El ELA es Peor de lo Peor – AGP/PPD No han podido definirlo en 62 años – El ELA Soberano es la República Bananera y regresar al Componte, a ser como Haití.

– 1-15-16

En la anterior columna de esta serie, comenzamos a desmenuzar las histéricas e inconsecuentes reacciones de los colonialistas frente al alegato presentado en el Tribunal Supremo Federal por el Procurador General de los Estados Unidos, Donald Verrilli. Ese alegato se relaciona con el caso de “Pueblo vs. Sánchez Valle”, cuyo foco central es si una persona puede ser “doblemente expuesta” por los mismos hechos criminales en los tribunales coloniales del ELA y en las cortes federales. Es decir, si este territorio colonial posee soberanía “primigenia”, original o primaria para poder acusar a un ciudadano en los tribunales locales cuando está siendo o ha sido procesado a nivel federal por los mismos hechos criminales. Recordemos que tanto la constitución federal como la colonial prohíben la “doble exposición” en casos criminales. Está resuelto, sin embargo, que el Gobierno federal y cada estado de la Unión tienen su propia soberanía. Lo que está por verse es si Puerto Rico, como territorio colonial, posee la soberanía suficiente para eso. La ausencia de esa soberanía propia impediría que el gobierno colonial pueda acusar a un ciudadano por los mismos hechos criminales que ha sido acusado o convicto a nivel federal. Por su parte, la posición expresada por Justicia federal en su alegato es que el ELA es un territorio colonial que carece de soberanía propia porque la misma reside en la autoridad constitucional, primaria y plenaria, que el Congreso tiene sobre el ELA.

Lo cierto es que, independientemente de lo que resuelva el Supremo Federal en este caso, el ELA ha sido, es y continuaría siendo una colonia. De hecho, así lo ha reiterado ese tribunal en todas sus decisiones anteriores sobre Puerto Rico. Desde el primer Caso Insular en 1901, el Supremo ha demostrado una cuestionable creatividad para inventarse remiendos jurídicos que traten de justificar el discriminatorio colonialismo estadounidense. Para el Supremo Federal los ciudadanos de esta colonia pueden ser tratados de una manera para unas cosas y discriminados en otras. Precisamente, ese enredo del gobierno y las cortes federales es lo que constituye el colonialismo que nos han arrastrado hasta esta crisis.

Cualquier cosa que resuelva el Supremo en torno a la “doble exposición” como, por ejemplo, que la misma es constitucional aunque el ELA sea una colonia, en nada resolverá los problemas políticos y socioeconómicos de discriminación, de falta de derechos y la desigualdad que padecen los ciudadanos americanos de Puerto Rico con el ELA. Si ese fuese el resultado judicial, al otro día el ELA amanecería con igual o mayor nivel de quiebra; más de cien mil boricuas continuarían emigrando anualmente a los estados; las contribuciones y el costo de vida en el ELA continuarían siendo los más altos de los Estados Unidos, pero con los salarios más bajos a nivel nacional.

Lo fundamental para Puerto Rico es lo que el Supremo Federal no resolverá en este caso, el colonialismo. Para derrotar al colonialismo por la vía judicial habría que ir al fundamento legal que dio origen y sostiene hasta hoy esa condición colonial, el Tratado de París de 1898. Ese Tratado fue el que otorgó al Congreso el poder de soberanía sobre Puerto Rico; y hasta para determinar “los derechos civiles y la condición política” de los puertorriqueños. Ese es el verdadero vínculo entre los Estados Unidos y Puerto Rico. De ahí nació y se sostiene esa relación hasta hoy. Ese es el verdadero título de propiedad sobre Puerto Rico. Distinto a esa realidad jurídica, aquí hay personas que creen que el ELA y su constitución representan el vínculo entre los Estados Unidos y Puerto Rico. Nada que ver. Realmente son apéndices de la soberanía primaria que el Tratado de París le otorgó a los Estados Unidos y a su Congreso para decidir sobre nuestras vidas sin que tengamos derecho a votar por aquellos que toman esas decisiones. Mientras ese Tratado continúe vigente, la soberanía del Congreso sobre Puerto Rico en nada cambiará.

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En su Artículo III, Sección 2, la Constitución Federal le otorga al Tribunal Supremo Federal la facultad para pasar juicio sobre la validez de los tratados pactados por el Gobierno federal: “El poder judicial se extenderá a todo caso que en derecho y equidad surja de esta Constitución, de las leyes de los Estados Unidos, así como de los tratados celebrados o que se celebraren bajo su autoridad;…”. No espero que el Supremo llegue tan lejos porque nunca lo ha hecho. Al contrario, desde el primer Caso Insular en 1901, el Supremo Federal ha sostenido la validez del Tratado de París.

Ser colonia tiene consecuencias políticas y socioeconómicas nefastas para cualquier pueblo. En Puerto Rico, las estamos sufriendo en su máxima expresión. Cargar con la indignidad de que el ELA sea la colonia más poblada y más antigua del mundo, no es lo peor. Lo peor son las consecuencias desastrosas del colonialismo sostenido por un falso nacionalismo que nos ha llevado a la quiebra socioeconómica. Un colonialismo hasta acomplejado que le ha hecho creer a algunos que lograr la igualdad y la estadidad como ciudadanos americanos es difícil. Más difícil, sin embargo, es el interminable abismo en que está cayendo Puerto Rico con el ELA.

Ahora el liderato popular se ha “arreguindado” de la “espera” de esa decisión judicial para tratar de justificar su indefinición y continuar posponiendo su controversia interna en el asunto del estatus político. Tienen la esperanza de que el Supremo Federal resuelva que el ELA puede acusar gente aunque también se les acuse a nivel federal. Si esa fuese la decisión, entonces debemos preguntarnos ¿y qué rayos le resolvería eso al pueblo de Puerto Rico en medio de esta quiebra y crisis de la colonia? Nada. Los manipuladores del colonialismo, sin embargo, vendrán con más juegos de palabras alegando que el ELA es soberano y que tiene un pacto con los Estados Unidos. Tienen un problema, el Supremo nunca resolverá que el ELA dejó de ser un territorio colonial y que puede ser discriminado por el Congreso como lo resolvió en el caso Harris v. Rosario en 1980.

Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.