El presidente del Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos, Orrin Hatch, redobló ayer los esfuerzos para requerir al gobierno de Puerto Rico que divulgue sus estados financieros auditados mediante una carta en la cual exige al gobernador Alejandro García Padilla rendir cuentas sobre su mandato y clarificar sus posturas sobre el pago de la deuda y sobre la dosis de medicina amarga que se debe recetar a los residentes de Puerto Rico.
En una carta enviada ayer, el senador da indicios de algunos de los aspectos que podrá incluir el proyecto de ley que se presentará en el Congreso de Estados Unidos en marzo para atender la deuda de Puerto Rico, al levantar dudas que abarcan mucho más que la comprensión de la magnitud de la deuda -que el propio senador reconoce que ha superado los $117 mil millones- sino integrar consideraciones sobre el recorte de gastos en el Departamento de Educación (DE), alteraciones a los subsidios de asistencia social, aumento al salario mínimo y reformas adicionales a los sistemas de retiro.
La carta con un total de 47 preguntas, coloca al primer ejecutivo en una posición delicada al tener que desmentir su discurso público de que la gente tiene prioridad sobre la deuda. Al colocar la Constitución bajo la mano derecha del gobernador, Hatch maniobró una estocada que le deja con pocas alternativas: “¿usted coincide en que la deuda de obligación general, conforme a la Constitución de Puerto Rico, tiene prioridad de repago sobre cualquier otro pago de deuda o cualquier deuda de Puerto Rico?”, abordó.
En su escrito, el senador reconoce que la magnitud real de la deuda excede la que hasta antes del lunes no había sido reconocida públicamente por La Fortaleza, que suman “$117 mil millones o más”. Estas cifras son conservadoras comparadas con las que reportó EL VOCERO -luego de una admisión pública de La Fortaleza en una conferencia de prensa celebrada el lunes- que alcanzan los $146 mil millones al sumar los bonos de vencimiento fijo (capital appreciation bonds o “CABs”) que son excluidos de los libros porque tienen una fecha de vencimiento a largo plazo.
La reestructuración del endeudamiento público que indiscutiblemente, sobrepasa los $100 mil millones presenta un escenario “sin precedentes en la historia de un procedimiento de quiebra aplicado a los municipios”, resaltó Hatch.
Debido a la importancia de la precisión financiera previo a la aprobación de cualquier proyecto de ley por parte del Congreso, el líder del Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos requiere que se conteste esta información en o antes del 1 de marzo de 2015, lo que refleja un error en la misiva debido a que debería ser 2016.
“Desafortunadamente, ha sido retante adquirir información financiera reciente y verificable”, estableció el líder republicano al pedir al gobernador que remita información actualizada sobre a cuánto asciende la deuda de obligación general que según el Banco de la Reserva federal de Nueva York, en julio de 2014, alcanzaba los $15.8 mil millones o el 22% de los $71.9 mil millones por pagar. Ese mismo informe colocaba la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA) en $15.6 mil millones (21.7%); de las corporaciones públicas y agencias en $26.2 mil millones (36.4%); de los municipios en $13.2 mil millones (18.4%); y de los TRANs en $1.1 mil millones (1.4%).
La Oficina de Prensa de La Fortaleza confirmó que la carta llegó al Palacio de Santa Catalina y al escritorio del gobernador y que “la misma será contestada lo antes posible”.
De otro lado, Hatch pidió también al ejecutivo que especifique cuáles son las entidades que no tienen impuestos como fuente de repago, cuál es la cantidad de servicio a la deuda que paga cada una de esas unidades y a cuánto asciende la cantidad de la deuda garantizada por la Constitución.
En su examen de gastos, pregunta específicamente por el Departamento de Educación (DE) cuyo presupuesto se compone del 25% del total del presupuesto y por los subsidios de salud y asistencia social que, según el informe de Anne Krueger, hacen que el trabajo asalariado sea menos atractivo. Este informe recomendó disminuir el salario mínimo en Puerto Rico hasta que los ingresos per cápita alcancen al del estado más pobre y que se recorten beneficios de Medicaid. “¿Usted favorece estas recomendaciones?”, le preguntó directamente a García Padilla sobre el informe que comisionó su administración.
Otro de los problemas fundamentales que aborda en la carta de nueve páginas son las deudas sin fuentes de pago de los Sistemas Públicos de Retiro que según ha reseñado EL VOCERO tienen un déficit actuarial de $44 mil millones. El senador le preguntó si las pensiones se están pagando con la venta de activos y cuánto de ese dinero, si algo, se ha utilizado directa o indirectamente para operar el gobierno como se admitió en la revisión del plan fiscal sometido en enero de este año.
Hatch también cuestionó al primer mandatario de Puerto Rico si los sistemas de retiro se sostienen sin hacer reformas adicionales y si considera que la estructura que propuso la administración Obama donde las pensiones tienen preferencia sobre otras deudas, incluyendo la de obligaciones generales, es inconsistente con la Constitución de Puerto Rico.
“Su administración se encontró con sistemas de pensiones que enfrentan la insolvencia a corto plazo como resultado de largos períodos de falta de financiación, falta de vigilancia y negligencia”, analizó el republicano solo antes de espetar una serie de preguntas adicionales con la intención de constatar si los esfuerzos de reforma fueron anulados por la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en 2014.
El documento que comenzó con una pregunta incómoda concluye con la misma puñalada sutil: “¿el gobierno de Puerto Rico ha hecho acuerdos de confidencialidad con algún empleado del gobierno federal? Si así lo ha hecho, por favor, identifique las partes de ese acuerdo”, cuestionó en referencia a la contratación del asesor del Departamento del Tesoro, Antonio Weiss, según fuentes.
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