La Contralora de Puerto Rico, Yesmín M. Valdivieso, rechazó las expresiones del gobernador, Alejandro García Padilla, quien dijo que los municipios puedan ser auditados con los mismos parámetros que se utilizan para auditar las empresas privadas.

“Los municipios no son empresas privadas, sino entidades de gobierno dirigidas por funcionarios electos”, expresó sorprendida la Contralora, quien añadió que la Ley 243-2015 firmada el 24 de diciembre, obliga a la Oficina del Contralor a utilizar las normas establecidas y desarrolladas por el Contralor General de los Estados Unidos, Generally Accepted Government Auditing Standards (Yellow Book).

Además, lee el comunicado de prensa, esta Ley atenta contra la independencia de criterio que los padres de la Constitución, en su sabiduría, le otorgaron a la Oficina del Contralor en 1952, para fiscalizar a todas las entidades gubernamentales, incluidos los municipios.

La Contralora recordó que los estándares por los que se rige la Oficina que dirige son más amplios e inclusivos, ya que, además de las normas incluidas en el Yellow Book, toma en cuenta las reglas del American Institute of Certified Public Accountants y de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores.

“Las normas de auditoría las determina el que audita, no el auditado”, enfatizó Valdivieso, quien manifestó que las auditorías del Contralor, a diferencia de las auditorías a las empresas privadas, son de cumplimiento de ley y de reglamentación con el propósito de velar por el buen uso de la propiedad y de los fondos públicos.

Este proyecto, impulsado por el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, y presentado por el representante del Distrito de Mayagüez-San Germán, Efraín de Jesús Rodríguez, fue ampliamente rechazado por el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, por Palmira Ríos, de la Escuela Graduada de Administración Pública, y por la ex contralora Ileana Colón Carlo. El Departamento de Justicia también expresó sus reservas.

“Los alcaldes no están en lo correcto al pensar que con esta Ley las auditorías serán breves y mínimas en su alcance, como las auditorías financieras que hacen los CPA”, dijo la Contralora y recordó que “nadie nos va a amedrentar o detener en nuestro trabajo y misión”.

“En los próximos días habremos de analizar las medidas que vamos a tomar para defender la trayectoria de independencia y objetividad que por más de seis décadas ha tenido la Contraloría de Puerto Rico”, enfatizó.