El empresario y amigo del gobernador Alejandro García Padilla, Anaudi Hernández Pérez, se declaró culpable esta tarde ante el juez federal Pedro Delgado de 14 cargos por corrupción que le fueron radicados por un gran jurado en el que se le acusó de ser el gestor y participar en un esquema de conspiración, extorsión y soborno y lavado de dinero para la obtención de contratos y beneficios en varias agencias de gobierno para su lucro personal.
Hernández Pérez de 40 años, hizo alegación de culpabilidad luego de que su abogado Osvaldo Carlo llegara a un acuerdo con los fiscales federales José Capó y Timothy Henwood a cambio de que recomienden una sentencia de entre cinco años y ocho meses a siete años y tres meses de prisión.
Si el ahora convicto hubiese enfrentado el juicio en su contra y resultaba culpable, se hubiese expuesto a una sentencia de un máximo de 20 años de prisión, a una multa de $250 mil y a tres años de libertad supervisada.
El juez le aclaró que no está obligado a aceptar el acuerdo al que llegaron las partes.
Asimismo, Delgado le explicó que durante la sentencia, pautada para el 24 de junio, puede imponerle una restitución monetaria.
Como parte del acuerdo, se le confisca la lujosa residencia en Aguadilla, valorada en $4 millones y renuncia a apelar la sentencia que le imponga el juez.
“Se declara culpable porque en efecto es culpable?”, preguntó el juez a Hernández Pérez. El convicto le respondió “sí”.
Hernández Pérez, quien se mostró tranquilo durante toda la vista, aunque tenía los ojos rojos, dijo haber cursado dos años en el Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico.
Durante la vista el fiscal Capó aseguró que el gobierno hubiese probado los cargos contra Hernández Pérez y que como parte de la evidencia en su contra figuraban documentos, varios testigos (99 testigos), correos electrónicos y estados bancarios, entre otros.
Hernández Pérez, era amigo del también convicto Lutgardo Acevedo López. Ambos fueron policías en la zona oeste de la Isla. Acevedo López fue sentenciado a nueve años de prisión tras declararse culpable por corrupción judicial.
Hernández Pérez permanecerá en libertad bajo fianza hasta la vista de sentencia.
El pasado 2 de diciembre un gran jurado emitió un pliego acusatorio contra Hernández Pérez, por ser el gestor de tres conspiraciones para obtener contratos y beneficios con el gobierno de Puerto Rico con un valor aproximado de más de $2 millones para entidades corporativas controladas por el empresario. Ello, a través de influencias y pagos indebidos a varias agencias de gobierno.
La acusación indica que luego de las elecciones de noviembre del 2012, Hernández Pérez utilizó sus conexiones políticas para asegurarse que se nombraran personas de su confianza a posiciones claves en distintas agencias del gobierno.
Estas personas, que sabían de sus influencias políticas, enviaron resumes a Hernández Pérez y este los enviaba al hermano del gobernador y le pedía ayuda para que fueran nombradas en posiciones de confianza.
Los restantes acusados son Ivonne Falcón, ex vice presidenta de la AAA; su hermana, Marielis Falcón; Sonia Barreto, directora de Compras de la AAA; Víctor Burgos, exempleado de la Cámara de Representantes y director de la Oficina de Sistemas de Información del Departamento de la Familia; Sally López, de la Oficina de Ayuda al Ciudadano en La Fortaleza; Glenn Rivera, excandidato al distrito de Fajardo por el PPD y empleado del Capitolio; Xavier González, administrador de la Cámara de Representantes; Javier Alexis Muñiz, precandidato a la alcaldía de Moca por el Partido Nuevo Progresista (PNP) y Carlos Luna.
La acusación señala que muchas de estas personas fueron nombradas a posiciones claves dentro de varias agencias gubernamentales por recomendación de Hernández Pérez.
Se alega que luego de que se nombraran a estas personas a posiciones de confianza en las agencias, Hernández Pérez les regalaba artículos de lujo, cenas y conciertos, a cambio de que autorizaran contratos para sus compañías.
Desde finales del 2012 hasta principios del 2013, Hernández Pérez y sus coconspiradores planificaron las agencias públicas con las que iban a hacer negocios. Estas fueron la AAA, la Cámara de Representantes, la Administración de Servicios Generales, la ADL, el Departamento de Salud, la Corporación Pública para la Supervisión y Seguros de Cooperativas de Puerto Rico (COSEC), el Departamento de Corrección y Rehabilitación, la Compañía de Parques Nacionales, la Administración de Seguros de Salud y el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), entre otras.
Hernández Pérez no se limitó a solicitar nombramientos, también pidió despidos.
La acusación indica que el acusado le pidió a la “Persona B” del pliego acusatorio, (Luis Gerardo García Padilla -hermano del gobernador) que se despidieran varios empleados públicos en la AAA que ocupaban puestos de confianza por ser afiliados al PNP.
Como parte de la prueba, la fiscalía federal cuenta con varios correos electrónicos que evidencian los pedidos.
mientras el proceso de nombramientos en la nueva administración de gobierno seguía su curso, Hernández Pérez y varios coacusados -y personas que en este momento no han sido acusados- se dieron a la tarea de crear corporaciones para comenzar a hacer negocios con las distintas agencias del nuevo gobierno.
Se alega que estas personas comenzaron a estudiar y discutir propuestas, contratos y potenciales negocios en los cuales podían intervenir para lucrarse personalmente a través de estas entidades corporativas.
De acuerdo a la acusación, desde finales del 2012 hasta principios del 2013, Hernández Pérez y los acusados, planificaron con cuáles agencias iban a hacer negocios. Entre estas, la AAA, la Cámara de Representantes, la Administración de Servicios Generales (ASG), el Departamento de Salud, la Corporación Pública para la Supervisión y Seguros de Cooperativas de Puerto Rico (COSEC), el Departamento de Corrección y Rehabilitación, la Compañía de Parques Nacionales de Puerto Rico, la Administración de Seguros de Salud y el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), entre otras.
Las corporaciones involucradas fueron identificadas como 3 Comm Global, Inc., Links Group, Kendall Consulting Group, Inc., JM Profesional & Training Group, Waffler Avenue, EKO Technologies -todas vinculadas a Hernández Pérez. La empresa I A Mech Chem, Inc -no está vinculada a Hernández Pérez. No obstante, este pidió $100 mil al “Contratista A”, para utilizar su influencia y contactos en la AAA para obtener el pago de casi $1 millón adeudado a esa empresa.
Primer esquema
Según la acusación, el 27 de diciembre del 2012, López Martínez, envió su resume por correo electrónico a Hernández Pérez. Ello, para que Hernández Pérez le pidiera ayuda a “Gerry” García Padilla, a fin que ayudara a nombrar a su amiga en el Departamento del Trabajo. El primer ejecutivo nombró a López Martínez como administradora de la ADL.
Se alega que, además de haberla recomendado para su puesto en la ADL, durante los años 2013 y 2014, Hernández Pérez le dio a López Martínez obsequios y artículos de valor para que a cambio de estos favoreciera sus compañías con la agencia.
El pliego acusatorio indica que Hernández Pérez le regaló a López Martínez carteras Carolina Herrera, Ferragamo, boletos de conciertos e invitaciones a otros eventos sociales.
Hernández Pérez mantenía récords electrónicos de estos obsequios.
Desde principios del 2013 y 2014 la compañía Links Group LLC, firmó un contrato con ADL el 23 de septiembre de 2013 por concepto de servicios profesionales para organizar y llevar a cabo entrenamientos de empleo. El contrato era de hasta $300 mil.
López Martínez firmó un contrato con 3 Comm Global el 30 de julio de 2013 por concepto de servicios profesionales con un tope de $86,720.00
López Martínez firmó un contrato por $200 mil el 17 de septiembre del 2013 por servicios profesionales para organizar y ofrecer ferias de empleo. El contrato fue enmendado el 3 de junio de 2014 para aumentar la cantidad a $800 mil.
El 17 de octubre del 2013, las partes suscribieron un segundo contrato de servicios profesionales para la realización de ferias de empleo por $300 mil.
Este contrato fue enmendado varias veces por López Martínez. El 20 de noviembre de 2013 incrementó en $460 mil; el 26 de febrero del 2014 para aumentar a $659 mil; el 22 de mayo para incrementar a $709,500; el 30 de junio de 2014 se subió a $809,500 y en septiembre del 2014 en $994,500.
El 13 de agosto de 2013 Waffler Avenue Inc., firmó un contrato de arrendamiento con la Corporación para el Desarrollo Hotelero para su local en la Ventana al Mar en Condado. El alquiler mensual acordado era de $2,506.22. Este contrato fue enmendado el 20 de marzo de 2015 para bajar la renta mensual a $2,254.80. El 8 de enero de 2014 López Martínez firmó un contrato con esta compañía para otorgarle fondos para entrenar a 42 nuevos empleados. Este contrato fue por $165,974.00.
Segundo esquema
El segundo esquema involucra a Ivonne Falcón y Barreto Colón.
En enero del 2013 Falcón Nieves, fue nombrada vicepresidenta de la AAA.
El 6 de enero de 2013 Barreto Colón, envió un correo electrónico a Hernández Pérez y a otros coconspirador en el que anejó su resumé. En el correo electrónico indicó que trabajaba en la AAA como tesorera y que le interesaba ocupar el puesto de directora de Compras.
Se alega que el 30 de enero Hernández Pérez envió el resumé de Barreto Colón a un asesor en La Fortaleza. En febrero de 2013, el presidente ejecutivo -Alberto Lázaro-, recibió recomendaciones de un coconspirador y “presión” de La Fortaleza para nombrar a Barrero Colón al puesto. -Lázaro fue uno de los funcionarios de gobierno que compareció ante el gran jurado-.
Durante los años 2013 y 2014, Hernández Pérez y los coconspiradores le dieron obsequios y cosas de valor a Falcón Nieves y a Barreto Colón, para que a cambio de estos, favorecieran sus compañías en asuntos ante la consideración de la AAA, les dieran trato preferencial y les facilitaran información confidencial.
El 16 de mayo de 2013, Hernández Pérez alegadamente causó que se hiciera un pago en efectivo de $2,565.31 al CRIM para pagar una deuda que tenía Barreto Colón en la oficina regional de Aguadilla. También recibieron cenas en restaurantes de lujo (Morton’s $320), bolígrafos fuente ($1,665), boletos a conciertos e invitaciones a otros eventos sociales. Hernández Pérez mantenía récords electrónicos de todos los obsequios que le hizo a las acusadas.
La acusación señala que la compañía I A Mech, Inc., tenía un contrato de mantenimiento y servicio con la AAA desde el 2010 al 2013. Para febrero del 2013 la AAA le debía a esta empresa aproximadamente $1 millón. Entre febrero y junio de 2013 Hernández Pérez y los coconspiradores, utilizaron sus contactos en la AAA -incluyendo a Barreto Colón e Ivonne Falcón- para conseguir que se le pagara parte sustancial de la deuda a esta compañía. Como pago por haber conseguido que la AAA pagara esta deuda, Hernández Pérez y sus co conspiradores pidieron y recibieron de la compañía la cantidad de $100 mil.
Alegadamente, entre abril y junio del 2013 Barreto Colón y Falcón ayudaron a Hernández Pérez y sus cuates en la redacción de varias propuestas, las cuales eventualmente no prosperaron- para las páginas web en los departamentos de compras y recursos humanos de la AAA y para la creación de un sistema de identificación de radio frecuencia. Estos contratos -no logrados- hubiesen generado sobre $ 1 millón a 3 Comm Global. Para los mismos, las funcionarias supuestamente, les facilitaron en numerosas ocasiones, información confidencial, estudios internos e información técnica de la AAA para mejorar las propuestas que estaban preparando.
Tercer esquema
El tercer esquema involucra a Hernández Pérez y el defectuoso cuadro telefónico instalado por su empresa 3 Comm Global, la cual fue inforporada el 9 de noviembre del 2012, a solo días de las elecciones generales.
El 13 de noviembre de 2012 Xavier González Calderón le envió un correo electrónico a Hernández Pérez anejando su nombre y una carta al gobernador en la que expresaba su interés en trabajar en alguna agencia de gobierno. El referido correo electrónico enviado a Hernández Pérez decía “GANAMOS!!!”.
En enero del 2013 el presidente de la Cámara Jaime Perelló, nombró a González Calderón a la posición de administrador de la cámara baja. En esta plaza González Calderón tenía la autoridad de otorgar y firmar contratos.
La acusación señala que el 7 de febrero de 2013 Burgos Cotto envió un correo electrónico a González Calderón recomendado que los sistemas de comunicación en el referido cuerpo legislativo se debían integrar y modernizar.
El 18 de marzo de 2013 se iniciaron las comunicaciones entre la “Persona E” (Empleado de 3Comm) y un coconspirador no acusado, Burgos Cotto exdirector de Información y Tecnología de la Cámara y Hernández Pérez, pidiendo información para someter la propuesta para el contrato del cuadro telefónico. Entre el 21 de marzo y el 9 de mayo del 2013 -cuando Glenn Rivera Pizarro publicó la solicitud de propuesta formal ya 3 Comm, a través de la persona E, había sometido dos propuestas – una por $507,251.00 y la segunda por $499,122.00.
El contrato de 3Comm fue firmado por González Calderón el 9 de octubre y aunque originalmente era de $149,900 fue enmendado en febrero del 2014 para añadir $37,205.00 Dos semanas después Rivera Pizarro le envió un correo electrónico a Hernández Pérez anejando su resume y solicitando ayuda para conseguir una posición en el gobierno.
Durante la rueda de prensa, Cases afirmó que el cuadro telefónico confrontó serios problemas técnicos y tuvieron que terminar el contrato con 3Comm y contratar los servicios de otra compañía “para arreglarle el desbarajuste dejado por 3 Comm. Pero aun así la Cámara le siguió pagando a 3 Comm $13,500 mensuales por el mantenimiento de de un cuadro telefónico que nunca pudo poner a funcionar correctamente”.
One Response to Anaudi Hernández se declara culpable por corrupción – Declarará Todo y de Todos Para Ayudar a Puerto Rico?
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