La contralora Yesmín Valdivieso censuró este jueves la aprobación de una nueva ley que obliga al personal de la oficina que dirige a utilizar normas de auditoría federales en el ejercicio de sus funciones.

Al igual que hizo ante la Asamblea Legislativa cuando se discutió la medida, Valdivieso argumentó que la Ley 243-2015 atenta contra la independencia de criterio de la Oficina del Contralor, y señaló que actualmente evalúa qué pasos tomará para defender la gestión de la entidad pública.

“En los próximos días, habremos de analizar las medidas que vamos a tomar para defender la trayectoria de independencia y objetividad que por más de seis décadas ha tenido la Contraloría de Puerto Rico”, manifestó la funcionaria en un comunicado.

“Esta ley atenta contra la independencia de criterio que los padres de la Constitución, en su sabiduría, le otorgaron a la Oficina del Contralor en 1952 para fiscalizar a todas las entidades gubernamentales, incluidos los municipios”, enfatizó.

La nueva ley dispone que, en el desempeño de sus funciones, particularmente en sus auditorías, la Oficina del Contralor “empleará y tendrá que cumplir” con las normas de auditoría que se publican en el “Generally Accepted Government Auditing Standards” (GAGAS), conocido como “Yellow Book” o Libro Amarillo, desarrolladas por el Contralor General de Estados Unidos.

El estatuto establece, además, que la Oficina del Contralor de Puerto Rico podrá usar “como fuentes de referencias auxiliares y complementarias” cualquier otro recurso, solo si no contraviene las disposiciones del llamado Libro Amarillo.

“Las normas de auditoría las determina el que audita, no el auditado”, enfatizó Valdivieso al destacar que la pieza legislativa fue propuesta originalmente por el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, quien compareció ante la Legislatura a defenderla.

El proyecto de ley fue sometido por el representante popular del Distrito de Mayagüez-San Germán, Efraín de Jesús Rodríguez.

Valdivieso insistió en que los estándares por los que se rige la Oficina del Contralor de Puerto Rico son “más amplios e inclusivos” que el Libro Amarillo, pues además de la normativa federal, toma en cuenta las reglas del American Institute of Certified Public Accountants y de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores.

La contralora recordó que, además de ella, durante las vistas públicas en la Legislatura, se opusieron a la legislación el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, la profesora Palmira Ríos, de la Escuela Graduada de Administración Pública, y la excontralora Ileana Colón Carlo. El Departamento de Justicia también hizo constar ciertas reservas en torno al proyecto.