El exadministrador de Vivienda Pública, Miguel Hernández Vivoni, alegó este miércoles que la responsabilidad principal de reubicar a las familias desplazadas del residencial Las Gladiolas, en San Juan, fue de las administraciones de los exgobernadores del Partido Popular Democrático (PPD) Sila María Calderón y Aníbal Acevedo Vilá, por lo que les achacó la determinación de gastar miles de dólares en alquilarles casas privadas.

De paso, catalogó como un “un ataque político sin base o fundamento” que durante una vista pública de la Comisión de Vivienda y Comunidades Sostenibles del Senado el actual administrador de Vivienda Pública, Gabriel López Arrieta, se le haya achacado gastar alrededor de $10 millones para pagar alquileres de hasta $1,300 mensuales, más gastos de agua y luz, a los residentes desplazados Las Gladiolas, cuyos edificios fueron demolidos en el año 2011. Lo relacionó a su aspiración de ser el candidato oficial del Partido Nuevo Progresista a la alcaldía de San Juan, puesto al que se enfrentará a primarias contra Leo Díaz Urbina.

Según detalló en comunicado de prensa, “ayer, en vistas del Senado de Puerto Rico y en un intento fallido, la delegación del Partido Popular Democrático hizo imputaciones falsas sobre mi desempeño en la Administración de Vivienda Pública (AVP). Que quede meridianamente claro que al momento de mi designación como secretario del Departamento de la Vivienda y administrador interino de la AVP en agosto de 2010 solo quedaban siete familias del residencial Las Gladiolas por realojar”.

“El realojo de sobre 600 familias que residían en el residencial Las Gladiolas comenzó bajo la administración de Sila Calderón y Aníbal Acevedo Vilá; por lo tanto, a quien le corresponden dichas imputaciones sería al exadministrador del PPD, Carlos Laboy”, añadió Hernández Vivoni.

La denuncia específica hecha por López Arrieta contra su antecesor fue que aprobó que se pagaran rentas de entre $800 hasta $1,300 para ubicar a familias desalojadas del residencial Las Gladiolas. Además, dijo que se aprobó el pago de los servicios de agua y luz, lo que aumentaba los gastos, en algunos casos, a $1,700 mensuales.

Tras rechazar que sea responsable de autorizar dichas rentas, Hernández Vivoni comentó que “la Reglamentación Federal provee estatutos y parámetros para que se utilice parte del dinero asignado al desarrollo de la obra y para realojar las familias afectadas, razón por la cual el dinero invertido proviene de fondos federales y no estatales. Ahora bien, al momento, dicha administración ha retrasado por tres años el comienzo del redesarrollo de la obra, razón por la cual se ha tenido que continuar con el pago de rentas”.

Por tal razón, el aspirante estadista emplazó a los funcionarios del PPD a que “hablen con la verdad y dejen al lado la politiquería por el bien del País”.