Por José M. Saldaña, expresidente de la UPR
El actual estatus colapsó y el gobierno ha admitido que la deuda de $73,000 millones que tenemos es impagable. En los próximos dos meses estaremos frente a un impago de más de $1,900 millones. El Banco Gubernamental de Fomento (BGF) reconoció que no habrá liquidez a partir de junio. No habrá dinero para cumplir con las obligaciones gubernamentales. Estamos en quiebra, sin una ley local de quiebras que ayude a reestructurar la deuda ni la protección del Capítulo 9 de la Ley de Quiebra federal para Puerto Rico. Nos encontramos frente a una grave crisis.
Ante esta situación dependemos de que el Congreso de los EE.UU. y la administración de Obama lleguen a un acuerdo para aprobar medidas que ayuden a solventar esta inminente “crisis humanitaria”. Habrá que ver si la acción que se tome -si alguna- será suficiente y a tiempo, dado el momento de conmoción política electoral por el cual atraviesa la nación.
Si el Congreso no actúa, el presente gobierno de AGP/Bernier no tiene solución excepto no pagar las deudas y a Dios que reparta suerte. Ante esta situación, el PPD propone un cambio de estatus hacia un “ELA soberano” que es la Libre Asociación/modalidad de la independencia.
Bajo ese estatus perderíamos innumerables beneficios que hoy tenemos. Veamos: Viviríamos en un país extranjero como lo señalan los Informes Presidenciales. Perderíamos con el tiempo el Medicare pues como país extranjero este no nos cubriría. No sabemos cómo la Administración de Veteranos podría operar o si habría que ir a las Islas Vírgenes o Florida para recibir los servicios. Se acabarían los fondos de Medicaid que hoy recibimos para sufragar los costos de Mi Salud que cubre a 1,600,000 beneficiarios. Igual sucedería con los programas de servicios médicos de los Centros 330.
No existiría el Programa de Ayuda Nutricional (PAN), ni el WIC para alimentar a las familias de recursos limitados, especialmente madres y niños. Desaparecerá el seguro por desempleo federal para los desempleados en la Isla.
Se perjudicaría la construcción porque desaparecerían los fondos federales para programas de construcción y remodelación de escuelas, hospitales y servicios, especialmente en municipios. Se perderían las ayudas federales de Head Start para los niños de edad pre-escolar. Se afectarían los fondos federales para el Departamento de Educación que representan más de 1 billón de dólares (1/3 parte de su presupuesto) para salarios de maestros y otro personal de programas especiales y comedores escolares.
A nivel universitario se acabarían los fondos de las Becas Pell, préstamos federales, fondos de investigación de NSF, NIH, NASA, entre otros; lo cual causaría el cierre total o parcial de muchos colegios y universidades privadas y públicas, que dependen de esos fondos para educar a nuestros jóvenes de bajos ingresos.
Las familias de recursos limitados no tendrán acceso a los subsidios de vivienda de la Sección 8. Perderíamos los fondos federales para la construcción, operación, mantenimiento y servicios de más de 70,000 unidades de vivienda pública que albergan 400,000 personas en la Isla.
La administración Federal para el Manejo de Emergencia, (FEMA) dejaría de existir y el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos no velaría por nuestras playas, ni por hacer trabajos para mitigar inundaciones y dragados. En casos de emergencias no habría fondos federales para socorrer a los afectados o reconstruir puentes y carreteras. Tampoco recibiríamos fondos federales para el dragado de bahías, la conservación y ampliación de puertos y facilidades portuarias. Se perderían los empleos federales de los que aquí trabajan en esas agencias.
Desaparecería la Agencia Federal de Aviación (FAA) y se perderían los fondos para operación, construcción y mantenimiento de nuestros aeropuertos. Desaparecería ‘Homeland Security’ y sus empleos para nuestra seguridad en puertos y aeropuertos.
Con la Libre Asociación desaparecerían los préstamos que garantizan la Administración de Pequeños Negocios (SBA) y el FDIC que garantiza los depósitos bancarios.
Más importante aún, perderíamos la protección de nuestros derechos civiles y libertades bajo la Constitución de los Estados Unidos, la protección del FBI, la presencia de la Fiscalía federal y el Tribunal federal en Puerto Rico que garantiza nuestro derechos como ciudadanos americanos. Perderíamos la protección que nos brinda todo el gobierno federal, que nos garantiza el disfrute de las libertades y derechos que nos provee la constitución americana; libertad de expresión, y asociación, prensa libre, Habeas Corpus, debido proceso de ley, presunción de inocencia, elecciones libres y seguras.
En fin, perderíamos la forma de vida que nos brinda la bandera americana. Una vez seamos libres y soberanos dependeremos de lo que nos ofrezca el Congreso durante una transición y después… ¿qué?
Debemos pensar bien si estamos dispuestos a entregar todo esto y dar un salto al vacío.
Columnistas, EL VOCERO
Inminente un síndico para el BGF
Aunque desde 2013 el gobierno es consciente de la significativa fragilidad económica del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), ha postergado decisiones contundentes como extender el requisito de reserva legal y finalmente asignar un síndico, amparados en el “toque de gracia” que les confiere las fluctuaciones en los ingresos. En abril esa dinámica deberá acercarse a su fin.
El gobierno ha repetido sin descanso que no podrá pagar la totalidad de sus próximas obligaciones garantizadas, que para abril el BGF incumplirá con la reserva del 20% de los depósitos provenientes de terceros (que son las agencias y dependencias públicas en igual precariedad financiera), y que a mayo apenas quedaría con $34 millones en las arcas del banco.
El perfil registrado hasta ahora habilitaría la solicitud de un síndico, ante la fragilidad financiera –por la falta de pagos que le deben entidades pública como la Autoridad de Carreteras y Transportación– y la incapacidad de acceder a los mercados de inversión.
Fuentes del gobierno consultadas por EL VOCERO, sostuvieron que un síndico para el BGF “es inminente” y podrá ocurrir en abril, previo a los pagos pendientes para mayo.
En el Artículo 11 sobre Nombramiento de un Síndico, en la Ley que rige al BGF, se establece que si el secretario de Hacienda determina que el banco no está solvente o no cumple con sus reservas (entre otras razones), le concede 30 días para reaccionar y luego informará al gobernador, quien le ordenará acudir al Tribunal de Primera Instancia que evaluará el caso y “designará un síndico para suspender las operaciones y liquidar las obligaciones del Banco”.
“El síndico, una vez nombrado, tomará posesión, bajo la dirección del Tribunal de Primera Instancia del activo y pasivo, libros (incluyendo el libro de actas), registros, documentos y archivos de todas clases, pertenecientes al Banco, y cobrará todos los préstamos, derechos y reclamaciones del Banco, y velará por el pago de todas sus obligaciones y deudas, y de los gastos necesarios de la sindicatura. El síndico procederá a liquidar los asuntos del Banco lo más pronto posible, y a este fin podrá vender la propiedad mueble o inmueble y demás activo del Banco, pero sujeto a la orden del Tribunal de Primera Instancia”, especifica el estatuto.
El economista José Alameda sostuvo, a preguntas de EL VOCERO, que un síndico sería el responsable de mirar las obligaciones del BGF y los recursos que tiene para cumplir con esas decisiones.
“El BGF tiene otro rol además, que es el rol de agente fiscal del gobierno, las agencias y los municipios. Tendrá que haber un plan de reorganización del banco para que diga cuáles son sus obligaciones y sus recursos, pero entonces se tiene que someter a una liquidación y a cómo se va a hacer”, sostuvo. Explicó que, en términos generales, cuando a una empresa se le impone un síndico a través de un proceso de quiebra, es el síndico quien revisa las decisiones que se tomen para cumplir con las obligaciones financieras de la empresa y tiene la potestad de decidir cómo se reparten los fondos y a quién se le paga.
“El síndico tiene la capacidad final en caso de que la institución no llegue a un acuerdo con sus acreedores. Si es así, el síndico puede tener capacidad final para determinar cómo se paga”, sentenció.
Según confirmó Hacienda, al jueves 17 de marzo, el banco del Estado Libre Asociado (ELA) contaba con poco más de $800 millones, de $3 mil millones que tuvo a junio de 2014. Esa cantidad incluye el efectivo, depósitos bancarios y cartera de inversiones.
“No ha llegado el momento de activar el mecanismo de sindicatura que provee la Ley 17-1948. En caso de llegar a este punto, la recomendación de nombrar un síndico tal como lo establece dicha ley se evaluaría a la luz de estas disposiciones y siguiendo los más altos estándares de responsabilidad fiscal”, contestó el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza Gómez, en declaraciones a solicitud de EL VOCERO.
De acuerdo con el itinerario oficial de pagos del banco, en abril deberá pagar a sus acreedores más de $9.8 millones y en mayo sobre $422.8 millones, que completan una cifra por encima de los $432.7 millones, en deuda garantizada. Eso dejaría a la institución financiera con menos de $367.3 millones, sin contar con los demás gastos operacionales, la nómina y otras obligaciones. En junio hay otro pago de $10.6 millones y en julio de $9.8 millones. Se desconoce cuál de esa cantidad es efectivo.
Lo que está claro es que desde 2013 el BGF ha operado prácticamente descapitalizado con la asistencia de medidas que proyectan una mejoría momentánea, compensada por flujos temporales de balance en balance en sus finanzas.
La Ley 97 de 2015 establece que “el Banco mantendrá una reserva que no será menor del veinte por ciento de sus obligaciones por concepto de depósitos a la demanda. No menos del cincuenta por ciento de dicha reserva consistirá de efectivo depositado en otros bancos o instrumentos de inversión con un vencimiento no mayor de noventa días”.
Los fondos de los municipios depositados en el BGF, que representan cantidades no desembolsadas de sus préstamos con el banco no se incluyen en la ecuación para determinar la reserva. La ley añade que “el secretario de Hacienda podrá, a solicitud de la Junta de Directores del Banco emitida mediante resolución, suspender este requisito de reserva legal por un término no mayor de tres meses, sujeto a cualquier término o condición razonable prescrita por el secretario, debido a la existencia de una emergencia fiscal”.
Zaragoza Gómez indicó que el BGF se ha mantenido en cumplimiento con la reserva mínima requerida y la liquidez –que se monitorea a diario–varía todos los días, según las transacciones que se procesan y los depósitos que llegan.
El Comisionado de Instituciones Financieras, Rafael Blanco, quien en 2014 elaboró un informe sobre la liquidez del BGF y el cual no ha sido divulgado, a preguntas de EL VOCERO señaló que “OCIF no tiene participación alguna en el proceso de nombramiento de síndico ni asunto alguno en las funciones del síndico, una vez nombrado por el tribunal. Eso se rige por la ley habilitadora del BGF que concede al Secretario de Hacienda únicamente la facultad de, al determinar que el BGF está insolvente, entonces solicita al Gobernador su anuencia para acudir al Tribunal de Primera Instancia y solicitarle a dicho Tribunal que nombre a un síndico”.
Blanco fue confrontado por información obtenida por este diario, respecto a la gravedad registrada por su informe y recomendaciones de que en efecto se nombre un síndico para el BGF, pero al igual que en otras ocasiones se mantuvo en que los informes de OCIF son confidenciales y que no tiene jurisdicción sobre determinaciones finales.
Maricarmen Rivera Sánchez colaboró en este reportaje
Carlos Antonio Otero, EL VOCERO
Periodista con 24 años de experiencia en la cobertura de temas económicos, política, tribunales y cultura en diferentes periódicos y revistas. Estudió periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón e historia y cultura puertorriqueña en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y El Caribe.
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