Mientras el gobernador Alejandro García Padilla, consideró que las medidas presentadas por el senador Bob Menéndez demuestran la comprensión abarcadora de la crisis que enfrenta Puerto Rico al incluir las herramientas de reestructuración, paridad en fondos de Medicaid y el Crédito por Ingreso de Trabajo, el comisionado residente Pedro Pierluisi, advirtió que una medida que provenga de uno de los dos partidos no llegará “a ningún lugar”.
García Padilla urgió a la Cámara de Representantes federal a presentar legislación similar y a los demás líderes del Senado federal a que “consideren inmediatamente la medida” por haber sido presentada en un momento crucial, en referencia al pago de $435 millones que debe hacer el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) en mayo y que el gobierno central colisione contra un aplazamiento de $1,900 millones en julio.
“Esta legislación nos proveerá las herramientas necesarias, para alejarnos de las peores consecuencias de la crisis que pudiéramos enfrentar en el futuro cercano”, reaccionó García Padilla ayer en declaraciones escritas.
En tanto, el comisionado residente dijo que está enfocado exclusivamente en las medidas que provengan de la Cámara baja, donde “hay un proceso encaminado que esperamos resulte en un proyecto bipartita y balanceado que se pueda convertir en ley”. “De lo contrario, un proyecto que obvie comprometer tanto a Republicanos como a Demócratas, aseguró que es muy probable que “no llegue a ningún lugar, que sería el peor resultado posible para ambos, Puerto Rico y sus acreedores”, indicó.
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Mientras, el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, indicó que la propuesta de Menéndez “dirige por fin al Congreso hacia una discusión profunda e inclusiva sobre la situación fiscal de Puerto Rico”. “La propuesta de Menéndez va en la dirección correcta pues propone un mecanismo organizado para reestructurar la deuda, propone una junta de supervisión fiscal que respeta la autonomía del Estado Libre Asociado de Puerto Rico e incluye medidas de impulso económico”, sostuvo.
“Ciertamente, este plan se aleja de una junta de control que quite derechos a los puertorriqueños. La situación actual de Puerto Rico no puede ser motivo para rendir la democracia y dejar en las manos del gobierno federal las decisiones que le corresponde al gobierno democráticamente electo por los puertorriqueños”, concluyó.
Laura M. Quintero, EL VOCERO
Y el Separatista Bernier Por Fin Habla Pero Sin Saber:
Golpe al ELA una Junta de Control
El presidente y candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), David Bernier, rechazó ayer la imposición a nivel federal de una junta de control fiscal que desautorice la Rama Ejecutiva y Legislativa del gobierno de Puerto Rico, en una misiva enviada a los líderes de mayoría republicana y demócrata en el Congreso de Estados Unidos.
“La principal intención de los que fomentan un control financiero federal es avergonzar y dar un golpe al Estado Libre Asociado lo que a sus ojos provocaría un movimiento para que Puerto Rico se convierta en el estado número 51 por defecto”, advirtió Bernier al solicitar a los congresistas que se desatiendan de esas “motivaciones políticas”.
El exsecretario de Estado vinculó la “irresponsabilidad” de las administraciones gubernamentales de Puerto Rico a las decisiones tomadas en la esfera federal ante la necesidad de “compensar la falta de actividad económica” causada por el Congreso en su administración del territorio. “Creemos firmemente que el Congreso tiene responsabilidad compartida”, llamó la atención al asegurar que la falta de crecimiento económico es consecuencia de la eliminación de la Sección 936, del trato desigual en los programas Medicare y Medicaid y otras legislaciones y regulaciones federales “injustas e irrazonables”.
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Las expresiones del candidato por el PPD se producen luego de que el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal adelantó mediante un tuit el viernes pasado que su propuesta se concentra en reparar “años de irresponsabilidad fiscal”, falta de transparencia y de rendición de cuentas de parte del gobierno de Puerto Rico, aunque también reconocieron “una política regulatoria federal opresiva”.
Previo a la radicación de un proyecto republicano, el presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Jaime Perelló, anticipó que el lenguaje para crear una junta de control fiscal será uno “muy fuerte”, mas pidió a los legisladores de Puerto Rico que no lo descarten sin discusión.
Los representantes populares Luis Vega Ramos, Luis Raúl Torres y Manuel Natal Albelo ya anticiparon que le votarían en contra a una medida como esta.
“Mi llamado (a los legisladores) es que cuando llegue el lenguaje no queramos romper la negociación y tener una excusa para no actuar. Vamos a ver el lenguaje, vamos a ver cómo podemos adaptarlo a la realidad del pueblo de Puerto Rico y cuáles son las herramientas”, solicitó Perelló a su entrada al Palacio de Santa Catalina para reunión con el gobernador Alejandro García Padilla.
En esa lid, el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Alberto Bacó, expresó a EL VOCERO a su salida de una reunión en La Fortaleza que su agencia ha estado muy activa en discusiones privadas con distintos congresistas. “Hemos estado planteando posibles cambios a legislaciones federales que nos amplíen los atractivos de hacer negocios en Puerto Rico para compañías norteamericanas”, aseguró.
Facilitar la repatriación de dividendos de modo que sea menos costosa para las empresas es una de las medidas propuestas a congresistas. “Estamos buscando cómo Puerto Rico se puede convertir en la puerta, el conducto para atraer todos esos trillones de dólares que hay en empresas norteamericanas en el exterior y que (los congresistas) miren a Puerto Rico con posibilidades de desarrollo económico utilizándonos de canal para (atraer) ese dinero de compañías norteamericanas que están fuera”, detalló Bacó.
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Según el titular de desarrollo económico, el gobierno ha sido bien agresivo en la promoción de incentivos para atraer capital extranjero en conversaciones con representantes de compañías internacionales, muchos de los cuales están a la expectativa de lo que suceda con la reestructuración de la deuda. “Una vez se aclare el panorama de la deuda… si hemos logrado mantener viva esa inversión, lo que viene es una explosión de desarrollo económico”, aseguró sobre las negociaciones con empresas foráneas.
Perelló, por su parte, rechazó un proyecto que excluya la reestructuración de la deuda pública. El monto total de la deuda de Puerto Rico -$146 mil millones según documentos oficiales- asciende al doble del Producto Nacional Bruto, aunque la administración García Padilla asegura que se reestructurará solo $69 mil millones de esta deuda que es la que tiene vencimiento anual.
Laura M. Quintero, EL VOCERO
Washington DC necesitó más que una junta
A los 20 meses de instaurada una junta de control fiscal en Washington DC, sus miembros concluyeron que apenas habían logrado un “progreso marginal”, por lo cual reconocieron que eran necesarios otros mecanismos para obtener mayores resultados en un tiempo menor.
Eso fue así, a pesar del amplio poder de la junta sobre nombramientos y destitución de funcionarios, la aprobación de presupuesto y contratos, el poder privatizar servicios, su fiscalización de toda la administración de la ciudad y sus dependencias, y en casos extremos hasta el poder para disolver leyes mediante procesos rigurosos.
Sin embargo, esos amplios poderes y las medidas contundentes no fueron suficientes y requirió que el Congreso, las partes interesadas, entidades independientes y la junta establecida en 1995 empezaran a discutir sobre remedios para atender las raíces de la crisis fiscal, al entender que era una “estructural”. Así se desprende de un informe del DC Appleseed y reportes de prensa revisados, que también relataron que la junta llegó a pedirle al gobierno federal se responsabilizara hasta por $1,000 millones en programas de la ciudad.
Eso dio pie a la creación, en agosto de 1997 y mediante legislación, del National Capital Revitalization and Self-Government Improvement Act, en el contexto de un gobierno demócrata y un congreso republicano. Se hizo “para volver a alinear las responsabilidades funcionales entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Distrito de Columbia, para hacer frente a los mecanismos y fuentes de financiación” entre ambos, y atender la situación financiera del DC en el corto y largo plazo. Se buscaba proporcionar mecanismos para mejorar la economía, que coincidieran sus recursos con sus responsabilidades, y mejorar más la eficiencia del gobierno de la ciudad, entre otros fines.
Una de las situaciones que se señalaba entonces para no alcanzar en menor tiempo mayores resultados de la junta de control, fue precisamente las características particulares del DC, algo que el presidente Bill Clinton denominó como “status híbrido”, al no ser un estado, no ser independiente ni dependiente al mismo tiempo, lo cual colocaba a la ciudad en una desventaja en términos de su financiación y asistencia. Por ejemplo, en términos del Medicaid, el DC debía pagar por el 50% de los gastos por paciente.
En consecuencia, el gobierno federal asumió gastos de la ciudad, como el sistema de corrección, y cargó con el asunto financiero de las pensiones de policía, bomberos y maestros, entre otras ayudas.
El déficit acumulado del DC era de $722 millones al 1995, el sistema de pensiones estaba descapitalizado en $5,000 millones al 1997 y debido a las particularidades de la ciudad –según estimó el General Accounting Office (GAO)- no podía gravar con impuestos $2 de cada $3 ganados por lo que trabajaban en su jurisdicción.
El cuadro de la ciudad previo a la adopción de la junta incluyo la incapacidad para cubrir el pago de sus cuentas, imposibilidad de ofrecer todos los servicios a los residentes, el arribo al crédito “chatarra” por la agencia Moody´s y no poder tomar prestado. Además, se resaltaba bajo aprovechamiento en las escuelas, alta incidencia criminal y descenso poblacional por la mudanza de 53,000 residentes a otras ciudades entre 1990 a 1995, lo cual erosionó la base contributiva.
Finalmente, hacia septiembre de 2001, al cabo de cuatro años con presupuestos balanceados, que era el objetivo principal de la junta, se dio por terminada su intervención y paulatinamente la ciudad empezó a contar otra historia financiera.
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