no se trata sobre distinguir entre estados y territorios, sino sobre reconocer que la Constitución del ELA representó una transformación fundamental y que Puerto Rico representa un “experimento constitucional único” en la historia estadounidense. Landau cerró su argumentación final con una súplica al máximo foro federal que no le quite la Constitución al pueblo de Puerto Rico.
Pero la asistente del procurador general de Estados Unidos instó a los nueve jueces del Supremo a concluir que “la última fuente de poder de los territorios -como es el caso de Puerto Rico- se deriva del Congreso”.
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