La empresa Walmart se anotó una a su favor, luego de que el juez federal José Fusté, ordenara al Departamento de Hacienda a suministrarle documentos que fueron solicitados por la compañía, mediante un requerimiento de información.
Walmart alegó que el Departamento de Hacienda le ordenó al auditor financiero externo del Estado Libre Asociado (ELA) a no proveerle algunos documentos requeridos por la empresa al invocar el “contador-cliente”.
Sin embargo, el juez emitió una orden en la que concluyó que los documentos requeridos por la empresa no están basados en el “privilegio contable-cliente” que alega tener el auditor financiero externo del gobierno de Puerto Rico.
Fusté advirtió que encontrará en desacato a los funcionarios del ELA que incumplan su orden.
“Esta corte concluye que el requerimiento de estados financieros, comunicaciones y otro material del ELA que posee el auditor financiero externo es de interés público y aplican a este caso”, expresa la orden del juez.
Asimismo, afirma que es de interés público que este caso, en el que se impugna la constitucionalidad de la Ley 72, se resuelva “pronto, de forma justa y correcta”.
Los documentos solicitados por Walmart incluyen los de la liquidez del gobierno de Puerto Rico del Fondo General para el año 2016 y de los próximos años y las últimas versiones del borrador de los estados financieros que el auditor del gobierno preparó para el ELA para los años 2014 y 2015.
De igual forma, requieren documentos sobre cualquier comunicación del auditor externo con el ELA en el que detalle las razones por las cuales no le habían suministrado los estados financieros.
A su vez, solicitan cualquier opinión escrita realizada por el auditor financiero externo del ELA relacionado al borrador de los estados financieros de los años 2014 y 2015 o relacionados a la salud fiscal del ELA en general.
El pasado 4 de diciembre la empresa demandó al titular de Hacienda en el Tribunal Federal alegando que la Ley 72 viola la Cláusula del Comercio Interestatal, la de Igual Protección y la ley de Relaciones Federales.
Según Walmart, el mencionado estatuto establece un cambio en la tributación entre la compañía matriz y las operaciones en la Isla, por lo que se ha incrementado la tasa contributiva efectiva, estimada en un 91.5 por ciento.
La empresa argumenta que “por su propia naturaleza (la Ley 72) es una discriminación contra el comercio interestatal”.
Walmart alega que el estatuto solo evalúa las compras de bienes y servicios de las entidades establecidas fuera de Puerto Rico y que exime específicamente las compras que se encuentran en el interior de la Isla.
“La historia legislativa de la Ley 72 demuestra que este efecto discriminatorio se contempla expresamente y de hecho, fue el objetivo de la legislatura”, señala la demanda.
Los demandantes piden que el estatuto sea dejado sin efecto y sea declarado inconstitucional, debido a que es la tasa más alta que paga cualquier empresa en la Isla y la más alta que paga Walmart en cualquier parte del mundo en donde opera. “Estamos retando la Ley 72 porque es inconstitucional y penaliza arbitrariamente a Walmart”, alegan los demandantes.
Durante la vista de status celebrada el pasado 23 de diciembre el juez adelantó que para el mes de febrero determinará si tiene o no jurisdicción sobre el recurso legal.
Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO
Periodista con más de 20 años de experiencia. Asignada a la cobertura del Tribunal Federal.
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