El juez federal Pedro Delgado ordenó al presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Alberto Lázaro, a demostrar causa en o antes del 23 de marzo, por la cual la corte no debe paralizar los procesos administrativos de la corporación pública contra la ex vice presidenta Ivonne Falcón, quien fue acusada junto al convicto empresario Anaudi Hernández Pérez por corrupción.
El abogado de la acusada, Godwin Aldarondo, radicó una moción en la que solicita al juez que emita una orden que paralice los procesos administrativos en contra de su clienta hasta que el caso criminal sea resuelto.
De igual forma, el letrado le pidió al juez que le prohíba al director de la referida corporación pública que haga expresiones sobre este caso, al alegar que son perjudiciales contra la acusada y la privan de tener un juicio justo e imparcial.
El letrado recordó que la fiscalía federal anunció que Lázaro será uno de los 99 testigos del caso.
Expuso que el pasado 5 de marzo, la AAA le notificó a Falcón sobre un proceso disciplinario en su contra “basado exclusivamente en los cargos criminales radicados en este caso”.
Se le informa a la acusada que tiene derecho a solicitar una vista informal en los próximos días laborables y que de no pedir la misma se le sancionará inmediatamente.
El letrado plantea que si su representada ejerce su derecho a proteger su empleo, se arriesga en violar las órdenes de la corte y si no se defiende, pierde su trabajo.
El pasado 2 de diciembre, Hernández Pérez y Falcón fueron acusados por un Gran Jurado junto a a la exadministradora de la Administración de Derecho Laboral (ADL), Sally López Martínez y Rivera, la hermana de Falcón, Marielis Falcón; Sonia Barreto, directora de Compras de la AAA; Víctor Burgos, exempleado de la Cámara de Representantes y director de la Oficina de Sistemas de Información del Departamento de la Familia y el empresario Carlos Luna.
Asimismo, el exadministrador de la Cámara de Representantes, Xavier Calderón González, su asistente Glen Rivera, Víctor Burgos, director de Información y Tecnología de la Cámara de Representantes, y el exaspirante a la alcaldía de Moca, Javier Muñiz.
El grupo fue acusado por conspiración para cometer fraude a programas federales, fraude electrónico, declaraciones falsas al Gran Jurado, soborno y conspiración para privar al pueblo de Puerto Rico de sus servicios honestos.
Hernández Pérez se declaró culpable de 14 cargos, luego de que su abogado, Osvaldo Carlo, llegara a un acuerdo con los fiscales federales José Capó y Timothy Henwood, a cambio de que recomienden una sentencia de entre cinco años y ocho meses a siete años y tres meses de prisión.
Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO
Periodista con más de 20 años de experiencia. Asignada a la cobertura del Tribunal Federal.
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