Líderes políticos del Partido Popular Democrático (PPD) celebraron ayer que la vista oral en el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso del Estado Libre Asociado v. Franklin California Tax-Free Trust haya servido de exposición para resaltar la insostenibilidad del reclamo de los acreedores para que Puerto Rico quede al margen de cualquier mecanismo de reestructuración de la deuda tanto a nivel federal como de su propia Legislatura.

Pese a que el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, y el representante Luis Vega Ramos auguraron un “triunfo” a favor de la postura del gobierno de Puerto Rico por un margen de cuatro votos a tres, ambos reconocieron que la decisión del Supremo hará muy poco para prevenir el desfile de impagos que comenzarían tan temprano como en mayo.

Las intervenciones de las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Ruth Bader Ginsburg y el juez Stephen Breyer cada vez se movían más a cuestionar por qué se excluyó a Puerto Rico de acceder una herramienta de quiebra mediante una enmienda al Código en 1984, observó Perelló. El líder cameral consideró “inverosímil” la postura del abogado de los bonistas, Matthew McGill, quien argumentó a favor de que Puerto Rico esté sujeto a la voluntad del Congreso porque ese cuerpo se dedicó por mucho tiempo a administrar las finanzas de la Isla.

McGill también teorizó que esa exclusión intencional del Congreso se hizo para promover que la nación estadounidense comprara la deuda de Puerto Rico con altas garantías y exención de impuestos.

“Esta deuda, incluso más que el promedio de bonos municipales, está ampliamente distribuida en toda la nación”, les explicó. Indicó también que ya para ese año Puerto Rico exhibía un patrón de endeudamiento precipitado que hubiera representado un golpe bajo al mercado de bonos municipales de irse a quiebra.

En ese sentido, el representante popular Luis Vega Ramos coincidió con la interpretación del presidente cameral al asegurar que la vista oral “dejó al descubierto lo insostenible de la posición de los bonistas buitres” que “pretenden que el Capítulo 9 le aplique para lo que les conviene, que es ocupar el campo de la quiebra sin prohibición congresional expresa, y que no les aplique para lo que les conviene, que Puerto Rico no tenga acceso a la quiebra federal”.

No obstante, la determinación del Tribunal Supremo con toda probabilidad bajará en verano por lo que el gobierno sigue necesitado del mecanismo de presión y cabildeo en el Congreso por la falta de recursos para pagar la deuda.

“Si el Congreso y la administración Obama no actúan constructivamente proveyendo una estructura justa para la reestructuración de nuestra deuda, tendremos que hacerlo los puertorriqueños por nuestra cuenta”, reiteró Vega Ramos al llamar a una moratoria al pago de la deuda y a rechazar la junta federal de control fiscal mediante resolución legislativa.

Por su parte, el candidato a la gobernación por el PPD, David Bernier, sostuvo que la vista fue muy ilustrativa al “poner de manifiesto la realidad de lo que significa para Puerto Rico no contar con un marco jurídico que no permita atender la situación”.

A juicio del presidente de la Pava, lo más importante de la discusión fue que trascendieron los elementos de juicio para llegar a la conclusión de que el país necesita reestructurar la deuda para cumplir con la responsabilidad de pago de forma ordenada sin afectar la calidad de vida.

“Independientemente del resultado hay que continuar con los esfuerzos en el Congreso. A corto plazo está la negociación del Gobierno con los acreedores y lo que he estipulado de la moratoria de la deuda del pago del principal”, planteó.

En esa dirección, pero en un camino distinto, el candidato a la gobernación por el Partido del Pueblo Trabajador (PPT), Rafael Bernabe, recordó que aún si el Tribunal Supremo valida el Capítulo 9, el gobierno “con inconsistencia” renunció a utilizar ese recurso en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por lo que no serviría de mucho.

Insistió a su vez que solo con la auditoría y moratoria de la deuda así como la movilización de la ciudadanía será posible lograr un acuerdo favorable a la hora de negociar con los bonistas.

Una opinión similar ofreció el comisionado residente en Washington DC, Pedro Pierluisi, quien recordó que aun cuando el Tribunal revocase la decisión del Primer Circuito, no significaría que la Ley de Quiebra Criolla pudiera utilizarse de inmediato, porque los acreedores también han impugnado la ley argumentando que viola la Cláusula de Contratos y la Cláusula de Incautaciones de la Constitución.

El comisionado residente recalcó por ello que el curso de acción para que Puerto Rico reestructure su deuda sigue siendo el Congreso que en los próximos días se supone que circule un borrador entre el liderato demócrata y republicano de ambos cuerpos legislativos. Con mayor probabilidad, la facultad de reestructurar será un rol sujeto a la junta que podrá trabajar “para lograr acuerdos voluntarios entre las entidades emisoras de deuda y sus acreedores”, según Pierluisi.

Asimismo, llamó al Congreso a proporcionar el marco legal para que Puerto Rico reestructure sus deudas de manera justa y ordenada. El status quo no beneficia “ni a los 3.5 millones de ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico ni a los acreedores del gobierno”, postuló.

Sin embargo, la candidata independiente, Alexandra Lúgaro, comentó que ante la improbabilidad de una acción por parte del Congreso, una decisión favorable del Tribunal Supremo sería “fundamental en ofrecernos una segunda oportunidad”. Esa oportunidad, dijo, debe darse para romper con los patrones de endeudamiento y las políticas partidistas que ahora celebran la quiebra “como un triunfo”.

Este diario contactó a la Oficina de Prensa de La Fortaleza, al aspirante primarista a la gobernación por el PNP, Ricardo Rosselló, y a la candidata a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, para obtener sus reacciones, pero al cierre de edición no habían contestado llamadas.

Stephanie Gómez Álvarez colaboró en esta historia.

Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.

El liderato del Congreso acordó circular el primer borrador entre un grupo reducido de congresistas de ambos partidos para tratar de lograr el consenso necesario antes de que se radique el proyecto de ley que permita al gobierno de Puerto Rico reestructurar parte de su deuda, informó el comisionado residente Pedro Pierluisi.

“La realidad es que cualquier proyecto que se radique sin ese consenso tendrá que ser modificado para que pueda convertirse en ley”, afirmó el funcionario en declaraciones escritas.

“El impago que a todas luces veo venir, a menos que se llegue a un acuerdo con los principales acreedores del gobierno, es en el mes de julio cuando el gobierno tiene que pagar alrededor de mil millones de dólares por bonos de obligación general del Estado Libre Asociado (ELA) y bonos garantizados por el ELA”, agregó.

Las expresiones de Pierluisi surgen un día después de que el Tribunal Supremo estadounidense celebrara una vista sobre la denominada “quiebra criolla” y ante el receso del Congreso hasta el 12 de abril.

Ante esta pausa, se hace sal y agua los planes del presidente de la Cámara de Representantes federal Paul Ryan de presentar no más tarde del 31 de marzo la legislación que establecería una Junta de Control Fiscal que supervisaría el manejo de las finanzas del gobierno estatal.

Pierluisi tenía programado ofrecer ayer un mensaje desde el hemiciclo de la Cámara de Representantes estadounidense. El mismo, fue pospuesto hasta nuevo aviso.

De otro lado, Pierluisi se manifestó en contra de la propuesta de la presente administración de presentar una legislación que permitiría una moratoria al pago de la deuda pública de la Isla.

Asimismo, hizo un llamado a los líderes políticos del patio, entre ellos al candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), David Bernier, a tomar este asunto en serio y “dejar de improvisar y buscar protagonismo en lugar de enfocarse en el bienestar común del pueblo puertorriqueño”.

“El nuevo invento del PPD de pretender legislar una moratoria unilateral al pago de la deuda pública por parte del gobierno de Puerto Rico no solo sería inconstitucional, sino que agravaría la falta de credibilidad de Puerto Rico ante el mundo, dificultaría más cualquier posible negociación de buena fe con nuestros acreedores y empeoraría la situación que sufrimos todos”, apuntó.(Pierluisi está mejor informado que nadie, es cuidadoso, piensa y razona, por eso cada acción y palabra es efectiva, positiva, constructiva y realizable. Usa la estrategia que nunca falla, trabajor duro, en forma b ien planificada, honesta y bien intencionada. Por eso cuando habla lo escuchan y siguen sus consejos.}

Consideró que la propuesta legislación es un plan irreal para lidiar con el problema de la deuda pública.

Auguró que una acción en esa dirección resultará en innumerables pleitos en los tribunales y que perpetuará la mala relación que ha tenido y propiciado la presente administración con sus acreedores.

El lunes los presidentes camerales Eduardo Bhatia y Jaime Perelló anticiparon a este medio la radicación de demandas contra el gobierno de aprobarse el proyecto de ley que permita una moratoria en los pagos del gobierno.

“Esta administración no acaba de darse cuenta de que la forma de atender el tema de la deuda pública, no es mediante amenazas o interrupciones de pagos, sino mediante la apertura, la transparencia y la negociación consensual. Pretender legislar acciones unilaterales es muy peligroso. Una moratoria o un diferimiento del pago de principal, al tiempo que se mantienen los pagos de intereses, puede ser presentada y negociada de buena fe con los acreedores. Me consta que existen grupos de bonistas locales y a nivel nacional que estarían dispuestos a dar concesiones en esta línea, pero hay que sentarse con ellos y buscar esa solución consensual antes de ponerse a legislar y querer forzar esas alternativas,” expuso.

“La mejor solución es que el Congreso apruebe legislación que propicien las negociaciones necesarias entre los acreedores y el Gobierno de Puerto Rico, y que provea un mecanismo legal para hacer cumplir cualquier acuerdo de reestructuración del pago de las deudas de nuestras entidades públicas. El objetivo de la legislación tiene que ser estabilizar las finanzas públicas y lograr que nuestro gobierno vuelva a tener un acceso adecuado a los mercados financieros, y deje de ser un impedimento para el crecimiento económico que todos queremos.”, añadió.

Insistió en la importancia de continuar la lucha en el Congreso por la aprobación de medidas que permitan al gobierno local atender el problema de la deuda de una forma ordenada, a la vez que permitan reactivar la economía.

“La mejor solución es que el Congreso apruebe legislación que propicie las negociaciones necesarias entre los acreedores y el Gobierno de Puerto Rico, y que provea un mecanismo legal para hacer cumplir cualquier acuerdo de reestructuración del pago de las deudas de nuestras entidades públicas. El objetivo de la legislación tiene que ser estabilizar las finanzas públicas y lograr que nuestro gobierno vuelva a tener un acceso adecuado a los mercados financieros, y deje de ser un impedimento para el crecimiento económico que todos queremos”, señaló el funcionario.

Indicó que ha sido consistente en su propuesta de que el gobierno se siente con sus acreedores, con total apertura y transparencia y demuestre los méritos o deficiencias de cada uno de los créditos que tiene Puerto Rico. Ello, de modo que se pueda determinar cuáles habría que reestructurar y cuáles se pueden pagar, según fueron originalmente acordados.

Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.