Con el Congreso aún zigzagueante en torno a cómo atender la crisis fiscal y de deuda pública de Puerto Rico, el Tribunal Supremo de Estados Unidos va a examinar mañana  la constitucionalidad de la ley puertorriqueña de quiebras.
Es el segundo caso, en dos meses, que amerita una sesión oral ante el máximo foro judicial estadounidense y entraña la indefensión del Gobierno de Puerto Rico frente al sistema federal.
Y se discute en momentos en que el liderato republicano de la Cámara de Representantes estadounidense está a punto de presentar el borrador de la legislación con la que buscará responder, a corto plazo, a la crisis fiscal y de deuda pública de Puerto Rico.
La controversia en torno a si el Gobierno puertorriqueño tiene el poder para adoptar su propio estatuto de quiebras será presentada ante siete jueces, no los nueve que participaron en enero en la sesión oral del caso Puerto Rico versus Sánchez Valle, debido a la vacante que existe tras la muerte de Antonin Scalia y la abstención que previamente había anunciado el también conservador Samuel Alito.
La sesión, programada para las 11:00 a.m. y que se extenderá por una hora, tendrá bajo discusión dos casos consolidados: Puerto Rico versus Franklin California, y Acosta Febo versus Franklin California.
Bajo debate estará, primordialmente, si Puerto Rico –tras ser excluido por el Congreso en 1984 del capítulo 9 de la Ley federal de Quiebras, sin explicación alguna– tiene el poder para legislar su propio estatuto de bancarrota, como hizo en junio de 2014 con la “Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas de Puerto Rico”.
Tan pronto la Legislatura de Puerto Rico aprobó ese estatuto, varias firmas de inversiones –encabezadas por Franklin, Oppenheimer y Blue Mountain, con cerca de $2,000 millones en bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)– lo impugnaron ante el Tribunal Federal de San Juan.
Tanto el juez de distrito Francisco Besosa como el Primer Circuito de Apelaciones federales, con sede en Boston (Massachusetts), coincidieron en que la exclusión de Puerto Rico del capítulo 9, aprobada en 1984, impide al Gobierno de la Isla legislar sobre el asunto.
“Una exclusión de toda una jurisdicción –del capítulo 9– sin explicación de por qué se hace, no tiene ningún sentido”, indicó, en una entrevista este fin de semana, el secretario de Justicia de Puerto Rico, César Miranda, quien se encuentra en Washington, donde se reunió con los abogados de Kirkland & Ellis, bufete que representa al Gobierno de la Isla.
En su argumentación presentada por escrito, el abogado Christopher Landau, de Kirkland & Ellis y quien se dirigirá el martes a los jueces del Tribunal Supremo estadounidense, sostuvo que las corporaciones públicas de Puerto Rico “necesitan reestructurar sus deudas en una forma que permita ser justo no solo con sus acreedores, sino también con la gente a la que le dan servicio”.
BLUE MOUNTAIN. Matthew McGill, a nombre de las firmas de inversiones y quien representó también al banco Doral en su litigación judicial en contra del Gobierno de Puerto Rico, insistirá en que el código de quiebras impide la vigencia de la ley puertorriqueña.
“La legislación (puertorriqueña) simplemente infringe contratos existentes”, indicó McGill, representante de la firma de inversiones Blue Mountain, en referencia a las normas que reglamentan la compra de bonos de las corporaciones públicas.
Cuando argumentó el caso por escrito, McGill –quien ha admitido que no se siente cómodo litigando en los tribunales puertorriqueños, “esas cortes en que se habla en español”– llamó la atención de que estaba en marcha el proceso de negociación voluntaria en torno a la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que recientemente se ha acordado con cerca de 2/3 de los bonistas de esa corporación, incluida Blue Mountain.
A su vez, McGill advirtió que el propio Gobierno de Puerto Rico ha reconocido que la misma ley de quiebra criolla –o en su sustitución el capítulo 9 de la Ley federal de Quiebras– no resuelve los problemas fiscales a que se enfrenta el “Estado Libre Asociado”.
El caso llega a la sala de sesiones del Tribunal Supremo estadounidense después de que tanto el gobierno del presidente Barack Obama como legisladores demócratas y la administración de Alejandro García Padilla hayan reclamado al Congreso una autorización para poder reestructurar gran parte de la deuda pública de la Isla, que ronda los $70,000 millones.
Tanto el gobierno del presidente Obama como sectores demócratas visualizan una reestructuración abarcadora –incluidas las obligaciones generales del Gobierno central que protege la Constitución de Puerto Rico– por medio de un estatuto especial dependiente de la cláusula constitucional para los territorios, que subordina la Isla a los poderes plenarios del Congreso estadounidense.
En su defensa de la ley criolla de quiebras, el Gobierno de Puerto Rico se limita a la necesidad de reestructurar la AEE, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).
“El planteamiento fundamental no es si el Congreso puede legislar o no”, es si cuando lo hizo en el 1984 dejó a Puerto Rico “en un limbo jurídico”, indicó Miranda.

EN BOSTON. En julio pasado, el Primer Circuito de Apelaciones confirmó la decisión de un juez federal de distrito de San Juan en el sentido de que Puerto Rico está impedido de legislar su propia ley de quiebras, tras la decisión del Congreso de 1984 de excluir sus empresas públicas del capítulo 9 de la Ley federal de Quiebras.
“El Congreso mantuvo para sí mismo el poder de autorizar las municipalidades puertorriqueñas a buscar el alivio del capítulo 9”, indicó un panel judicial federal, integrado por la jueza presidenta, Sandra Lynch, y los jueces Juan Torruella y Jeffrey Howard.
En su determinación, los jueces de apelaciones mantuvieron que a pesar de que nunca expresó razón alguna para la exclusión de las empresas públicas de la Isla, los poderes plenarios del Congreso –por medio de la cláusula constitucional para territorios– le permiten al legislativo federal decidir el acceso de Puerto Rico al capítulo 9. En cualquier caso, coincidieron, pueden buscar remedios ante el propio Congreso, cuya mayoría republicana, sin embargo, ha estado renuente a concederle al Gobierno de la Isla el poder para reajustar por lo menos parte de sus deudas.
El puertorriqueño Torruella, no obstante, emitió una opinión concurrente en la que expresó que hubiese declarado inconstitucional la exclusión de la Isla del capítulo 9 por entender que viola la cláusula constitucional de uniformidad en la aplicación de las leyes, no tiene base racional ni responde a una clara política pública.
“Las enmiendas de 1984 son inconstitucionales. Puerto Rico debe estar libre de autorizar a sus municipalidades a reclamar la protección ante bancarrota bajo el capítulo 9 de la Ley de Quiebras si ese es el juicio de su Legislatura”, indicó entonces el único juez boricua en el Primer Circuito de Apelaciones federales.
SÁNCHEZ VALLE. El constitucionalista Carlos Ramos González, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, indicó que contrario al caso de Puerto Rico versus Sánchez Valle –cuya controversia se centra en si el Gobierno puertorriqueño tiene soberanía propia para fines de la cláusula constitucional federal de doble exposición–, en el de la quiebra criolla “es más fácil evadir las cuestiones sobre la naturaleza del ELA”.
“El asunto solo es evidente en la opinión concurrente –con el resultado aunque realmente disidente en sus fundamentos– del juez Torruella, quien considera que la acción del Congreso debió fundamentarse (no presumirse) bajo una base racional que no explica. De lo contrario, el poder bajo la cláusula territorial sería tan abarcador que dejaría a un territorio bajo su más absoluta merced y efectivamente coloca a Puerto Rico en estado de indefensión”, indicó Ramos González.
El profesor Ramos González apunta al “doble juego” de las firmas de inversiones, que le dicen al tribunal que depende del Congreso si quieren o no permitir que el Gobierno de Puerto Rico pueda reestructurar su deuda por medio de un estatuto general “mientras invierten millones de dólares en cabildeo para derrotar esa lucha y así evitar” que el legislativo estadounidense resuelva el problema.
Contrario a Sánchez Valle, en el que compareció a acentuar la visión del gobierno estadounidense de que a pesar de Puerto Rico adoptar su propia Constitución, el Congreso –aun para fines de la bancarrota– mantuvo poderes plenarios sobre la Isla, en este caso no intervino la oficina del procurador general de EE.UU., Donald Verilli.
Independientemente de que el caso vaya a ser examinado por cuatro jueces del grupo identificado como liberal y tres ‘conservadores’, el secretario de Justicia de Puerto Rico afirmó que está confiado en que se valide el poder del Gobierno puertorriqueño para legislar un proceso que ponga orden al complicado procedimiento de quiebra que se avecina.
“Es un reclamo justo, sustentado en derecho y no me extrañaría que pueda contar –sostuvo el secretario Miranda– con el apoyo de algunos de los jueces que se agrupan en el ala conservadora”.