El jueves 24 de diciembre del 2015 el Procurador General de Estados Unidos, Donald B. Verrilli Jr. representando al gobierno federal ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Puerto Rico v. Sánchez Valle, emitió un contundente alegato de 43 páginas. En el alegato el Gobierno de Estados Unidos rechaza la afirmación hecha por los líderes del PPD de que con la aprobación de la Constitución de Puerto Rico en el 1952, se cambió el estatus colonial de Puerto Rico. Rechaza la afirmación hecha por décadas por los líderes del Partido Popular Democrático (PPD) de que la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico es un ‘pacto’ que los Estados Unidos no pueden modificar unilateralmente. Rechaza además la afirmación hecha por el PPD de que Puerto Rico tiene un estatus ‘especial’. Señala además, que la ciudadanía americana puede ser revocada por el Congreso porque no es por virtud de la Constitución sino por una ley (Jones) y que en una independencia o libre asociación la ciudadanía americana no la tendrían por nacimiento los que nazcan en la república. Señala que las relaciones entre los Estados Unidos y Puerto Rico caen bajo la jurisdicción absoluta de la Cláusula Territorial (Articulo IV Sección 3-2) de la Constitución de los Estados Unidos.

Tres semanas más tarde, el miércoles 13 de enero 2016, en una vista oral celebrada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Washington DC en la que fueron interrogados por los jueces, los abogados de las partes en el caso Puerto Rico v. Sánchez Valle, la Procuradora General Adjunta de los Estados Unidos, Nicole Saharsk, reafirmó clara y contundentemente que “La última fuente de poder de los territorios -como Puerto Rico-, se deriva del Congreso”. Dijo que están conscientes de las implicaciones y exhortó al Tribunal Supremo a afirmarlo sin ambages.

Esa es hoy la posición oficial del poder ejecutiva de los Estados Unidos. Independientemente de cual -en su momento- sea el desenlace del caso ante el Tribunal Supremo, frente a esta situación y el colapso total del Estado Libre Asociado (ELA), Puerto Rico sólo tiene dos opciones: moverse hacia la admisión como un estado de Estados Unidos (estadidad) o hacia la independencia.

Independientemente de la resolución de 17 puntos que aprobara el PPD en la toma de posesión de David Bernier -comprando tiempo- conteniendo un recuento histórico con lenguaje florido, ambiguo, lleno de medias verdades, la mayor parte de las cuales por décadas han sido desmentidas por documentos oficiales de las diferentes administraciones del ejecutivo federal, por el congreso (los dos cuerpos políticos de la nación) y por los tribunales, Bernier ha dicho estar dispuesto a celebrar el plebiscito estadidad sí o no propuesto por Hector Ferrer. Ese plebiscito sería otro plebiscito criollo más, sin aval congresional, lo cual sería una pérdida total de tiempo. Para eso lo que tienen que hacer es aceptar el resultado del plebiscito del 2012, pero si se empeñan en celebrar un plebiscito en lo que queda del cuatrienio, que sea el que está legislado por el congreso, para el que Obama asignó $2.5 millones con la condición de que las opciones en la papeleta sean avaladas por el Departamento de Justicia Federal. Los Populares saben que Justicia Federal les va a decir que el ELA que fue rechazado por un 54% en el pasado plebiscito es colonial y que las opciones descolonizadoras son solamente dos: la estadidad o la independencia en cualquiera de las dos modalidades, asociada o sin asociación. Los populares le huyen al plebiscito que Obama recomendó porque ya saben cómo piensa el Departamento de Justicia sobre el actual estatus ELA: que es una colonia y que ese es el problema. Y el problema no puede ser parte de la solución en la papeleta.

El Departamento de Justicia federal tendría que avalar las opciones de estatus en la papeleta del plebiscito Obama y en la ley está claro en que tendría que ser con opciones constitucionalmente válidas, de acuerdo a las leyes y política pública de los Estados Unidos y que sea para resolver el problema del actual estatus. Esta vez no será la definición del ELA que se le ocurra a los populares poner en una papeleta para engañarnos. Aquello de lo mejor de dos mundos se acabó.

Cualquier otro embeleco plebiscitario sin el aval del congreso sería para perder el tiempo y continuar estirando la colonia. Como diría mi abuela…”El cuento de los bobos se acabó”.

Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.

José M. Saldaña  Ex presidente de la Universidad de Puerto Rico.