Dos funcionarios cuyas agencias tienen la crucial encomienda de brindar importantes servicios a la niñez en la Isla admitieron hoy, lunes, que tienen deudas acumuladas por unos $50 millones con contratistas responsables de atender a miles de alumnos de educación especial y otros que cuidan menores en hogares sustitutos.

El secretario asociado de Educación Especial, Carlos Rodríguez Beltrán, admitió esta tarde que tienen deudas ascendentes a $20 millones con decenas de proveedores de servicios. Mientras, la titular de la Administración de Familias y Niños (Adfan), Vanessa Pintado, reconoció, horas antes que la dependencia tiene deudas acumuladas por unos $30 millones con encargados de hogares sustitutos y otras instituciones.

Las declaraciones de ambos funcionarios surgen después que ciudadanos denunciaron por separado el impago por concepto de servicios indispensables para niños y también para ancianos que reciben servicios subcontratados por los departamentos de la Familia (DF) y Educación (DE)

«Educación Especial tiene deudas ascendentes a cerca de $20 millones con decenas de proveedores de servicios. También es cierto que hay una gran cantidad de cheques en tránsito en el Departamento de Hacienda. Y además, se han realizado pagos de facturas. Nos consta que se han estado emitiendo pagos a las diferentes corporaciones», indicó Rodríguez Beltrán en declaraciones escritas suministradas a este medio.

«Hay facturas en proceso de preintervención. Los suplidores tienen 30 días para someter las facturas una vez ofrecido el servicio, y a la agencia le corresponde verificar los servicios que se facturan, ya que es nuestra responsabilidad velar por el buen uso de los fondos públicos. Aunque el proceso puede tomar cerca de 45 días, se ha agilizado para que los cheques estén disponibles en mucho menos tiempo», añadió el funcionario horas después que padres y activistas defensores de estudiantes de educación especial denunciaran que está en riesgo la suspensión de terapias y otros servicios claves para esos alumnos.

Pintado, por su parte, reconoció a este medio que   la falta de liquidez en el Gobierno es la razón por la que al presente la Adfan no está al día en los pagos a hogares de crianza, reconoció hoy, lunes, la titular de esa agencia.

La abogada admitió en breves declaraciones escritas que también hay atrasos en los pagos a instituciones y a hogares de adultos mayores.

“Dependemos de la liquidez del Gobierno para liberar fondos. Los pagos en total  entre menores y adultos mayores son de $10 millones mensuales. La falta de liquidez afecta los pagos a proveedores de servicios, pero los servicios como tal no se afectan ya que estos continúan ofreciéndose” dijo Pintado.

Las declaraciones de la funcionaria se producen después que este medio indagó al respecto tras recibir llamadas de personas a cargo de los llamados hogares sustitutos en los que se atienden menores de edad bajo la custodia del estado.

Una fuente, quien dijo preferir no identificarse por temor a la no renovación de su contrato con el Departamento de la Familia, expuso que lleva “tres quincenas sin cobrar” y reclamó explicaciones sobre la dilación que los coloca en problemas al no poder pagar comidas, medicinas, así como los servicios de luz y agua en las instalaciones que son techo seguro para niños y ancianos.

Sin embargo, según Pintado, “esta situación, no implica que los servicios a estos menores y adultos mayores se estén afectando ya que los mismos se siguen ofreciendo.”

Explicó que al momento están pendientes los pagos de octubre, noviembre y diciembre a  65 instituciones, mientras que a los Hogares de Crianza  se les adeuda noviembre y diciembre.

La directiva de Adfan sostuvo que los fondos para pagar estos servicios son estatales y los mismos se hacen disponibles en la medida que entran los recaudos.

Sobre la situación en el DE, activistas anticiparon que miles de alumnos de educación especial se verían afectados por la interrupción de sus terapias porque esa agencia no ha pagado a los proveedores de esos servicios hace al menos tres meses.

El Comité Timón de Madres y Padres del pleito de clase Rosa Lydia Vélez vs. Departamento de Educación, la Alianza de Autismo de Puerto Rico y otras organizaciones afines señalaron en rueda de prensa que proveedores de terapias adelantaron que no prestarán servicios este mes.

Otros proveedores han notificado que utilizan líneas de crédito para poder operar y algunos incluso han despedido empleados porque no pueden pagarles, manifestaron portavoces de las citadas organizaciones congregados en el Colegio de Abogados, en Miramar.

La portavoz principal del comité, Carmen Warren, indicó que hay más de 300 proveedores en la lista de remedio provisional, pero ninguno ha recibido el pago total por los servicios prestados, por lo menos por los pasados tres meses.

Warren explicó que no tiene una cifra de la deuda total, pero estimó que son millones de dólares. Los citados proveedores ofrecen servicios de terapia física, ocupacional, sicológica, del habla, visual y auditiva a estudiantes de educación especial en todo el país.

Estimó que son sobre 6,000 estudiantes amparados bajo la oficina de remedio provisional que al presente se ven afectados por la situación.  Esta oficina también atiende los servicios de terapia y asistentes de servicio, conocido como T1.

«La crisis es tan severa que un proveedor nos dijo que no va a prestar servicios en enero dado a que el Departamento de Educación no le ha pagado desde septiembre. Otro proveedor está despidiendo empleados, otros usando líneas de crédito para poder operar. Sino, se verán obligados a cerrar», argumentó Warren.

A un día del inicio del nuevo semestre escolar, agregó que también hay problemas con el sistema de facturación que implantó la agencia.

Adelantó que los representantes legales del comité acudieron hoy al tribunal de instancia y el Tribunal Supremo para solicitar remedios, como que se le ordene a Educación a demostrar causa por el cual no deba ser encontrado incurso en desacato ante «el desbarajuste que se ha provocado por los cambios en la prestación de servicios».

Dijo esperar que el tema se atienda «de manera sensible e inmediata» debido al «incumplimiento» de la agencia con la sentencia del 2002, cuando se firmaron una serie de estipulaciones.