WASHINGTON – El debate político general al que se enfrenta el Tribunal Supremo de EE.UU., en el caso Puerto Rico versus Sánchez Valle, está  sobre la mesa: ¿Es el llamado Estado Libre Asociado  una creación del Congreso distinta al mero territorio y al cual le otorgaron poderes autonómicos que ahora no se le pueden arrebatar?

Pero, expertos no están convencidos aún –pese a la claridad con la cual jueces acentuaron que la última fuente de poder sigue estando en el Congreso–, de que el máximo foro judicial federal quiera “morder esa bala”.

Piensan que como tribunal  los jueces  dejarán su sentencia en la controversia legal inmediata: si Puerto Rico tiene soberanía para efectos de la cláusula constitucional  contra la doble exposición por  cargos criminales.

“Las preguntas que hicieron (en la argumentación oral) fueron dirigidas a explorar todas las posibilidades, incluyendo el debate de si el Congreso, bajo la cláusula para territorios de la Constitución de EE.UU., puede incluso renunciar, aunque pueda recuperarlo,  a algún poder sobre el territorio. En ese sentido, es evidente que solo dos jueces –Stephen Breyer y Sonia Sotomayor– se inclinan a buscar una solución positiva para el ELA”, indicó Carlos Ramos González, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana.

Para el constitucionalista  Ramos González, la sesión del miércoles reflejó que “la mayoría de los jueces se inclinan a pensar que Puerto Rico sigue siendo un territorio sujeto a los poderes plenarios del Congreso”, aunque haya alcanzado un mayor grado de autonomía en el proceso de 1950 a 1952 que terminó con la adopción de la Constitución del ELA.

Lo que sí quedó reafirmado con fuerza en esa audiencia es el convencimiento del  gobierno del presidente Barack Obama de que el poder del Congreso sobre la Isla no ha cambiado desde que el propio Tribunal Supremo de EE.UU., en los Casos Insulares del pasado siglo, fundamentó el control legislativo sobre los territorios.

“¿Puede el Congreso revisar el acuerdo con Puerto Rico? La respuesta es que sí, y eso surge de la estructura de la Constitución y su historia”,  indicó  Nicole Saharsky, procuradora general adjunta EE.UU.

Antes de la intervención del Procurador General de EE.UU. –que litiga los casos ante el Tribunal Supremo a nombre del presidente Obama–, Luis Avilés, profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Puerto Rico, pensaba que el foro federal iba a revocar al Tribunal Supremo de Puerto Rico, utilizando como base jurisprudencia del Primer Circuito de Apelaciones de Boston, que revisa los casos de San Juan, que reconoce al Gobierno de la Isla como una fuente de derecho independiente para términos de la doble exposición.

Todavía considera que aunque tenga que hacer malabares, el Tribunal Supremo de EE.UU. va a revocar a la Corte Suprema de Puerto Rico, que determinó que por estar  sujeto a los poderes del Congreso el Gobierno de la Isla no tiene autoridad para juzgar en sus cortes por los mismos hechos a personas enjuiciadas a nivel federal.

“Va a decir que entre 1950 y 1952, el Congreso le dio un (tipo) de autogobierno a Puerto Rico, que la procuradora adjunta llama autonomía, y que esa autonomía es suficiente para propósitos de la cláusula de doble exposición. Y lo van a dejar ahí”, indicó Avilés, quien fue presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica bajo la administración de Aníbal Acevedo Vilá.

Avilés piensa que la posición asumida por el gobierno del presidente Obama lleva el mensaje de que el debate sobre la soberanía general de Puerto Rico es una cuestión política que las ramas políticas atenderán.

Papa caliente

El abogado estadista Domingo Emanuelli percibe todo lo contrario. “La Casa Blanca sabe que en el Congreso no hay mucho ambiente para el status. Han tirado la papa caliente en las escalinatas del Tribunal Supremo de Estados Unidos” a ver si les ayudan a empujar  una solución, indicó Emanuelli.

Aunque quisiera que el Tribunal Supremo de EE.UU. fije una posición oficial sobre la ausencia de soberanía general  y el marco jurídico  del status territorial actual, Emanuelli coincide en  que una mayoría de los jueces buscará la forma de reconocer alguna autoridad a la Isla para defender la idea  de que hay un sistema criminal independiente al federal,

“Tienen o deberían tener claro que Puerto Rico es un territorio sin soberanía propia, pero –para el caso Puerto Rico versus Sánchez Valle– van a tener que tratar de buscarle la vuelta”, afirmó Emanuelli.

Aunque fue limitada la referencia formal a los Casos Insulares –que a principios del siglo pasado establecieron la doctrina de que territorios no incorporados como Puerto Rico, pertenecen a, pero no son parte de EE.UU.–,  Ramos González sostuvo que son la base  de las expresiones de Breyer y Sotomayor a favor de que el Congreso pueda reconocer “arreglos especiales” con sus territorios que obliguen a futuros Congresos.

“Toda la tesis de Breyer y Sotomayor de que se puede ser creativo con respecto a los territorios está fundamentada en los Casos Insulares, por entender que la cláusula territorial le da flexibilidad al Congreso para disponer del territorio o reglamentarlo como lo estime apropiado, siempre que no viole derechos fundamentales”, agregó.

El profesor Ramos González no puede divorciar la posición asumida por el gobierno del presidente Obama en el caso Puerto Rico versus Sánchez Valle de la propuesta, aceptada por la Casa Blanca, de crear una junta federal que controle o  supervise las finanzas de la Isla.

“El proyecto político del ELA fracasó. No sé si va a ser el caso de la doble exposición o el de la quiebra criolla el que les hará entrar en la naturaleza del ELA –afirmó el constitucionalista Ramos González–, pero si no son estos casos, será otro que va a surgir pronto”.