La última revisión del Plan de Trabajo Económico y Fiscal de Puerto Rico anticipa la esquela del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) el cual tan cercano como en mayo se quedará insolvente –con solo $34 millones en caja– al mismo tiempo en que se enfrenta al vencimiento de alrededor de $435 millones de principal e intereses por pagar a sus acreedores.
“El BGF no puede ser una fuente de liquidez para el Estado o las corporaciones públicas ya que se espera que su dinero en efectivo sea agotado por sus propios pagos del servicio de la deuda”, sentencia el Grupo de Trabajo para la Recuperación fiscal del cual forma parte Melba Acosta como principal oficial financiero del gobierno.
Sin las medidas “extraordinarias” de liquidez tomadas por la administración de Alejandro García Padilla, ya se hubieran agotado los fondos, estableció el Grupo en el documento divulgado el 1 de marzo.
Para mayo de este año, quedarán únicamente $34 millones en las arcas del BGF, mientras que en junio esta entidad acarreará un déficit de $923 millones, según las proyecciones tomando en consideración el servicio de la deuda de Obligación General.
La insuficiencia de fondos se dará pese a los esfuerzos que hará el gobierno por aplazar el pago de los reintegros del año fiscal 2015, de las contribuciones que se rinden en abril de este año, y que se reembolsan hasta los primeros meses de 2017, y recurrir a la venta de activos del Sistema de Retiro para pagar las pensiones.
Al cierre del año fiscal el próximo junio 30, el BGF seguirá debiendo $105 millones a la Universidad de Puerto Rico (UPR), la Autoridad de Carreteras y Transportación, la Autoridad de Edificios Públicos y la Compañía de Fomento Industrial.
El documento anticipa la posible desaparición del BGF, creado en 1942 como símbolo del desarrollo de Puerto Rico, para financiar proyectos que resultaban muy riesgosos para inversionistas privados, según reseña su propia página cibernética.
Detallar este cuadro crónico del BGF comprende también parte de la estrategia gubernamental para enfatizar en la importancia de una reestructuración amplia de la deuda pública que asciende a $146,000 millones, pero que el gobernador Alejandro García Padilla ha expresado que se estaría reestructurando únicamente $69,000 millones que comprende aquellas obligaciones que rinden servicio anual a la deuda.
“La estructura de reestructuración da a los acreedores la oportunidad de recuperar el valor nominal total de sus bonos, si los ingresos del Estado Libre Asociado crecen como resultado de un crecimiento real de la economía de Puerto Rico”, promociona el grupo de trabajo fiscal en el documento que publicó a principio de este mes y días antes que el gobernador saliera a Washington D.C. a reunirse con los grupos de trabajo de los congresistas y del Tesoro federal.
Como parte del cabildeo del gobierno por una reestructuración amplia de la deuda, promocionan que la nueva titularización “proporciona a los acreedores con mayores protecciones de su crédito”, entre los que destacan: derechos de retención y prendas sobre ciertos ingresos, garantías del Estado Libre Asociado, aplicabilidad de la ley y los tribunales de Nueva York, así como protecciones legales contra otras emisiones de deuda.
Las medidas “extraordinarias” tomadas por esta administración para posponer la descapitalización incluyeron suspender el pago de $93 millones mensuales a los fondos de amortización de los GO´s (bonos de Obligaciones Generales), una línea de crédito de $309 millones del BGF y el pagarés en anticipación de contribuciones de ingresos – los llamados TRANs internos– de $400 millones que se hicieron en agosto al pedir los fondos a entidades gubernamentales.
La actualización del plan, publicado el 1 de marzo, repasa también la ruta de una treintena de medidas de austeridad tomadas durante los últimos diez años por las administraciones de Aníbal Acevedo Vilá, Luis Fortuño y García Padilla, que incluyen el Impuesto sobre Ventas y Uso de 7% que luego fue aumentado al 11.5%, el impuesto al crudo del petróleo, despidos de empleados, recortes presupuestarios, reducción de beneficios marginales y cambios al sistema de retiro para aumentar la edad de retiro y la aportación de los empleados. A pesar de estas medidas, Puerto Rico se enfrenta a un impago de sus deudas debido a la falta de liquidez del BGF.
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