El gobernador ha nombrado a la juez asociada Maite Oronoz Rodríguez para presidir el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Aparte de su escasa experiencia en la carrera judicial, lo sorpresivo del nombramiento fue la forma expedita y atropellante como se llevó a cabo todo el proceso, desde que la nombraron hasta su confirmación en el Senado. Tal vez, nunca en la historia se había aprobado, mediante descargue y sin celebración de vistas públicas, un nombramiento tan importante como lo es la presidencia del máximo foro judicial nuestro.
Históricamente, el Partido Popular ha demostrado que su medio ecológico es la oscuridad. Así pasó en 1947 cuando se aprobó la Ley de La Mordaza, que creó el marco jurídico para la persecución inmisericorde de los hermanos independentistas, aun por expresar su respaldo a la independencia desde la tribuna política. Sólo un legislador, el estadista Leopoldo Figueroa, se opuso a aquella ignominia del entonces todopoderoso partido. En aquella triste época, abogados estadistas como Santos Amadeo y Héctor González Blanes defendieron gratuitamente a los independentistas arrestados. (Véase a Ivonne Acosta, La Mordaza).
Los señalamientos y objeciones a este nombramiento fueron múltiples y sonoros. No por la edad de la nominada y ahora Jueza Presidente, sino por su extenso término en dicha presidencia -probablemente treinta años- y el enorme poder que tendrá en sus manos. Mucho más que cualquier otro juez en la historia de Puerto Rico, y un caso inaudito en nuestra realidad política. Los tiempos de las mayorías apabullantes solo se ven en los libros de historia y es por eso que el Tribunal Supremo queda como el último bastión político que le queda al Partido Popular. Desde allí también disfrutan del ejercicio del poder.
Distinto a las otras ramas de gobierno, los términos de los jueces del Tribunal Supremo, según reza el Artículo V, Sección 10 de nuestra Constitución, son hasta que cumplan la edad de setenta años. En la Rama Ejecutiva, un gobernador tiene un término de cuatro años y es el Pueblo quién lo escoge; pudiendo elegirlo o derrotarlo al finalizar su mandato de cuatro años. La Rama Legislativa tiene la facultad constitucional de escoger, por sus mismos miembros, la presidencia de los cuerpos legislativos. Entonces, ¿por qué no reconocerle esa misma facultad al Tribunal Supremo?
Solo siete de los 50 estados de la Nación reconocen la facultad del gobernador de nombrar al juez presidente y veintidós delegan dicha facultad a los propios jueces del Tribunal Supremo. Los demás estados tienen otros sistemas, como la elección directa por parte del Pueblo, antigüedad o por recomendación de otro ente. La selección por los propios jueces es el derecho mayoritario en los estados de la Nación. Por tanto, el Tribunal Supremo tiene una obligación moral con todo el Pueblo y con la historia de aclarar y reclamar para sí esta importante laguna constitucional.
Maite Oronoz Rodríguez tendrá poder para administrar los tribunales, escoger los jueces que estarán en las salas de recursos extraordinarios y presidir la importante Junta Constitucional de Revisión de Distritos Electorales, Senatoriales y Representativos, que es la encargada de la redistribución electoral. Con la alta politización de nuestros tribunales, la confianza en esta nueva presidenta y su justa adjudicación de las controversias será escasa.
Por ende, este nombramiento es el equivalente al inicio de un largo reinado en un país monárquico, donde sabemos cuándo comienza, pero no cuándo termina. Gracias al Partido Popular una nueva era comienza en Puerto Rico; la era de la monarquía judicial.
You must be logged in to post a comment Login