La sección 101 del proyecto que crea la Junta de Control Fiscal, claramente establece: “Pursuant to article IV, section 3 of the Constitution of the United States, which provides Congress the power to dispose of and make all needful rules and regulations for territories, which include the Commonwealth of Puerto Rico, there is hereby established the Puerto Rico Financial Oversight and Management Board, consisting of members, appointed by the President in accordance with subsection (b)”. Eso es la vuelta al colonialismo más crudo. Volvimos a la Ley Foraker de 1900. En aquella instancia la legislación fue determinada por la situación geopolítica de Puerto Rico y el Caribe. Hoy, por un asunto meramente fiscal del gobierno territorial de Puerto Rico. (Véase Lyman J. Gould, La Ley Foraker: Raíces de la Política Colonial de los Estados Unidos.)
El proyecto original de Ley Foraker contenía la ciudadanía americana, pero dicha cláusula fue eliminada a última hora. Entre las razones que se esgrimieron: los puertorriqueños no nos sabemos gobernar. Los años pasaron hasta que en 1948 tuvimos el derecho a votar por nuestro propio gobernador, y lo hicimos. En 1950 comienza un proceso de vistas públicas en el Congreso para autorizar a los puertorriqueños a adoptar su propia constitución. Sin embargo, quedaron para la historia unas palabras que en vistas públicas vertiera Luis Muñoz Marín y que retratan de cuerpo entero la realidad política de entonces, y la de ahora, sin duda: “Usted sabe, por supuesto, si el Pueblo de Puerto Rico se volviera loco, el Congreso siempre puede moverse y legislar de nuevo. Pero estoy seguro que los puertorriqueños no harán eso. Ello invitaría a crear legislación congresional que les quitara algo que se les otorgó al Pueblo de Puerto Rico como buenos ciudadanos americanos.”
Las palabras de Luis Muñoz Marín serían un anticipo de aquellas tristes palabras que vertiera Rafael Hernández Colón en vistas públicas del Comité del Interior del Senado en 1989: “Las soberanía seguiría estando en el Congreso”.
Con esta demostración de incompetencia gubernamental que las administraciones, mayormente del Partido Popular, han demostrado, el Congreso se ha visto forzado a intervenir y ofrecer una camisa de fuerza con este proyecto de ley para evitar que los gobernantes nuestros no nos hagan más daño. Ante este cuadro histórico el Gobierno Federal ha tenido que aclarar que Puerto Rico es un mero territorio y el Congreso ha reaccionado ejerciendo sus poderes plenarios sobre nosotros. Con ambas acciones el mito y la mentira del ELA han sido destruidos. Falta ahora que el Tribunal Supremo federal también declare que Puerto Rico carece de soberanía.
Es irónico, o tal vez una justicia poética de la historia, que de las tres ramas de gobierno en los Estados Unidos, dos de ellas -el Ejecutivo y el Legislativo-, hayan expresado que Puerto Rico no tiene soberanía. Son expresiones que contradicen las dichas desde 1953 hasta ahora. Es la nueva posición de los Estados Unidos acorde los tiempos. Porque en el marco constitucional americano solo hay tres esferas de soberanía: el Gobierno Federal, el gobierno de los estados, por virtud de la Décima Enmienda y las tribus indias. Estas últimas tienen su gobierno, salvo que la constitución no les exige que sea de forma republicana, como lo exige a los estados.
Lo creado en 1952 fue una autonomía legislada. Lo más parecido a un gobierno municipal. El poder del Congreso sobre el territorio es omnímodo; deriva de la cláusula territorial. Tal vez, en un día aciago, legislarían para que en Puerto Rico el arcoíris solo salga en blanco y negro.