La determinación del Directorio del Partido Nuevo Progresista (PNP) de permitir que convictos aspiren a puestos electivos, como es el caso del exlegislador José Luis Rivera Guerra, incumple con la exigencia de presentar una papeleta limpia, según señaló ayer la directora ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental Zulma Rosario Vega.

“Puerto Rico exige una papeleta LIMPIA. Minimizar las violaciones a la Ley de Ética no cumple con esa exigencia. ¡Actúen!”, expresó Rosario Vega en la cuenta de Twitter de la Oficina de Ética Gubernamental.

Con su mensaje la directora ejecutiva de Ética agregó un reportaje de este diario que reveló que el PNP dejó correr a cinco aspirantes a puestos electivos de reputación dudosa aunque pidió para otros dos casos la descertificación de los políticos por alegadamente ocultarle al Comité Evaluador de Aspirantes de esta colectividad que habían sido convictos previos por varias acusaciones criminales.

El presidente del PNP, Pedro Pierluisi, recomendó el viernes descertificar a los aspirantes a la Legislatura, Raúl Caraballo, un exconvicto por manejar en estado de embriaguez y a Armando Santos Pérez, exconvicto por agresión simple después de enfrentar cargos de tentativa de asesinato y violación a la Ley de Armas.

No obstante, Pierluisi, junto al directorio del PNP, avalaron que en la papeleta de esta colectividad permanezca Rivera Guerra, un exconvicto por violar la Ley de Ética Gubernamental.

El Directorio del PNP explicó que el exlegislador les informó su convicción por violar la Ley de Ética Gubernamental y como lo notificó al Comité Evaluador de Aspirantes a Puestos Electivos entonces se le permite figurar en la papeleta legislativa porque fue sincero.

“En años de elecciones los partidos tienen que ser selectivos y tienen que dotar al Pueblo de Puerto Rico con potenciales servidores públicos que sean probos, honestos y éticos. Cada partido tiene su particular listado de candidatos que no cumplen con esos criterios. En el PNP está el alcalde de Maricao Gilberto Pérez Valentín que la oficina lo ha multado en tres ocasiones. Una de esas multas fue por insistir en el nombramiento de su hermano, o sea en nepotismo, pagó una multa de $10,000 y después lo volvió a nombrar. Tal vez pensó que había pagado un peaje con la multa y podía seguir contratando a su hermano sin ningún tipo de consecuencias. Ese caso todavía está ventilándose y espero una la determinación pronto. El sigue siendo alcalde y sigue en la papeleta del PNP”, señaló la directora ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental.

El Directorio del PNP junto a Pierluisi, quien aspira a la gobernación, determinaron que se sostenga la certificación de los aspirantes Rafael ‘June’ Rivera, Enrique ‘Quique’ Questell y Ángel López Bruno, todos imputados de delitos o arrestados previamente.

“Toda persona convicta o que ha tenido querellas que han resultado en multas, que es equivalente a una convicción, a la Ley de Ética Gubernamental no pueden estar en las papeletas. El pueblo está exigiendo servidores públicos que estén claros, que tengan valores y que sean evidentemente éticos en el más amplio sentido de la palabra. La Ley de Ética cumplió 30 años y medio y ha hecho todo el mayor esfuerzo por mandar el mensaje a los servidores públicos de que hay unas reglas de juego que tienen que cumplir y que violarlas tiene consecuencia. La consecuencia no puede ser pagar una multa sino que no se le permita aspirar nuevamente a una posición electiva. No tengo problemas con la rehabilitación, pero no se puede dar en el servicio público. Al igual que los convictos, que cumplen cárcel y tienen un expediente que no le permite aspirar a un puesto público, lo mismo tiene que pasar con los políticos sin ética”, puntualizó Rosario

En el caso del Partido Popular Democrático (PPD) la directora de la Oficina de Ética Gubernamental denunció el caso del alcalde de Lajas, Marcos ‘Turín’ Irizarru.

“El PPD también tiene lo suyo con Marcos ‘Turín” Irizarry  que tuvo dos querellas, antes de mi tiempo en las elecciones de 2004 y 2008 por quitarle las libretas de dar boletos a sus policías municipales para que el pueblo no se enojara y así evitar que le votaran en su contra. Ese caso llegó al Supremo y se confirmó a la Oficina de Ética. También cogió a su auditora interna y junto a ella hicieron una revista de logros de corte político y ese caso también fue dilucidado en la oficina, se multó, fue al Supremo y la Oficina resultó confirmada por los tribunales. Entre los dos casos la multa es de $13,000. Cuando entré en enero de 2009 a la oficina Irizarry pidió un plan de pago porque no había resultado electo pero no cumplió. En octubre él dijo que iba a liquidar la deuda y nunca pagó y la oficina instó una acción de cobro, el tribunal nos dio la razón y esta vez le impusieron honorarios. Y no ha pagado”, detalló.

Rosario Vega criticó al presidente del PPD, David Bernier, porque a pesar de cursarle una carta para pedirle una reunión y discutir los candidatos de reputación dudosa que están en la papeleta, como lo es el del convicto alcalde de Dorado, Carlos López, el líder de la pava ha hecho caso omiso.

“David Bernier todavía brilla por su ausencia y corroboré con su secretaria Raquel Rivera y con su asistente en la campaña Javier González que recibió mi carta”, dijo Rosario Vega.