La discusión surgida hoy, miércoles, en una vista argumentativa ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre si Puerto Rico tiene soberanía propia para efectos de la cláusula constitucional de doble exposición, que prohíbe que un mismo gobierno soberano acuse dos veces por los mismos hechos a una persona, generó una avalancha de reacciones de políticos boricuas.

Además, la discusión, como se esperaba, avivó el debate sobre status político. Al respecto, el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, resaltó que el gobierno de Barack Obama, en voz de la Procuradora General Auxiliar, Nicole Saharsky, reiteró que el Congreso tiene control de la Constitución de Puerto Rico.

«La Procuradora General Auxiliar de Estados Unidos expresó con toda claridad y sin evasivas que el Congreso tiene el poder de derogar o cambiar nuestra Constitución, que cuando aprobó nuestra Constitución no le otorgó soberanía a Puerto Rico y que conforme a la Constitución de Estados Unidos como único el Congreso puede otorgarle soberanía a Puerto Rico es admitiéndolo como un estado o concediéndole la independencia», sostuvo PIerluisi en declaraciones escritas.

Según el precandidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), la expresión que constituye la posición oficial del gobierno estadounidense, «confirman» que las dos alternativas que tiene sobre la mesa Puerto Rico ahora son la estadidad o la independencia.

El candidato a gobernador del Partido Popular Democrático (PPD), David Bernier, opinó que la audiencia ayudará a dilucidar el debate sobre el status político.

“Me parece una gran oportunidad que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos optara por escuchar la argumentación relacionada al caso Puerto Rico vs. Sánchez Valle.  Independiente de la controversia sobre doble exposición, el que puedan expresarse de forma certera sobre la relación jurídica y política entre los Estados Unidos y Puerto Rico, ayudará a dilucidar la problemática de nuestro estatus político.  Una expresión del Tribunal, independiente de lo que diga, habría que usarla como punto de partida en un esfuerzo conjunto y con una misma meta, el bienestar y desarrollo de Puerto Rico”, dijo Bernier en declaraciones escritas.

Mientras, María de Lourdes Santiago, candidata a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), manifestó en su cuenta de Facebook que la posición de la Oficina del Procurador General de Estados Unidos sirve para «destapar de una vez y para siempre la inferioridad política del ELA».

«La claridad con que la Procuradora Adjunta indicó que están plenamente conscientes de las consecuencias internacionales y políticas de su planteamiento, confirma la voluntad de generar una discusión trascendente sobre el estatus de Puerto Rico», dijo la senadora.

Santiago tronó contra el abogado contratado por el Departamento de Justicia de Puerto Rico, Christopher Landau, quien dijo en la vista que no reclaman una «soberanía con S mayúscula», sino un poder delegado a la Isla a través del voto de los puertorriqueños en 1952, por el cual el Congreso entregó la fuente de poder última sobre sus asuntos locales al pueblo de Puerto Rico.

«Es la patética manifestación del empeño en disfrazar como un asunto de principio compartido la defensa del colonialismo, a pesar de éste haber sido claramente repudiado en la consulta de noviembre de 2012. Es la manifestación enferma de los que han elevado a rango de principio la defensa del colonialismo consentido», afirmó Santiago.

A juicio de la representante Jennifer González, precandidata al cargo de comisionada residente en Washington por el PNP, las preguntas formuladas en la vista demuestran que el Tribunal Supremo está evaluando con gran profundidad si en 1952 realmente se dio un cambio de status en Puerto Rico.

«El coloquio que se escenificó hoy, que giró más en torno a qué soberanía, si alguna, tiene Puerto Rico, más que en torno al concepto de derecho penal de doble exposición o ‘double jeopardy’, nos ilustra lo que hemos venido denunciando durante todos estos años, que vivimos bajo una sombra de incertidumbre bajo el estatus político actual; a su vez nos llena de esperanza de que hay una preocupación real en el Supremo de que aquellos que trataron de convencernos de que el llamado ‘estado libre asociado’ es un status político al de territorio perpetraron un enorme engaño sobre el pueblo de Puerto Rico durante los pasados 60 años», dijo González en un comunicado de prensa.

Por su parte, en su cuenta de Twitter el senador popular Ramón Luis Nieves planteó que no importa la decisión que eventualmente tome el Tribunal Supremo de Estados Unidos, «está claro que el gobierno de EEUU (el socio?) no cree en el ELA».

Ante esta «actitud anti-ELA» y la postura del gobierno federal, «los Populares tenemos que insistir en un ELA no colonial, no territorial», puntualizó.