Sabiendo que el gobierno federal no actuará a tiempo para frenar su crisis de liquidez, Puerto Rico y sus asesores en reestructuración tocan a la puerta de varios bancos en la Isla y de fondos de inversión privada con el propósito de vender ciertos activos del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y así evitar un impago masivo a partir de mayo próximo.

Además, los asesores en reestructuración –Millstein & Co. y Cleary Gottlieb– intentan convencer a los acreedores del BGF –entre estos, varios fondos de cobertura de riesgo y unas 25 cooperativas de ahorro y crédito– para que estos acepten renegociar la deuda de la Isla bajo la llamada estructura del “superbono” que Puerto Rico presentó en febrero pasado.

En paralelo, y dado que a la fecha, el Gobierno no ha logrado un acuerdo definitivo con sus acreedores, el BGF habría comenzado un proceso para transferir a bancos privados algunas cuentas de depósitos del Gobierno. Entre las cuentas a transferirse, figuran las cuentas del secretario de Hacienda, desde donde se emiten cientos de pagos, incluyendo la nómina de los empleados públicos.

Según tres fuentes separadas de este diario, la transferencia de las cuentas transaccionales del secretario de Hacienda se haría a Banco Popular y se concretaría en esta semana o la semana próxima.

Popular dijo a El Nuevo Día que no haría comentarios.

Un pedido de información al BGF no tuvo respuesta, pues la presidenta del agente fiscal, Melba Acosta Febo, está fuera de Puerto Rico

Un pedido de información a La Fortaleza y otro al Departamento de Hacienda tampoco tuvieron éxito.

Ayer en la tarde, sin embargo, cuando se le preguntó acerca de la situación del agente fiscal, el gobernador Alejandro García Padilla  indicó que su administración continuaba evaluando diversas medidas para atender la crisis del BGF.

El plan de transferencia de las principales cuentas del Gobierno a entidades bancarias privadas se regó ayer como pólvora en el distrito financiero de Puerto Rico, donde también crece la incertidumbre. Esto, a medida que se acercan fechas críticas para que el BGF y otras agencias del Gobierno paguen a los acreedores y mientras surge información de que el monto adeudado a los suplidores del Gobierno podría alcanzar $2,000 millones al concluir este año fiscal.

Incluso, ayer circularon rumores de un cierre en el BGF, pero dos fuentes distintas dentro del Gobierno negaron la información.

“Mañana (hoy) será un día de trabajo como otro cualquiera en el BGF”, dijo un alto funcionario del agente fiscal, que pidió no se le identificara.

Agenda privatizadora

No obstante, la transferencia de las cuentas fue, en parte, confirmada en un parte de prensa emitido por la presidenta de la Unión de Empleados del BGF, María Teresa Rodríguez.

“Se le están dando instrucciones a las agencias a que transfieran sus cuentas de depósitos al Banco Popular, demostrando una clara agenda de privatización de otra parte operacional del banco, afectando todavía más a la institución”, dijo Rodríguez.

Rodríguez dijo a El Nuevo Día que pese a las múltiples reseñas periodísticas en torno a la salud del agente fiscal, la gerencia no ha tenido comunicación con el personal.

“La gente está angustiada… El pueblo de Puerto Rico no sabe la pérdida tan grande que va a sufrir si el banco desaparece”, subrayó Rodríguez.

Medida cautelar

Según tres fuentes separadas de este diario, la transferencia de cuentas es una medida cautelar ante el inminente cuadro de iliquidez que encara el BGF.

Una situación de iliquidez al interior del banco, a su vez, podría llevar a un proceso de sindicatura, un escenario que el propio agente fiscal divulgó al mercado inversionista el año pasado.

Lo que ayer no quedaba claro es qué servicios financieros transferiría el BGF a la banca privada y qué entidad es la que valida los cheques o pagos electrónicos que emite el agente fiscal. Al presente, esa tarea (que se identifica como “clearing house”) suele efectuarse desde la Reserva Federal de Nueva York para todas las institucions bancarias, pero a nivel local, en ciertas instancias, Popular ha efectuado procesos similares.

A principios de marzo, El Nuevo Día reseñó que a partir de este mes, el BGF no tendría dinero para cumplir con las reservas legales que le exige la ley por custodiar depósitos de terceros.

Si fuera el caso, y según documentos del BGF, el dinero de los depositantes –en su mayoría de agencias de gobierno– podrá estar “restrigindo”.

Dos fuentes de este diario aseguran que ciertas agencias de gobierno ya confrontan retos para disponer de grandes cuantías en las cuentas del BGF. Empero, una tercera fuente indicó que el BGF está recibiendo y entregando depósitos como de costumbre.

De ser necesario, un proceso de sindicatura en el BGF podría darse por dos vías. En caso de insolvencia, el secretario de Hacienda debe notificar al gobernador para tomar ese curso de acción.

En contraste, si el BGF incumple con el pago de su deuda, los acreedores del agente fiscal podrían solicitar la designación de un síndico para que se disponga de los activos del agente fiscal y se les pague.

Entre los bonistas y los bancos

Para evitar el peor desenlace, fuentes de este diario aseguran que el personal del BGF, Millstein & Co. y Cleary Gottlieb se mueven en caminos paralelos y entablan conversaciones en Nueva York y Puerto Rico a fin de lograr algún financiamiento de emergencia o un acuerdo con los acreedores.

En la noche del miércoles, Acosta Febo confirmó las negociaciones y aseguró que examinan todas las alternativas que tiene el BGF y su posible impacto en los depositantes y empleados del agente fiscal.

En Nueva York, el Gobierno discutió con los asesores de los distintos bonistas de la Isla, una oferta revisada a la propuesta de intercambio que se presentó en febrero pasado. La oferta inicial del Gobierno consistió de un bono base y un bono de crecimiento con una moratoria de dos años en el pago de intereses y principal y un recorte promedio de 45%.

Según fuentes de este  diario, la nueva oferta no ofrece “grandes cambios”, pero redujo a un año la moratoria propuesta.

En Puerto Rico, oficiales del Gobierno llevan casi una semana en reuniones de emergencia  con banqueros, abogados e inversionistas a fin de vender parte de la cartera de préstamos del BGF y de esa forma, reunir el pago de $422 millones que debe efectuarse en mayo próximo.

“No va a haber nadie que compre esos préstamos, pues en caso de sindicatura, todas esas transacciones de venta de activos pueden cuestionarse”, dijo una de las fuentes.

Las fuentes aseguran que el Gobierno también consulta a banqueros para que ese sector les provea financiamiento y al sector cooperativo, de ser necesario.

Las reuniones se han llevado a cabo en La Fortaleza  y en el Departamento de Estado, según fuentes de este diario.

El mayor escollo que encara el BGF, según las fuentes, es que para aplazar el pago que vence en mayo próximo, el agente fiscal necesita convencer a cientos de inversionistas individuales en Puerto Rico, que ni siquiera saben que tienen la deuda del agente fiscal.

Según la líder sindical del BGF, el agente fiscal no tendría ningún problema de no ser porque el propio Hacienda le debe unos $1,285 millones al BGF y si se hubieran efectuado gestiones de cobro en otros $6,500 millones que adeudan agencias y corporaciones públicas.