Un gobierno comprometido con la transparencia está obligado a proveer herramientas incuestionables que viabilicen la fiscalización exitosa de las operaciones fiscales públicas, lo cual es parte de la misión del Registro de Contratos de la Oficina del Contralor.

Un Estado democrático debe facilitar el acceso ciudadano a la información y evitar que alcancen nivel de impunidad las contrataciones indebidas o hasta delictivas. Después de todo, la transparencia gubernamental es una muralla de defensa ante la corrupción de los recursos públicos.

Malgastos Sin Obras del PPD en Medio Siglo – Por qué AGP no cancela los Miles de Contratos a sus Anaudicistas?

Lamentablemente, como detectó una investigación de El Nuevo Día, el Registro de Contratos es una herramienta informativa muy vulnerable que muchos funcionarios manipulan para ocultar los datos públicos relacionados con la forma en que se reparten y gastan los recursos del Estado. Esto es particularmente serio porque esos fondos se alimentan de las contribuciones de los trabajadores y las empresas.

Las deficiencias del sistema recopilador de información sobre los contratos del gigantesco sistema gubernamental obran incluso en contra de la misión de la Oficina del Contralor, a cuyos auditores en muchas ocasiones se les escapa detectar irregularidades en la contratación de individuos y compañías para que rindan servicios profesionales y técnicos, o para que suplan bienes al ente público contratante. La desventaja se acentúa porque los auditores intervienen luego de que los fondos han sido desembolsados.

Es cierto que el registro aglutina cerca de 160,000 contratos cada año y que el personal del Contralor remite anualmente miles de reparos a contratos registrados incorrectamente. Pero estas notificaciones serían más numerosas si muchas fallas no pasaran desapercibidas para los auditores.

Es importante destacar que, como calcula la propia contralora Yesmín Valdivieso, las irregularidades con el manejo de los fondos públicos ocurren mayormente en las contrataciones.

La investigación realizada por este diario encontró deficiencias significativas en el proceso de registro de contratos, como es el caso del Municipio de Comerío, que durante al menos 10 años clasificó como exentos miles de contratos que no lo eran y, por lo tanto, no los remitió a la Oficina del Contralor.

Tanbién se detectaron contratos otorgados a empresas o individuos que habían resultado convictos por delitos de corrupción, lo que debió inhabilitarlos para contratar con el gobierno. Además, hay contratos con decenas de enmiendas para aumentar las cantidades a pagar al contratista, lo que anula en la práctica el proceso de subasta.

Es muy grave, asimismo, que muchos funcionarios y contratistas evadan el cumplimiento cabal de la ley utilizando distintos nombres, agregando o quitando una inicial o uno de los apellidos, lo que impide que una búsqueda de información produzca los resultados correctos. También hay registros con errores en el monto de la contratación, como por ejemplo, que se inscriba lasuma de $2,000 pero resulte que la cifra correcta era $2 millones.

Ante el cuadro tan desolador del Registro de Contratos, urgimos a la contralora Valdivieso, así como al liderato legislativo, a que más allá de enmendar la Ley 18 de Registros para reducir las exenciones a su cumplimiento, propongan enmiendas que fijen penalidades fuertes contra los violadores y garanticen el registro correcto y obligatorio de los contratos otorgados.

Corresponde al gobierno garantizar la pulcritud de las operaciones públicas, para evitar y castigar la delincuencia, a la vez que combate el inversionismo político.

No se puede permitir que un deficiente y amañado Registro de Contratos alimente la impunidad y menoscabe el derecho del pueblo a conocer las acciones de los funcionarios en los que deposita su confianza como administradores de las contribuciones del pueblo.