El marco de referencia para la llegada de una junta de control fiscal por orden del Congreso de Estados Unidos para Puerto Rico, se sitúa en las ciudades de Nueva York y Washington D.C., donde junto a la adopción de este mecanismo para manejar crisis fiscales se enfrentó la pérdida -en conjunto- de 75,000 empleos en el sector público.
Aunque se trató de juntas impuestas en contextos históricos diferentes, Nueva York en 1975 y Washington en 1995, en ninguno de los ejemplos se trató de una deuda en los $70 mil millones como es el caso de Puerto Rico, los cuales de llegarse a manejar en un plan de reestructuración, serían la mayor cantidad jamás encarrilada en tal proceso en la historia de Estados Unidos y sus jurisdicciones o territorios.
Ese dato únicamente, en la necesidad de reducir la nómina pública, algo que reiteradamente el gobernador Alejandro García Padilla ha dicho que no hará, plantea claramente cuán “fuerte” podría ser el mecanismo que se active por orden congresional, bajo la cláusula territorial de la constitución de Estados Unidos.
Hasta ahora, nadie puede hablar con certeza de cuáles elementos contendrá la propuesta que se presente antes de concluir el mes de abril, pero la frase repetida por congresistas en sus conversaciones con líderes políticos de la Isla y con economistas es que será una junta fuerte que no agradará a muchos.
“Yo creo que lo que va a terminar sucediendo es una junta de control que a su vez tenga la facultad de reestructurar parte de la deuda, una con mucho más control federal, fuerte, y nada más”, comentó Miguel Soto Class, presidente del Centro para una Nueva Economía (CNE).
Una mirada a las juntas de Nueva York y Washington ya sugiere cómo será el camino. El 8 de abril de 1995 el congreso aprobó legislación para crear la junta fiscal de cinco miembros para el Distrito de Columbia, y de inmediato fue vista por políticos de la ciudad como una “violación a la democracia”.
La junta para Washington, motivada por un déficit anual en el orden de los $722 millones, tuvo amplia autoridad, al punto que podía anular las decisiones del alcalde Marion Barry y esto planteó discusiones toda vez que los constituyentes se encontraban con personas por las cuales no había emitido un voto pero que prácticamente tomaban todas las decisiones. La junta decidía sobre el gasto de la ciudad, ejerció la planificación financiera total, manejó la deuda y estableció a quién se contrataba o no y cuáles contratos se podían firmar.
No solo dejó sin mucho poder a los políticos electos y sus funcionarios, conllevó crear cargos que respondieron a la junta, como personal para dirigir las finanzas, que se asegurara de presupuestos equilibrados por ocho años consecutivos, y hasta un inspector general.
“Los intereses de Estados Unidos es lo que va a llevar esa junta y esa idea de que lo de aquí es malo porque no ha funcionado y de que lo que venga son los salvadores… ahí está el error”, señaló Soto Class, al expresar que muchos ciudadanos dicen favorecer una junta ante la decepción con los políticos locales, pero entiende que en realidad las personas desconocen los alcances del mecanismo que está por surgir.
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A diferencia de lo que han advertido congresistas y el gobierno de Barack Obama, de que no habrá asistencia económica para Puerto Rico, porque lo que se legisle no será “un rescate”, en los casos de juntas en Estados Unidos esto sí ha ocurrió. En Washington, donde se perdieron 10,000 empleos públicos, un paquete de reformas hacia 1997 puso fin a un pago anual federal que se le hacía, y en su lugar el gobierno federal asumió las deudas de la ciudad, se hizo cargo de los tribunales y las prisiones, según detalló la prensa en ese momento, pero igual hubo un aumento en reembolsos de Medicaid y asumió las pensiones insolventes de los empleados públicos.
Un reporte del Huffington Post, citó a John W. Hill, quien fue director ejecutivo de la junta de control financiero de Washington de 1995 a 1999, al señalar que previo a la junta, en 1994 “Washington había sufrido varios años con la tasa más alta de homicidios per cápita en el país. Su población estaba disminuyendo. El gobierno de la ciudad también se movía de una manera sumamente lenta. Conseguir una llamada de un miembro del personal de la ciudad podría tomar meses y obtener el permiso de la ciudad para construir o renovar una instalación era un proceso totalmente impredecible”.
Tanto en Nueva York como en Washington, la prensa dio cuenta de cómo el poder de ambas juntas las llevó a tomar las decisiones más antipáticas que los políticos no ejecutaban.
En Nueva York, la junta se creó en septiembre de 1975 y según los estimados, se perdieron 65,000 empleos públicos por la crisis fiscal, mientras que los sindicatos hicieron amplias concesiones y abrieron sus fondos de pensiones para evitar que la ciudad llegara a la quiebra.
“Uno de los grandes poderes (del gobierno) es la política fiscal. En la medida que perdamos injerencia en la política fiscal, es muy poco lo que podamos hacer. El gobierno (local) sería un administrador de las decisiones que toman otros”, anticipó Sergio Marxuach, director de política pública del CNE.
Carlos Antonio Otero, EL VOCERO
Periodista con 24 años de experiencia en la cobertura de temas económicos, política, tribunales y cultura en diferentes periódicos y revistas. Estudió periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón e historia y cultura puertorriqueña en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y El Caribe.
Rechazo a la junta de control federal
Los representantes populares Luis Vega Ramos y Luis Raúl Torres adelantaron que no favorecerán un proyecto que busque crear una junta de control fiscal como la que se cuece en el Congreso de Estados Unidos para atender la crisis fiscal del país.
Mientras se debatía el proyecto para crear una entidad en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) que acuda al mercado de bonos, Vega Ramos se puso de pie y comenzó a debatir la medida. Sin embargo, al ir finalizando su turno, cambió el tema para indicar que si favorecía este proyecto, era para evitar la imposición de una junta de control federal. Adelantó entonces que no favorecerá un proyecto que busque crear esta junta. De inmediato el representante Torres, quien estaba a su lado, indicó que él tampoco favorecerá esta junta.
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“El día que me pregunten si acepto una junta de control fiscal, mi voto será que no y yo tengo que asumir que si ustedes se precian de hombres y mujeres que respetan la voluntad del pueblo de Puerto Rico, de la misma manera que hoy voto que sí para defender a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados porque no quiero dar una excusa para los que nos quieren endilgar la junta”, dijo Vega Ramos al reclamar al Partido Nuevo Progresista (PNP) que favoreciera el proyecto de la AAA.
Vega Ramos dijo además que hay políticos -que no identificó- que están “comprando rollos de alfombra roja para recibir la junta”.
Cuando se le preguntó por qué trajo el tema de la junta de control, dijo que lo hizo en respuesta a la visita del congresista James Sensenbrenner, quien se reunió el miércoles con diversos líderes del país, a quienes advirtió del proyecto que crearía una junta de control fiscal. Se ha discutido públicamente que el Congreso incluirá en el proyecto que crea la junta una disposición de que la misma debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa.
“Vino el congresista y lo que empiezo a escuchar es que parece que la idea de imponernos una junta fiscal parece estar bastante adelantado. Si nos van a pedir consentimiento o no para esa junta, yo adelanto que yo no voy a consentir para una junta y Luis Raúl acaba de decirme que él tampoco”, dijo Vega Ramos. “Cualquier organismo que ejerza poder fiscales y presupuestarios sobre el gobierno y el pueblo de Puerto Rico, si piden nuestro consentimiento desde Washington, tendrá mi rechazo”.
Luego de hablar Vega Ramos, el representante novoprogresista José Enrique Meléndez dijo que si hay necesidad de una junta de control fiscal es precisamente por proyectos como el de la AAA.
“Es por la incompetencia de esta Asamblea Legislativa que se compone de la mayoría del Partido Popular. Ustedes no son los únicos culpables. El jefe político de todos ustedes que está en La Fortaleza, Alejandro García Padilla y su desastroso equipo económico también son responsables”, dijo Meléndez.
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