A partir de hoy el gobierno del Estado Libre Asociado (ELA) comenzará a destinar recursos particulares para el pago de nómina y servicios esenciales a cuentas en bancos comerciales, cuyos trámites se completaron el viernes, en una movida que negó La Fortaleza mientras prácticamente acababan de tener los números para identificar los nuevos depósitos.
En un juego de palabras de que no había transferencia de cuentas, lo que ejecutó el gobierno a través del Departamento de Hacienda fue crear nuevas cuentas para de ahora en adelante llevar los fondos a esas cuentas, y por lo tanto no hay una transferencia como tal de dinero existente en el descapitalizado Banco Gubernamental de Fomento (BGF) hacia la banca privada, principalmente al Banco Popular.
Con la renuncia del secretario de Hacienda, Juan Zaragoza a la Junta del BGF, durante el fin de semana, y con la creación de las cuentas, la mesa de las opciones para manejar el colapso del banco del ELA quedó servida.
Todo esto es lo que trasciende de un análisis realizado por EL VOCERO y consultas realizadas con diferentes fuentes al interior del gobierno y en el sector financiero.
Ahora, lo que procede es esperar que a partir de hoy se someta uno o más proyectos para declarar una moratoria en el pago a los acreedores del BGF, y probablemente de otros emisores del gobierno, y para cambiar la estructura del banco y poder manejar en entidades separadas los activos buenos y malos.
A preguntas de EL VOCERO, el gobernador Alejandro García Padilla, ha contestado repetidamente que exploran todas las alternativas, pero como publicó anteriormente este diario, estos proyectos ya están listos para ser presentados ante la Legislatura, donde existen desavenencias en cómo manejar la crisis del BGF.
Está claro que esta situación arrastrará a todo el gobierno y a entidades privadas, sobre todo a las cooperativas de ahorro y crédito, las cuales tienen acuerdos de confidencialidad en sus conversaciones con el BGF, al igual que los demás acreedores.
Con una moratoria legislada, en el caso de que no logren este mecanismo mediante consenso con los acreedores, el BGF y el gobierno ganarán tiempo para prolongar conversaciones y buscar una salida con menores dificultades. En cambio, si es una moratoria unilateral, tendría el efecto de levantar reclamos judiciales de los acreedores, pero aun así hay otro tiempo en lo que se ventilan los casos, por si llega una solución o mecanismos del Congreso de Estados Unidos o del gobierno federal, algo que hasta ahora igualmente se ve cuesta arriba.
Una vez se presente el proyecto para cambiar la estructura del BGF, lo que llamará inicialmente la atención será cuáles activos e instrumentos de inversión irían al denominado “banco malo”.
De acuerdo con un análisis de la firma legal especializada Morrison Forester (de febrero 2009 en medio de la debacle financiera en Estados Unidos), en la estructura de un banco libre de activos problemáticos, se busca la confianza del mercado y los inversores, “lo que le permite aumentar su capital con mayor facilidad y a precios más asequibles, y reanudar préstamos”.
Mientras en la estructura de un banco malo, “debe tenerse en cuenta en el objetivo final del banco malo, si su propósito es únicamente para liquidar activos de mala calidad o si también albergará las operaciones comerciales. Esa decisión influye en otras, incluyendo la propiedad del banco malo, la estructura legal y reglamentaria, el capital y los requisitos de liquidez, la gestión, la composición del conjunto de activos que se transferirán y la valoración de dichos activos”.
Entre las personas consultadas se indicó que habrá distinción entre la deuda garantizada, como los bonos de las Obligaciones Generales (GO´s) y la deuda del BGF que le asiste garantías contra el Fondo General. No obstante, tal parece que igual suerte no correrán las emisiones de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), ya que a pesar de que tiene una fuente de repago específica y cautiva como los ingresos del Impuesto de Ventas y Uso (IVU), no tiene garantías constitucionales.
La opción de otra entidad paralela al BGF para destinar a esta los activos malos no escapará de los cuestionamientos legales, pero le brinda protección al gobierno de aquellos activos con una expectativa más positiva de recuperación y que sirven para manejar asuntos esenciales. El fin es poder mantener la operación del gobierno.
Hace sentido entonces la movida de crear cuentas nuevas en la banca comercial, porque para el verano de 2015, cuando se enmendó la ley del BGF, se estableció que este “mantendrá una reserva que no será menor del veinte por ciento (20%) de sus obligaciones por concepto de depósitos a la demanda. No menos del cincuenta por ciento (50%) de dicha reserva consistirá de efectivo depositado en otros bancos o instrumentos de inversión con un vencimiento no mayor de noventa (90) días”.
Esto habilita para que haya una cantidad significativa de depósitos de agencias públicas fuera del BGF, cobijados en esa reserva, aun cuando la política impulsada el pasado año era llevar la mayor cantidad de cuentas públicas al BGF para registrar un aumento de capital. El BGF no tiene regulador que garantice depósitos, en cambio, si los fondos depositados están fuera se protegen de una sindicatura sobre el banco del ELA, donde el efecto sería que quedarían congelados. Además, en la banca comercial les asiste las garantías del Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).
Otros eventos en el ambiente
A los eventos recientes, que en principio parecerían aislados unos de otros, se suma que el pasado 7 de marzo el Banco Popular dejó de ser el “trustee” o fideicomisario de unos $3.8 mil millones en emisiones de notas Senior del BGF. El nuevo fideicomisario es Wilmington Trust, National Association, cuya base está en Delaware y es una subsidiaria de Wilmington Trust Corporation.
Tal movida, que fue descrita por analistas como una de inusual, fue adjudicada por el BGF a una decisión del Popular. Mientras, el Popular informó que no emitirá comentarios al respecto.
Como publicó entonces este medio, el Popular posee clientes con inversiones en el BGF y deberán enfrentarse a un impago en mayo, si 
finalmente ocurre.
Impacta a los municipios crisis del BGF
La situación fiscal en la que se encuentra el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) llevará a los municipios a tener que recortar sus gastos dramáticamente y, en algunos casos, a tener que cerrar operaciones.
El presidente de la Asociación de Alcaldes y alcalde de Cayey, Rolando Ortiz y el alcalde novoprogresista de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, coincidieron en que el cierre o la sindicatura del BGF tendrá un efecto certero en los municipios, particularmente los más pequeños.
El alcalde popular explicó que con el BGF en sindicatura y quebrado, los municipios no podrán contar con dinero para proyectos como embreado de calles y construcción de caminos vecinales. Se quedan también sin el principal asesor financiero a la hora de acudir a la banca privada. El panorama es peor para los municipios más pequeños que no tienen otros recursos para enfrentar la crisis.
“Si el BGF no existiese o dejara de existir, hay muchas preguntas que hay que contestar. ¿Quién va a servir de asesor financiero a los gobiernos municipales? ¿Cómo se va a estimar el margen prestatario de los municipios y quién va a administrar ese margen prestatario que ahora determina el BGF? Cuando un municipio toma un préstamo, el BGF es el que tramita los pagos y esos servicios se quedarían en el aire”, dijo Ortiz.
Ante este escenario, los municipios son los llamados a tomar ahora las decisiones difíciles que se avecinan a pasos agigantados.
“La realidad económica del país es urgente. Está en precario y especialmente los municipios más pequeños quedarían en desventaja. Por eso es que es urgente que se tomen medidas a nivel de los gobiernos municipales para enfrentar la crisis”, sentenció Ortiz. “Hay que reducir los gastos lo más que se pueda y hay que reinventar los procesos para que la operación municipal pueda ser más económica”.
El alcalde de Bayamón, por su parte, dijo que se comunicará hoy con oficiales del BGF para corroborar dónde están guardados los dineros del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) que corresponde a los municipios. Si este dinero está guardado en la institución, aseguró, muchos municipios podrían quedarse sin fondos para operar.
“Si los chavos de COFIM (Corporación de Financiamiento Municipal) no están protegidos, es menos dinero que le va a llegar a los municipios porque el síndico se quedará con ese dinero y eso afecta la liquidez de los municipios. Con el IVU municipal los municipios pagan cosas como el recogido de la basura”, explicó Rivera. “Lo que nos preguntamos es si ellos sabían esto hace tiempo, por qué esperaron a este momento, por qué esperaron hasta tan tarde si sabían que en cualquier momento podía venir una sindicatura”.
El impacto más severo, aseguraron, será en servicios municipales.
“Una de las obras municipales más frecuentas es el asfalto de caminos municipales, el asfalto de urbanizaciones. La mayor parte de los municipios usan su margen prestatario y los préstamos del Banco para dar esos servicios y yo preveo que, en la ausencia del Banco y en ausencia del financiamiento, el deterioro de las calles seguirá en aumento, el reclamo de la gente va a estar presente y los municipios no van a tener respuesta”, sentenció Ortiz.
Con un pago de $422.8 millones dentro de pocas semanas y la amenaza de un síndico, el funcionamiento del BGF pende de un hilo.
El secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, informó durante el fin de semana que renunciaría a su puesto en el BGF luego de recibir un informe que detallaba la complicada situación fiscal en la que se encuentra la entidad. Según publicó EL VOCERO en su versión digital, esta renuncia le permite a Zaragoza poder pedirle al gobernador Alejandro García Padilla que nombre un síndico para el BGF.
El pago que debe hacer el BGF en mayo – a escasas tres semanas- es de $422.8 millones. El gobernador, por su parte, negó el viernes que haya un plan para transferir las cuentas del BGF a la banca privada.
Ya los alcaldes del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) habían decidido mover sus cuentas del BGF a la banca privada.
“Yo te diría que fue una decisión sabia de los alcaldes del CRIM que pudieron anticipar lo que está pasando y lo que podía pasar y hay que reconocer que en comunicación con el gobernador, eso se pudo atender”, expresó Ortiz. “De no hacerse, la situación fuera peor”.
Maricarmen Rivera Sánchez, EL VOCERO
Más de 15 años de experiencia. Asignada a cubrir temas legislativos.
You must be logged in to post a comment Login