Justo cuando el gobierno está a cuatro meses de chocar contra un peñón de $1,900 millones de pagos al vencimiento de la deuda, la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público intenta adentrarse en aguas profundas con la resistencia de ejecutivos gubernamentales quienes prefieren navegar sobre la superficie sin proveer acceso inmediato a documentación financiera.
La coyuntura histórica en la que se sitúa la Isla, con una deuda real de $146,000 millones- de la cual la administración de Alejandro García Padilla solo ha querido reconocer que se necesita reestructurar de inmediato $69,000 millones- ha llevado a los políticos a predicar la urgencia de una reestructuración, mientras de otros sectores proviene como eco el reclamo para auditar las emisiones realizadas por encima de los límites constitucionales y por un puñado de funcionarios con grandes influencias en la banca privada.
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Auditar, a la vez que se intenta lograr la reestructuración, es un contrasentido para algunos políticos y sus asesores, debido a las repercusiones que puede tener cualquier hallazgo de ilegalidad en la porción de ganancia que reciban los acreedores con quienes intentan negociar de “buena fe”.
Mientras el Congreso estadounidense ha solicitado información financiera auditada, la Comisión de Auditoría le solicitó al Banco Gubernamental de Fomento (BGF) el desglose del endeudamiento por pagar, así como los documentos de cada emisión -desde la autorización hasta la declaración oficial- detallando los términos y el propósito de la misma. Sin embargo, ninguna de estas solicitudes han sido contestadas, sino que el BGF pidió el pasado 3 de febrero un tiempo adicional de 30 días laborables.
En una audiencia congresional en octubre, García Padilla admitió a preguntas del congresista y precandidato presidencial demócrata, Bernie Sanders, que era una “posibilidad” que parte de la deuda haya sido emitida de forma inconstitucional, por lo que había que auditarla. García Padilla dejó pasar, sin embargo, la oportunidad de nombrar los miembros de la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público en el periodo de 10 días que le concedía la ley. Finalmente, los miembros fueron designados por la Asamblea Legislativa y el ente es presidido por el dirigente sindical Roberto Pagán.
El análisis sobre el endeudamiento pretende darse al tiempo que cabilderos en contra y a favor de la reestructuración comentan ante el Congreso de Estados Unidos, la posibilidad de que gran parte de la deuda pública haya sido emitida de forma ilegal por encima de los límites constitucionales.
Otra de las solicitudes que el BGF aún no ha contestado incluye los contratos y pagos a instituciones bancarias y bufetes por costos relacionados a las emisiones.
AGP con su inglés de tercer grado colgao es un bochorno para Puerto Rico.
Un análisis de EL VOCERO reveló que Puerto Rico tiene alrededor de 60 jugadores financieros que han participado como suscriptores de la deuda, entre los cuales figuran el Banco Popular y Santander como los principales, con la participación en ganancias de $419.7 millones y $388.6 millones, respectivamente.
En la audiencia más reciente, celebrada el 25 de febrero de este año, el Subcomité de Investigaciones Financieras de la Cámara baja federal, invitó a deponer al expresidente del BGF durante la administración de Luis Fortuño, Juan Carlos Batlle, quien autorizó 21 emisiones en un período de 19 meses. Su hermano, Fernando Batlle, también ocupó la vicepresidencia del BGF con un total de 45 emisiones entre ambos, que totalizan $35 mil millones, aunque la mitad de esta fue para refinanciar deuda vieja por lo cual la deuda neta del cuatrienio fue de $16 mil millones.
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Batlle ocupó la posición de presidente del BGF desde marzo de 2011 hasta diciembre de 2012, luego de trabajar por varios años para Santander en Puerto Rico. Su hermano, Fernando, fue vicepresidente ejecutivo del BGF de enero de 2009 a febrero de 2011. Varios meses luego de cesar sus funciones en el BGF, fue contratado por Santander.
“En ningún momento tuvimos puestos concurrentes en el BGF ni en Santander. Al concluir mis funciones como presidente del BGF en diciembre de 2012, no fui contratado ni he sido contratado por Santander o ninguna entidad afiliada”, comentó Batlle.
A preguntas de EL VOCERO, indicó que “cualquier cuestionamiento de moralidad es infundado, y responde meramente a ataques personales y de índole político que no merecen mayor discusión o consideración de mi parte más allá de lo aquí expuesto”.
Aclaró, no obstante, que las emisiones se realizaban por un sindicato de bancos compuesto por hasta 12 instituciones locales e internacionales que se encargaban de estructurar, suscribir y vender dichas emisiones en el mercado de bonos municipales, y que se creó un Comité Independiente de Selección de Sindicatos de Valores, aprobado por resolución de la Junta de Directores del BGF y con el aval de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) para evaluar los casos donde pudiese participar el Grupo Santander. Batlle no era miembro de ese comité independiente.
Al contestar preguntas de los congresistas, Batlle indicó que permitir la reestructuración de la deuda de Puerto Rico, tendría un efecto colateral en los mercados de bonos municipales y los bancos. Habló también a nombre de los puertorriqueños y puertorriqueñas para asegurar que la población ve positivamente la imposición de una junta de control fiscal.
Batlle dirige ahora CPG Island Servicing, una entidad de bienes raíces vinculada a Goldman Sachs, una banca de inversión multinacional, que ha participado de una ganancia de $308.5 millones por costos relacionados a la participación de siete emisiones de bonos.
Tal como otros de los funcionarios que emitieron esa deuda a nombre del pueblo de Puerto Rico, Batlle ahora trabaja del lado del sector bancario y financiero con quienes le correspondía pactar tales emisiones, un ciclo que no es nuevo. Vínculos similares han reflejado otros funcionarios como la actual presidenta, Melba Acosta, cuyos expatronos RG Financial y McConnell Valdés participaron de una ganancia de $53 millones y $1.4 millones respectivamente.
La Ley de Ética Gubernamental establece en su Artículo 4.6 que un ex servidor público no puede tener un cargo o interés monetario con un negocio sobre al que favoreció o contrató durante el año anterior a la terminación de su empleo. También especifica que el ex servidor público no puede ofrecer información o asesorar a un negocio sobre las acciones en las que intervino mientras ocupaba el cargo.
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Este rotativo pidió una declaración a la directora de OEG, Zulma Rosario, sobre estos casos pero no se produjo al cierre de esta edición.
Tanto desde el Congreso de Estados Unidos como desde la legislatura puertorriqueña se trabaja sobre la noción de que gran parte de la deuda pública, incluida la de la Corporación del Fondo para el Interés Apremiante (COFINA), emitida por las administraciones electas para gobernar el Estado Libre Asociado (ELA) fue ilegal. La Constitución establece que el monto del principal e intereses emitidos no puede exceder el 15% del promedio del monto de las rentas anuales, ni usarse para balancear el presupuesto.
Incluso, el gobernador Alejandro García Padilla ha señalado como responsables de la crisis fiscal al mercado de valores estadounidense y a las administraciones de Fortuño y Aníbal Acevedo Vilá, que en solo ocho años duplicaron la deuda emitida en 60 años.
Sin embargo, algunos de los miembros de su gabinete, como la actual presidenta del BGF, formaron parte de las administraciones de Sila Calderón y Acevedo Vilá o participaron de esas emisiones desde la banca y el sector privado.
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