El plan de salud público Mi Salud no sólo representa uno de los renglones de gasto público más grande para el gobierno de Puerto Rico, sino que se ha convertido en un tren financiero sin control donde los gastos han ido aumentando a pesar de que la población servida baja y a pesar de que se le inyectaron fondos federales adicionales.

Así queda expuesto en el más reciente informa de auditoría de la Oficina de la Contralora y que hace un análisis de cuánto pagaba la Administración de Seguros de Salud (ASES) por cada beneficiaron del programa en 2001 y cuánto paga en 2015.

El hallazgo es que, a pesar de que en el 2001 habían 1,770,531 beneficiarios y en 2015 bajó a 1,569,846, una reducción de 11.3%, los costos por asegurado han subido de $737 en 2001 a $1,762 en 2015, o lo mismo que un aumento de 139%.

Esto coloca al renglón de la salud, el segundo de servicios que más fondos públicos tiene asignado, en una situación muy similar al de educación, el primero de más fondos asignados, en el sentido de que ambos han experimentado una reducción de la población a la que sirven, sin embargo, ambos han visto aumentos en sus costos.

Al pedírsele a la ASES que explicara este aumento, la respuesta a través de una portavoz fue que «se debe principalmente a la inclusión, a partir del comienzo del nuevo modelo que comenzó en abril de 2015 (MCO, por sus sigas en inglés), de nuevos servicios mandatorios cubiertos por ACA/Obamacare como por ejemplo: trasplante de órganos (tejido, córnea, hueso), métodos contraceptivos, medicamentos especializados, y la extensión de edad en vacunas hasta los 21 años».

Lo que implica que el aumento se debió a lo que las aseguradoras con contrato de Mi Salud pensaron que iban a gastar con los servicios nuevos y no necesariamente a la experiencia de uso real por parte de los beneficiarios de estos servicios.

Además, la aplicación aquí del Obamacare, que el gobierno de Puerto Rico tuvo que aceptar para los beneficiarios de Mi Salud pero cuya aplicación completa bloqueó para las personas del sector privado que no tienen seguro médico, vino acompañada de un aumento en fondos federales que se supone que ayudara en la implementación de los cambios, y que durara hasta 2019.

Sin embargo, la auditoría de la Contralora consigna que esos fondos se van a acabar en 2017, es decir, dos años antes de que se supone que se acabaran. Las razones para esto no se explican con mayor detalle en la auditoría excepto que es una proyección basada en el ritmo con el que la ASES ha estado consumiendo esos fondos.

La consecuencia es que, si llega la fecha de extinción de los fondos y no se ha identificado una fuente alterna de financiamiento o no se ha variado el ritmo de gasto, el Fondo General tendría que absorber los $1,300 millones anuales que representan esa asignación federal para correr Mi Salud a sus niveles actuales.

La ASES dijo a la Contraloría que planifica atender esta realidad con medidas como: sacar de Mi Salud a los policías y a los empleados públicos que no sean médico indigentes, fiscalizar mejor a los proveedores de salud, la coalición que mantienen con el sector privado para cabildear por más fondos de salud en la capital federal, y eliminar la posibilidad de que los municipios que tienen instalaciones de salud puedan usar eso para negociar una reducción en su aportación al plan público.

Vea también:

ASES desembolsó millones por pagos de primas de beneficiarios fallecidos (documentos)

Así será el nuevo proceso de corte de luz y revisión de facturas (documento)

Agustín Carbó Lugo, presidente de la Comisión de Energía de Puerto Rico. (Josian Bruno Gómez / NotiCel)

Gabriela Saker Jiménez   07/03/2016 04:35 am

Con el objetivo de hacer menos escabrosos los procesos para objetar facturas de luz y de permitir al cliente actuar a tiempo para evitar un corte de luz en su hogar, se está generando un nuevo Reglamento para la Revisión de Facturas y Suspensión de Servicio Eléctrico por Falta de Pago, de la autoría de la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR).

Según el presidente de la Comisión, Agustín Carbó Lugo, esta propuesta de Reglamento responde a las funciones asignadas a la CEPR luego de su creación, que entre ellas destaca “proteger los intereses y derechos de los consumidores frente a las compañías de servicio eléctrico” y establecer procedimientos para la revisión de facturas “desalentando prácticas que sean abusivas, deshonestas y desleales”.

En entrevista con NotiCel, Carbó Lugo explicó que este escenario abusivo toma lugar principalmente por el abultado número de querellas que llegan a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que a su vez se empeora por la ausencia de límites de tiempo para contestarlas y para encausar la investigación. “Hay casos que están durando años”, dijo.

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En el nuevo Reglamento, se establecería un período de 30 días una vez un ciudadano somete una objeción a una factura, y la Autoridad tendrá 60 días para evaluarla y completar la investigación. De sobrepasar el límite, perdería jurisdicción y tendría la obligación de adjudicarlo a favor del cliente. Incluso, los casos que valen menos de $2,500, se atenderían en un procedimiento sumario más rápido para que el cliente no tenga que enfrentarse a un proceso largo.

Un cliente objeta una factura cuando considera que el contenido de la misma no se ajusta a lo que realmente consumió. Si se demora, puede perder el derecho a exigir una revisión. No obstante, la investigación debe llevarse a cabo. La Autoridad también se enfrenta a casos en que las reclamaciones no están justificadas, los cuales se pueden transformar en procesos hostiles, agregó Carbó Lugo.

Para facilitar el proceso, la CEPR también podría tener potestad para evaluar casos, por lo que estarán inaugurando su propia Sala de Vistas Públicas en Hato Rey próximamente. Esto en parte para aligerar los procesos y a su vez, para crear confianza con un cliente que puede cuestionarse cómo pedir revisión ante la misma agencia que emitió la factura.

El Presidente agregó que velarían porque el cliente no tenga que lidiar con abogados, incluyendo información general sobre el proceso y el formulario de solicitud que podrían completar en línea. Una vez se agoten los remedios administrativos, la parte afectada podría acudir a la Comisión o al Tribunal de Apelaciones si fuera el caso.

En cuanto a la suspensión del servicio eléctrico, la propuesta de reglamento establece que una vez concluido el término de 30 días que tiene de gracia el cliente sin que se haya efectuado el pago correspondiente, la AEE tendría la obligación de avisar sobre el corte de luz con diez días mínimos de antelación. Además, no podría ocurrir viernes, sábado, domingo o días feriados, días en los que se complica realizar los pagos.

“Hemos puesto eso para salvaguardar ese derecho del cliente, para que se le haga más fácil. Si hay un aviso de corte, podría pagar en esos días”, dijo.

La propuesta de Reglamento actualmente atraviesa un proceso de revisión y vistas públicas. La población tiene hasta el 27 de marzo para someter comentarios escritos sobre el Reglamento, y la vista pública se llevará a cabo el 1ro de abril en la oficina de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde.

“Siempre queremos recibir insumo del pueblo porque son los que se ven afectados principalmente por estas decisiones sobre todo los que han pasado por esta experiencia, nos gustaría saber cómo mejorar este reglamento para hacerlo más amigable”, concluyó Carbó Lugo.